El debate sobre la ley de Autonomía Universitaria

EL DEBATE sostenido anteayer, en una emisora en directo de Televisión Española, sobre la ley de Autonomía Universitaria mostró las grandes posibilidades que existen para acercar a los ciudadanos las cuestiones centrales de nuestra vida pública. No es fácil vaticinar cuáles van a ser los efectos sobre la población estudiantil de la discusión mantenida, en la noche del martes, por los representantes del Gobierno y de la oposición. Pero no parece aventurado suponer que los debates a fondo y sobre ese polémico proyecto pueden resultar mucho más útiles para devolver la normalidad a los campus, hoy en huelga, que las cargas de las Fuerzas de Orden Público o los expedientes disciplinarios.Los oyentes sacaron la impresión de que las diferencias de planteamiento entre el Gobierno y la oposición socialista y comunista, si bien serias e importantes, no son tan abismales como para excluir la posibilidad de convergencias, transacciones y negociaciones en las materias más conflictivas. El ministro de Universidades sintetizó con acierto las líneas generales de su proyecto de ley y defendió con honestidad y convicción sus posiciones; y tanto el señor Solana, en representación del PSOE, como la señora Vintró, en nombre del Grupo parlamentario Comunista, renunciaron á la tentación de las agresividades teatrales y de las demagogias populistas para exponer con seriedad y rigor sus discrepancias y sus críticas. El delegado de Alianza Popular puso de relieve las afinidades de su grupo con el Gobierno en determinadas materias, pero no tuvo oportunidad de desarrollar debidamente su apología de las universidades privadas. La presencia del señor Gámir, diputado de UCD, no resultó plenamente justificada, pues el ministro de su partido, que aguantó el peso principal del debate, no necesitó de la ayuda, de su sobresaliente.

Ni la señora Vintró ni el señor Solana rechazaron de plano la selectividad universitaria y el principio de reducir la brecha hoy existente entre los costes reales de la enseñanza superior y el pago de las tasas académicas. De esta forma queda abierto, pese a las evidentes dificultades de alcanzar acuerdos satisfactorios en el Congreso, el camino para una discusión fructífera tanto sobre los criterios y los procedimientos concretos de una selectividad admisible para todos, como acerca de la forma y el nivel en que los estudiantes deben contribuir, según el nivel de rentas de sus familias, al mantenimiento de la enseñanza superior. Y quedan en la cuneta, ante la opinión pública. dos consignas demagógicas y, a la vez corporativamente aristocráticas que han circulado con excesiva desenvoltura e irresponsabilidad por los medios universitarios: que la población universitaria española puede crecer indefinidamente, con independencia de las necesidades sociales y económicas del país y sin relación con la capacidad intelectual y la voluntad de trabajo de los alumnos matriculados, y que la enseñanza superior debe ser gratuita, incluso para los hijos de familias con elevados niveles dé ingresos, aunque la enseñanza elemental y secundaria continúe constituyendo un pesado gravamen para muchas familias. Que socialistas y comunistas se muestren recelosos y suspicaces acerca de los criterios para determinar los procedimientos de selectividad y de distribución de las tasas es comprensible; pero la sugerencia del señor González Seara de que estos son temas negociables resulta esperanzadora.

Más complicada se presenta, en cambio, la armonización entre la autonomía de las universidades y la autonomía de las comunidades territoriales; dos formas de autonomía que, en efecto, pueden rozar entre sí y dar lugar a graves tensiones. Por lo demás, el representante de Alianza Popular se quedó prácticamente sólo en la defensa de las universidades privadas; el señor González Seara, el señor Solana y la señora Vintró parecieron coincidir en el apoyo a las universidades estatales y, con mayor énfasis por parte del diputado socialista y la diputada comunista, en la improcedencia de subvencionar con fondos presupuestarlos las universidades privadas, esto es, de la Iglesia, en tanto que los centros públicos no hayan salido de su miseria y estancamiento. Lo cual, por otra parte, pone de relieve las incongruencias de UCD, señaladas tanto por el señor González Páramo como por el señor Solana y la señora Vintró, con opuesta intención, en su diferente tratamiento de los distintos niveles de enseñanza.

,Muchas otras cuestiones quedaron fuera de foco y de tiempo, entre otras, el fuerte predominio que el Ministerio de Universidades y el cuerpo de numerarios vitalicios seguirán ejerciendo sobre unos centros universitarios que sólo tendrán de autónomos su rótulo en lo que se refiere a la contratación de buena parte del profesorado, la elaboración de los planes de estudio y la concesión de títulos. Tampoco tuvo cabida un tratamiento serio de los problemas de la investigación en la vida universitaria.

En este sentido es doblemente de lamentar la breve duración del debate, en la que tal vez hayan influido más causas que la tradicional miopía de los directivos de Televisión para señalar prioridades. Imaginemos, por ejemplo, que este debate, menos recortado en el tiempo, pudiera contribuir a que la opinión se aficionara a presenciar discusiones televisadas en directo, sobre las grandes cuestiones de nuestra sociedad, exigiera la comparecencia de otros hombres públicos para discutir tales temas -digamos, el señor Otero Novas o el señor Martínez Fuertes en polémica con el señor Gómez Llorente, a propósito del Estatuto de Centros- y aprendiera a separar el trigo de la paja y a los políticos competentes de los simples figurones. Aunque el señor González Seara, el señor Solana o la señora Vintró salieran -por ejemplo gananciosos de esa comparación, la generalización en el procedimiento resultaría enormemente peligrosa para nuestra clase política en general y forjaría hábitos de comportamiento democrático que -mucho tememos no serían del agrado de buena parte -de quienes nos gobiernan, o aspiran a gobernarnos, precisamente en nombre de esa teoría democrática que tanto les cuesta aplicar en la práctica.