El largo y complejo camino de una auditoría

Mediada la primavera de 1978, el entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, cursó una orden a su subsecretario de Presupuesto, José Barea: «Utilice las facultades que el artículo 7 de la ley General Presupuestaria otorga al Ministerio de Hacienda para realizar el control financiero de los órganos de la Administración del Estado y sus organismos autónomos.» La orden estaba referida a Radiotelevisión Española. Pocos días después, el titular de Hacienda informó de su decisión al Consejo de Ministros. El silencio de unos y la mal disimulada indignación de otros fueron el primer augurio del destino que aguardaba al desdichado informe.La raíz de esta decisión se encuentra varias semanas antes. El interventor del Ministerio de Hacienda en Radiotelevisión Española (RTVE) había pasado una nota a su ministro en la que denunciaba haber detectado sospechosos indicios de irregularidades, « más graves de lo que es habitual», en una determinada operación de compras de la casa. El ministro pidió mayores detalles y lo que vio le dejó escandalizado: en RTVE nadie se responsabilizaba de nada ni se tenía idea clara del reparto de funciones o competencias. No había cuentas claras ni inventarios. Aquello parecía, en definitiva, un caos, un pozo sin fondo en el que el dinero se perdía y no había modo de saber cómo y cuánto se gastaba ni para qué.

El siguiente paso fue un informe confidencial remitido al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, solicitando instrucciones que no llegaron.

Tras varios intentos por desentrañar el marasmo de competencias interferidas entre el Ministerio de Cultura y el organismo autónomo RTVE, se adoptó la decisión de encargar a la Intervención General del Estado un informe exhaustivo sobre el control financiero de RTVE. A pesar del eufemístico nombre, lo que en realidad se solicitaba era una auditoría completa, una puesta al desnudo de uno de los organismos más polémicos.

Cursada la orden, los mecanismos administrativos comenzaron a ponerse lentamente en marcha. No sin dificultades, y tras varios intentos de boicotear la operación, el mes de septiembre quedó constituido el equipo auditor, integrado por cuatro interventores y cinco contadores (auxiliares), que no imaginaban lo que iban a encontrar. El resto de estamentos de la Administración habían prácticamente olvidado el tema, inmersos en cuestiones más trascendentes, como la culminación de la redacción constitucional, el referéndum y las posibilidades de adelantar el calendario electoral.

Mientras, en Prado del Rey, Somosaguas y demás dependencias clave de RTVE la vida habitual seguía, escasamente alterada por la noticia de que «parece que van a venir unos de Hacienda a mirar cosas». Hacienda, para la Casa, era y es un colega de la Administración poco apreciado. Los dirigentes del organismo tienen cierta alergia a conceptos como intervención, control, responsabilidad, presupuesto y esas cosas que « no sirven más que para restar agilidad al funcionamiento que precisa esta casa», indica un antiguo directivo. Por eso, los máximos responsables del organismo, añorantes de la época de la autofinanciación incontrolada (hasta 1976) o de los todavía mejores en que Hacienda mandaba el dinero -como es su obligación- y en paz, tenían muy clara su decisión de colaborar poco, «a ver si se cansan y se van». «Les enseñamos cuatro papeles, que hagan su informe, y aquí no ha pasado nada», argumentaban la mayoría de los directivos, en un almuerzo celebrado a mediados de septiembre para elaborar la estrategia.

Pero los interventores designados dieron muy pronto muestras de estar interesados en realizar una auditoría a fondo, más allá del simple ojear papeles que en Prado del Rey, Somosaguas y demás centros directivos imaginaban. Y comenzaron las dificultades. Desde noviembre de 1978 a mayo de 1979, los funcionarios destacados por Hacienda sortearon todo tipo de impedimentos y dificultades, puestas por gran número de mandos intermedios, a su labor. Papeles que no existen, que se han perdido, que nunca existieron o que ni siquiera se justifica su inexistencia; datos que nadie conoce; competencias que nadie define... El informe está plagado de consideraciones al respecto. Muchas otras pudieran haberse incluido si, además de la auditoría, los interventores hubiesen elaborado un pormenorizado relato de su paso por RTVE. Baste decir que a las pocas semanas de iniciada la auditoría los interventores decidieron formular todas las peticiones de datos, documentos, etcétera, por escrito, mediante requerimientos oficiales, avalados por un real decreto que hubo de ser propuesto al Consejo de Ministros a la vista de la experiencia.

Varias partes del informe final incluyen referencias a claras obstrucciones a la acción de la Intervención General del Estado. Es muy probable que los redactores del informe se hayan quedado cortos, a juzgar por los relatos que cada uno de ellos ofreció a sus inmediatos superiores a lo largo de toda la gestación de la auditoría. Una fuente de toda solvencia, consultada en RTVE, asegura que incluso se realizaron reuniones exploratorias de varios directivos, examinando las posibles repercusiones de una acción de boicot colectivo a la inspección. La postura colectiva no se gestó, pero individualmente muy pocos cooperaron en la labor auditora. Parece probado que incluso altos estamentos de RTVE sugirieron a los interventores la posibilidad de que éstos ocuparan cargos directivos en la casa, «porque así ustedes, que ya conocen esto, pueden ayudarnos a arreglarlo». Los interventores se movían entre el estupor y la sorpresa.

El informe quedó concluido pocas semanas después de haber tomado posesión el actual ministro de Hacienda. El interventor general del Estado le entregó un voluminoso documento: la auditoría realizada en RTVE. Los resultados y conclusiones son escandalosos e indican la posible existencia de. numerosos delitos. El informe pasó de Hacienda a conocimiento reservado de altos cargos de la Administración del Estado, que decidieron no hacerlo público por el momento.

Gran parte de los miembros del Gobierno aseguran desconocer el contenido del informe. «Creo que es demoledor», comentaba hace pocos días un ministro del actual Gabinete. «No saben qué hacer con él», aseguraba otro alto cargo. Ambos parecen estar en lo cierto. Todos los autores del informe han recibido órdenes muy severas de guardar silencio y ni siquiera han recibido oficialmente el ejemplar completo del trabajo, ya que éste fue realizado individualmente por apartados concretos. Los poseedores de ejemplares numerados temen también su publicación por si acaso son señalados como responsables de la filtración en la inevitable caza de brujas que sigue a toda publicidad de documentos desagradables.

Como telón de fondo, la historia se cierra con el disgusto generalizado entre los miembros del Cuerpo de Intervención, disconformes con la ocultación de su trabajo y, sobre todo, con la ausencia de medidas concretas tras el informe. En RTVE todo sigue más o menos igual. Desde la conclusión del informe muy pocas cosas han cambiado. Se han introducido algunas mejoras por decisión espontánea de los responsables situados a distintos niveles. Otras fueron introducidas durante la elaboración misma de la auditoría; por ejemplo, parece que algunas dependencias que, como toda la casa, carecían de inventario, lo elaboraban al serles requerido por la Intervención. Pero muy poco más.