El Pleno del Senado inicia el debate del Estatuto de los Trabajadores

El Pleno del Senado comenzó ayer el debate del proyecto de Estatuto de los Trabajadores, en el que apenas se están introduciendo modificaciones con respecto al texto aprobado por el Congreso de los Diputados. En la sesión de ayer se aprobaron los 38 primeros artículos. Unicamente se cambió la redacción del artículo 15, de modo que los contratos temporales de trabajo se prorrogarán por el tiempo que se determine mediante decreto, previa consulta al consejo general del Instituto Nacional de Empleo y según la situación del mercado de trabajo.

Esta enmienda fue propuesta con juntamente por PSOE y UCD, y había sido negociada tras la introducción en la Comisión de Trabajo de una enmienda de UCD por la que se fijaba en dos meses el límite máximo de prórroga de este tipo de contratos, modificación que los socialistas consideraban regresiva, ya que el Congreso no había establecido ningún mínimo. En el mismo paquete negociado se contempla la modificación del artículo 52 sobre extinción del contrato por causas objetivas, de modo que la necesidad de amortizar un puesto de trabajo sólo pueda aplicarse en empresas de menos de cincuenta trabajadores.También se modificará la disposición transitoria tercera, para incluir entre los posibles beneficiarios de los contratos a tiempo parcial a los trabajadores agrarios que hubieran quedado en desempleo Salvo negociaciones de última hora, no se espera que se introduzcan más modificaciones en el proyecto.

La sesión discurrió con gran agilidad y sin apenas debate, aunque los socialistas mantuvieron la práctica totalidad de sus enmiendas. Por su parte, el senador Casademont, integrado en el Grupo Vasco, defendió las enmiendas del PNV, cuyos parlamentarios actualmente no asisten a las Cortes, y el independiente Tirso Pons mantuvo algunas de las enmiendas que había presentado, correspondientes a las tesis sostenidas por el Grupo Comunista en el Congreso. UCD, sin embargo, se opuso sistemáticamente a las propuestas de modificación, excepto las negociadas.

Al comienzo de la sesión, el ministro de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, presentó el proyecto afirmando que el nuevo Estatuto modifica tres principios fundamentales en la legislación anterior. El primero, relativo a la intervención administrativa en las relaciones laborales, ya que se partía de que la empresa es una convergencia de intereses, mientras que ahora se reconoce como un hecho la existencia de una confrontación de intereses, por lo que se deja la iniciativa de las relaciones a la libre autonomía de las partes.

También se matiza el principio de la uniformación de contratación, introduciendo el nuevo tipo de contratos temporales frente al ya existente de contrato indefinido. Este, según el ministro, era positivo cuando existía el pleno empleo, -pero ahora puede beneficiar a unos pocos y perjudicar al conjunto de la clase trabajadora. Asimismo, se acaba con la reglamentación del proceso negociador, que también se deja a la autonomía de las partes.

El ministro calificó el proyecto de equilibrado, no porque sea fruto de un consenso, sino porque es el resultado de la aceptación de una determinada relación de fuerzas.

Anunció que el Gobierno se solidariza totalmente con este Estatuto, y que en el futuro responderá de él ante las fuerzas sociales, sin pedir auxilio para llevarlo a la práctica.

Por último, dijo que carecen de fundamento las críticas contra el proyecto realizadas desde posiciones autonomistas, ya que no es cierto, como se ha dicho, que lo! acuerdos interconfederales sean una limitación para los sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico.

Intervención socialista

Por el Grupo Socialista, José Rodríguez de la Borbolla y Juan José Laborda afirmaron que el modelo de relaciones que establece este Estatuto rompe decisivamente con la etapa anterior, devolviendo el protagonismo a las partes a quienes les correspondía, y aunque en él quedan defectos, es ya una buena base para avanzar y defender las reivindicaciones de los trabajadores.

Francisco Villodres, de UCD, resaltó que el Estatuto favorecerá el empleo con la introducción de la contratación a tiempo parcial, ya que permite emprender empresas que no se sabe cuándo terminarán y que potencia la autonomía de las partes.

Las propuestas de modificación de los socialistas pretendían, entre otras cosas, que a los funcionarios se les pueda aplicar parte de este Estatuto, que el deber de contribuir a la mejora de la producción se cumpla de acuerdo con lo pactado libremente por trabajadores y empresarios, que tengan preferencia para ser contratados como fijos los trabajadores que ya hayan estado antes en la empresa en régimen temporal o de prácticas, que el empresario pueda verificar por un médico propio el estado de enfermedad o accidente de un trabajador en baja, y que las pagas extras sean de un mínimo de treinta días de trabajo, así como la implantación de la jornada de cuarenta horas.

Los senadores vascos deseaban evitar la exclusión de los funcionarios públicos que el contrato de trabajo sea visado por la representación sindical, así como el documento que declara extinguida la relación laboral. El senador Pons pidió la supresión del deber de contribuir a la mejora de la producción.

Ibáñez Freire responde

Al comienzo de la sesión, el presidente del Senado, Cecilio Valverde condenó, en nombre de la Cámara, los recientes sucesos en la embajada española en Guatemala, así como la actitud del Gobierno de aquel país que calificó de incomprensible. Seguidamente, el senador socialista por Navarra, Víctor Manuel Arbeloa planteó una pregunta sobre la muerte de Miguel Arregui Marín, concejal de Herri Batasuna, al disparar la Guardia Civil sobre el automóvil en que viajaba en un control establecido en Echarri-Aranaz. El señor Arbeloa expresó su horror y asco por los recientes asesinatos de seis guardias civiles y dos jóvenes de izquierda, y mostró sus dudas sobre la corrección técnica del control y las instrucciones sobre la conveniencia de disparar en última instancia sólo a las ruedas de los coches. Su opinión de que es preferible que se escape un asesino a que muera un inocente provocó las protestas de UCD y un momento de gran tensión.

Contestó el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, quien afirmó que el control era técnicamente correcto, como lo prueba el que durante hora y media no se produjo ningún incidente, y que la actuación de las fuerzas de seguridad se ajustó a las normas reglamentarias, mientras que el automóvil no hizo caso a las señales de alto e intentó seguir adelante. También dijo que todos estamos hartos de tanta violencia, sobre todo de los terroristas que atacan a la democracia y quieren imponer la dictadura marxista leninista en una parte de España.

Asimismo, el secretario de Estado para la Salud contestó a una pregunta sobre la política sanitaria respecto a las enfermedades reumáticas planteada por el senador socialista Javier Paulino, quien acusó a la Seguridad Social de no combatir esta enfermedad como es debido.