La oposición recela del proyecto de UCD sobre el divorcio

El proyecto de ley sobre el divorcio, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado día 25, y cuya publicación, ayer, por EL PAÍS ha causado cierto malestar en algunos sectores del Gobierno, ha sido acogido con recelo por las organizaciones feministas y los grupos de la oposición, si bien se valora positivamente el hecho de que se hayan rebajado los plazos de espera para su obtención.Este ha sido uno de los aspectos del actual proyecto de ley destacado por la diputada centrista Carmela García Moreno, recientemente nombrada directora general de Juventud y Promoción Sociocultural, quien considera un notable avance el hecho de que el proyecto final haya dejado reducidos en cuatro años los plazos de espera, que se fijaban en los borradores anteriores en siete años.

Carmela García valora también que en las Cortes pueden agilizar aún más los trámites para obtener, el divorcio y señala finalmente que el actual proyecto irá sin modificaciones esenciales al Congreso y Senado, conservará inmutable su filosofia, expresada claramente en el preámbulo del citado proyecto, y que en lo único que va a variar será en que se va a insistir en los aspectos de la ley que hacen referencia al derecho del cónyuge económicamente más débil (generalmente la mujer) para que tenga asegurada la percepción de alimentos.

Entre las organizaciones feministas, María Antonia Lanzuela, de la Asesoría Jurídico-Feminista de Madrid, colectivo de abogadas que se dedica al estudio y defensa de las mujeres, ha señalado que dicho proyecto de ley, al recoger taxativamente causas de separación, como hasta ahora venía ocurriendo, consagra la idea de que la separación, y posteriormente el divorcio, es un remedio para una situación y no un derecho de las personas.

Enrique Curiel, por parte del Partido Comunista de España, ha apuntado, en una primera valoración, que, comparando el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros con las legislaciones europeas existentes al respecto, «es el texto más regresivo de Europa». «Se nota que está hecho», añadió, «por quienes se sienten en la obligación de regular el divorcio, pero que, en el fondo, no quieren hacerlo.» Enrique Curiel considera que hay dos aspectos especialmente rechazables en el proyecto: la capacidad del juez de decidir en última instancia si procede o no el divorcio «cuando cause graves perjuicios a los hijos o al otro cónyuge» y el no reconocimiento del divorcio por mutuo consenso. «Si un derecho fundamental para la persona humana como es el de disolver un vínculo que contrajeron voluntariamente», señaló, «quede a la subjetividad del juez, va a someter a las personas en situación de inseguridad jurídica. Creo que este texto», concluyó, «va a originar un ambiente conflictivo en las Cortes cuando lo remitan para su aprobación, por que en sí mismo no es una base de discusión.» Fuentes socialistas opinaron en sentido similar.