La aplicación del Estatuto vasco

EL ESTATUTO de Guernica, aunque elaborado por una coalición de parlamentarios en la que participaron representantes socialistas, centristas y de Euskadiko Ezkerra del País Vasco, fue prioritariamente el resultado de la negociación y el fruto del acuerdo entre el Gobierno, presidido por el señor Suárez, y el Partido Nacionalista Vasco, dirigido por el señor Garaikoetxea. El notable protagonismo del PNV en la aprobación de la autonomía vasca fue consecuencia, a la vez, de su condición de fuerza hegemónica en Euskadi y de la resuelta apuesta de Suárez en su favor como interlocutor válido.Sin este precedente, la nota del Euskadi Buru Batzar anunciando la retirada temporal de las Cortes Generales de los parlamentarios del PNV y una especie de huelga de celo en el funcionamiento corporativo del Consejo General Vasco podría interpretarse únicamente como una de las «espantadas» con las que amenazan, de cuando en cuando, algunos grupos de la oposición. Se trata, sin embargo, de una decisión de mayor y más grave alcance, precisamente por el papel que juega el PNV en Euskadi.

Las razones dadas por el organismo supremo del PNV para justificar su determinación no parecen inventadas, con independencia de que sean o no convincentes. En ese sentido, posee considerable fuerza su protesta ante el retraso de las transferencias, administrativas al Consejo General Vasco y la resistencia gubernamental a considerarlo como el Gobierno provisional de Euskadi. También resultan legítimas sus inquietudes sobre las proyectadas leyes de policías y de financiación de las comunidades autónomas. de seguridad ciudadana y de autonomía universitaria, todavía no aprobadas por el Congreso, y merecen atención. aunque no necesariamente apoyo, sus reparos al Estatuto de los Trabajadores, ya sancionado por la Cámara baja. pero pendiente de discusión en el Senado. Resulta más difícil, en cambio, aceptar que la ley del Consejo General del Poder Judicial, ya promulgada, y la ley de regulación de las distintas modalidades de referéndum, a punto de ser publicada en el BOE, puedan ser contestadas en pie de igualdad con otros textos que, al ser sólo proyectos resultan negociables y modificables.

En cualquier caso, todas esas discrepancias puntuales son situadas en una línea de continuidad y cargadas de sentido por el temor y el recelo del PNV a que sean pasos calculados de una estrategia global del Gobierno para hacer una interpretación restrictiva del Estatuto de Guernica.

Cuando el Euskadi Buru Batzar expresa su temor a que el Gobierno pueda «desvirtuar el espíritu y el auténtico alcance de las negociaciones que hicieron posible» el Estatuto de Guernica, no hace más que generalizar, tal vez indebidamente, una experiencia histórica. Y cuando los dirigentes del PNV se declaran obligados «a ser leales con nuestros interlocutores en el Gobierno y en Parlamento», resulta lógica su simétrica pretensión de «exigir idéntica lealtad» a la otra parte. Parece justo decir que, si bien se puede discrepar -y nosotros discrepamos abundantemente- de los principios del PNV -suficientemente ambiguos a veces-, forzoso resulta reconocer que sus dirigentes han mostrado una insólita firmeza en defenderlos. La nota del Euskadi Buru Baizar apunta también los catastróficos efectos que implicaría para su opción política que el Gobierno y su mayoría parlamentaria convirtieran la autonomía vasca en una comedia y asignaran al PNV el papel de marido engañado en la trama. Los nacionalistas recuerdan en su documento que fueron ellos quienes convencieron al pueblo vasco de que elEstatuto de Guernica es «una buena norma autonómica». Es lógico que ahora ternan que una interpretación restrictiva de su contenido por el Parlamento y el eventual incumplimiento por el Gobierno de acuerdos reservados o secretos vuelvan contra el PNV al electorado y lo encaucen por el camino de ruptura y apoyo a la violencia que propugna Herri Batúuna.

Dicho todo esto, no es posible obviar, sin embargo, en el comentario la probabilidad, apuntada desde otros sectores políticos y rechazada por el P`NV, de que nos encontremos también ante una maniobra electoral. Y no es posible tampoco evitar la censura de un hecho que no debería producirse, pues el abandono, aun temporal, de las tareas parlamentarias puede ser interpretado por otros grupos políticos como un chantaje o una presión y enconar las posibilidades de arreglo en el País Vasco. El PNV debe volver a las Cortes cuanto antes y no empeñarse en justificar un hecho que no se compadece con el respeto a. la institución parlamentaria. Y, al mismo tiempo, deben desaparecer las causas reales y descubrir cuáles sean las inventadas de semejante y lamentable decisión.

Lo mismo cabe decir sobre su inhibiciónen las tareas del Consejo General Vasco. Lo recortado de sus actuales atribuciones no es razón suficiente para adoptar una actitud que puede ser interpretada por los electores como una dejación de responsabilidades. Antes bien, debe ser motivo y acicate para lograr, a través del trabajo político adecuado, la instrumentación de la autonomía vasca.