Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:TRIBUNA LIBRE

La política "autonómica" de UCD

El cambio operado en la política autonómica de UCD podrá ser calificado de giro copernicano, expresión de un proceso larvado o, como ella misma ha calificado, de un replanteamiento técnico de sus posiciones iniciales. En realidad, se trata pura y simplemente de una vuelta a las fuentes antiautonomistas de UCD, comunes con los planteamientos de toda la derecha más reaccionaria española.Quizá por razones estratégicas externas o internas, la medida ha sido dada a conocer en un contexto un tanto «dramático»: rumores insistentes, clima de inquietud y crisis en el partido, convocatoria del consejo político, dimisión de un ministro discrepante y, finalmente, utilización masiva de los medios de comunicación para ofrecer la explicación de lo inexplicable. Ciertamente hay que constatar que se trata de la medida sin duda más importante de las adoptadas por UCD en la todavía corta etapa de su existencia, y ello porque no sólo afecta a la política de gobierno, sino que toca directamente el tema de la organización de la forma de Estado, es decir, el más problemático, delicado, profundo y transcendental de la Constitución.

Correrán ríos de tinta en los próximos treinta días sobre la problemática que, sin duda, el tema ha de levantar; plantearán todos y cada uno de los aspectos controvertibles del tema, los pros y los contras; se seguirá hablando, por parte de UCD, de fe autonomista y de lucha contra la demagogia; se analizará cada caso concreto; se ponderará hasta la exageración los valores intrínsecos del 143 frente al 151, «fuente de todos los males», se utilizarán grandes frases para pequeños argumentos y, sobre todo, la máquina gubernamental arrolla con su propaganda intentando, como siempre, eludir el fondo último de la cuestión.

Pasará un mes y gran parte de esta polémica se convertirá en anécdota: un partido cambió de estrategia... y, sin embargo, por encima de lo que resulta anecdótico ya hay en este tema aspectos irreversibles que no son anécdota y que interesa resaltar.

El cambio político realizado por UCD merece tres tipos de reflexiones: una valoración de la actuación de UCD; una reflexión sobre sus posibles consecuencias, y una llamada a futuras responsabilidades.

En efecto, como consecuencia del mencionado cambio en su política autonómica, disponemos ahora de una posibilidad de constatación de lo que hasta ahora venían siendo simples especulaciones: UCD ha vuelto a las «fuentes» antiautonomistas del pasado franquista, que le hacen coincidir con la derecha más conservadora, tal como el señor Fraga ha venido a constatar. Lo que, por otra parte, confluye con el ya detectado giro a la derecha del partido en el Gobierno. En esta línea encontramos, asimismo, la clave para entender las actuaciones «autonomistas» llevadas a cabo por UCD hasta ahora: Cataluña, Euskadi, Galicia, País Valenciano... La intención de UCD, o era utilizar la autonomía para resolver problemas no específicamente autonómicos, o se trataba de unirse con ventaja al carro autonomista, propiciado por las fuerzas progresistas, para frenar el empuje de la izquierda. En todo caso, la ambigüedad y el oportunismo han presidido la política autonómica de UCD. Ahora, cuando se empieza a confirmar que dicha estrategia no es favorable, se cambia sin escrúpulos el rumbo.

Pero hay un tema quizá más profundo. Supongamos que los argumentos de UCD para cambiar su estrategia sean válidos, o bien esa estrategia estaba ya prevista y ahora, simplemente, se ha expresado; o bien se trata de una decisión de última hora, de carácter coyuntural, y, en suma, improvisada (lo que dice la Constitución se sabía ya desde que la Constitución se aprobó). Si se trata del primer caso, en efecto no podemos sino constatar que estamos ante una monumental estafa política en donde las víctimas son lisa y llanamente los ciudadanos de buena fe que creyeron en la Constitución. Porque si as! estaba previsto, el momento de haberlo hecho público honestamente hubiera sido el momento en el que el presidente del Gobierno presenta su programa político para conseguir la investidura, o, mejor aún, en el programa electoral. Ocasiones, todas ellas, que el señor Suárez y UCD despreciaron olímpicamente. Si se trata de una improvisación, estamos ante la más clara demostración de la insolvencia de un partido y ello da razones para pensar que somos gobernados desde la irresponsabilidad y la falta de rigor... (en todos los ámbitos, porque, ¿qué razón hay para pensar que esta improvisación se produce sólo en el tema autonómico y no en el educativo, universitario, económico, internacional, etcétera?).

Probablemente, UCD no ha medido las consecuencias que. se pueden derivar de esa manera de tratar asuntos del Estado. ¿Habrá acaso medido el efecto multiplicador de este cambio sobre el desencanto que empieza a pesar en nuestro proceso democrático? ¿Habrá calibrado bien las consecuencias sobre las autonomías ya institucionalizadas y, concretamente, su incidencia en los procesos electorales de Euskadi y Cataluña? ¿Se ha valorado el efecto indirecto que sobre algunos problemas sociales de inaplazable solución puede tener esta postura? En definitiva, ¿se ha analizado qué influencia puede tener esta medida, unilateralmente adoptada, sobre la construcción del Estado previsto en la Constitución y que, por definición, tiene que ser obra de todos?

La racionalización del proceso autonómico no debe suponer, como hemos defendido reiteradamente los socialistas, un frenazo de las vías emprendidas, sino el desarrollo sereno y progresivo de las previsiones y opcion.es constitucionales, a partir del acuerdo de las fuerzas políticas y las comunidades afectadas. Racionalizar las autonomías no supone bloquearlas, sino perfilar su institucionalización y planificar sus respectivos calendarios. Racionalizar las autonomías no es provocar la discriminación o la insolidaridad, sino garantizar una identidad en los techos que cada comunidad pueda alcanzar. Y, sobre todo, el proceso de construcción del nuevo Estado de las autonomías requiere una recta utilización de los mecanismos institucionales previstos en la Constitución, al margen de coyunturalismos y de particulares intereses de partido.

La medida de UCD es todo un reto político y como todo reto político encontrará sus respuestas en la realidad social sobre la que incide. Unas respuestas que podrán ser todo menos anecdóticas.

María Izquierdo diputada socialista por la provincia de Granada. Secretaría de política autonómica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de enero de 1980