3.000 millones de deuda pública dependen del voto afirmativo de UCD

El próximo mes de febrero serán presentados al pleno los presupuestos ordinario y extraordinario de la Diputación. La novedad en este caso radica en que el presidente de la comisión de Hacienda, José Borrell, ha optado por la vía del endeudamiento, mediante una emisión de deuda pública de 3.000 millones de pesetas. Decisión facilitada por la buena situación financiera de la Diputación. Actualmente, la Diputación está endeudada en un 6,70% de su capacidad. Es decir, que de cada cien pesetas disponibles, 6,70 se destinan a pagar deudas. El porcentaje es bajo, por lo que la emisión de deuda citada no significaría ninguna carga pesada.Para la aprobación del presupuesto extraordinario son necesarios los votos de los dos tercios de la Corporación, y aquí surge el posible obstáculo de UCD. Un diputado ucedista comentó a EL PAIS hace pocos días que no pretenden obstaculizar nada, pero que si siguen sin resolverse sus peticiones de participar en los órganos de gestión de la Diputación, UCD podría impedir la aprobación del presupuesto extraordinario «como medio extremo, pero necesario, para hacer constar nuestra protesta».

El señor Borrell espera que no se adopte esa actitud obstruccionista, y considera que el problema, en su vertiente política, consiste en la disyuntiva de los ucedistas de admitir una operación que va a generar unos beneficios políticos que serán capitalizados mayoritariamente por la izquierda.

De los 3.000 millones de emisión de deuda, mil ó 1.500 irían a reforzar el plan de cooperación de obras provinciales. Otros quinientos se destinarían a mejorar la red de carreteras provinciales, y los restantes, a diversos campos de actividades.

Una vez aprobado por el pleno, el presupuesto extraordinario habrá que enviarlo a la Dirección General de Régimen Financiero de las Corporaciones Locales, de donde pasará al comité interministerial que controla las emisiones de valores de renta fija. Una vez con el visto bueno de ambos organismos, el problema es que lo califiquen como computable a nivel regional. Es decir, los bancos y cajas de ahorro tienen obligatoriamente que suscribir un determinado índice de obligaciones y podrían hacerse cargo de la emisión. Si no es computable, los bancos pierden interés, y entonces hay que buscar inversores privados, lo que presenta mayores dificultades. Un largo camino burocrático, pues, del que depende en gran parte la satisfacción de necesidades tan primarias para los pueblos.