El domingo puede haber proyecto de Estatuto para Asturias

La alusión a un sistema electoral concreto en el articulado, y el infructuoso intento del PSOE de fortalecer el Consejo de Gobierno fueron los temas más debatidos por la asamblea encargada de elaborar el proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias, cuyos trabajos han sido suspendidos hasta el sábado debido a los compromisos parlamentarios de algunos de sus miembros, que han tenido que desplazarse a Madrid. Se cree que el domingo finalizará la redacción con el voto a la totalidad del Estatuto, que sería inmediatamente remitido al Congreso.El PSOE consiguió con los votos de los comunistas un artículo 21, según el cual la Junta General del Principado, o Parlamento regional, será elegido por un periodo de cuatro años, mediante sufragio universal, libre, directo y secreto de los asturianos, con aplicación del sistema proporcional personalizado, el que se utiliza en la República Federal de Alemania para la elección de la Cámara baja o Bundestag. La propuesta de UCD y AP de hacer referencia a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio, fue derrotada.

El PSOE, partido mayoritario en Asturias, resultó derrotado por primera vez, en la asamblea al pretender reforzar el Consejo de Gobierno para devaluar la Junta General del Principado, según afirmó el centrista Emilio García Pumariño. UCD, PCA y AP votaron en contra del PSOE en este caso. Horacio Fernández Inguanzo, del PCA, se manifestó a favor de dotar a la Junta de algunas funciones ejecutivas.

El Estatuto establece como órganos institucionales del Principado de Asturias: la Junta General del Principado, el Consejo de Gobierno y el presidente. Una enmienda sin éxito de Alianza Popular tenía como finalidad convertir a la actual Diputación Provincial en el órgano ejecutivo de la comunidad autónoma. Por tener Asturias la condición de región uniprovincial, el artículo 16, aprobado sólo con los votos de la izquierda, señala que el Principado asumirá todas las competencias y medios que, de acuerdo con la legislación del Estado, correspondan a las diputaciones provinciales. Para UCD, la transferencia de competencias de la Diputación al Consejo debe demorarse hasta el término del mandato de los actuales diputados provinciales por razones políticas, jurídicas y funcionales. La Diputación está presidida por Agustín Antuna, de UCD, y el Consejo Regional, por Rafael Fernández, del PSOE. En opinión de Juan Luis de la Vallina, de AP, la desaparición del ente local provincial puede ser anticonstitucional. En cambio, Luis Vega Escandón, de UCD, sostuvo en los debates que al acceder a la autonomía, Asturias dejará de ser una provincia, para dar lugar a la supresión de la Diputación.

UCD no consiguió fijar quórum cualificado para determinados acuerdos de la Junta General, ni suprimir un inciso que impide la coincidencia de las elecciones asturianas con las de las Cortes Generales. Fernando Morán, del PSOE, acusó al partido del Gobierno de pretender bloquear la asamblea y de retrasar las elecciones al Parlamento regional hasta 1983 para beneficiarse del voto del miedo.