Las cuentas del petróleo

LOS PRODUCTOREs de petróleo han subido los precios de los crudos y las autoridades españolas han elevado los precios de los productos derivados. Hasta aquí ninguna objeción. Pero -y este es el primer reparo- mientras el coste del barril entre el último trimestre de 1979 y el primero de 1980 subirá en el mercado internacional unos siete dólares, es decir, unas 3.450 pesetas tonelada, el incremento del precio medio de venta de los productos derivados que adquirirán los consumidores españoles se situará por encima de las 4.500 pesetas tonelada. La repercusión no ha sido limpia y, frente a lo dicho por los señores Abril y Bustelo, la fiscalidad se ha incrementado en mil pesetas tonelada, lo que supone unos ingresos fiscales adicionales entre los 40.000 y 45.000 millones de pesetas para 1980.El segundo pero consiste en que tampoco se ha procedido a una estructura de precios radicalmente más racional. El fuel-oil industrial y el de uso térmico costarán ahora 11.000 y 10.200 pesetas tonelada. Sin embargo, la tonelada de petróleo a pie de refinería se sitúa en torno a las 18.000 pesetas. Se mantiene así una subvención para el fuel de 8.000 pesetas tonelada, que es superior a la subvención antes existente, es decir, cuando el. fuel valía 8.000 pesetas y la tonelada de petróleo en refinería costaba 14.000. Resulta difícil, en consecuencia, aceptar la afirmación de los portavoces oficiales en favor de una estructura de precios más racional cuando el producto de mayor consumo, aproximadamente el 50% del consumo de productos derivados, eleva sus subvenciones en térmínos absolutos.

El Gobierno y la Administración continúan practicanto el intervencionismo y el paternalismo en contra de la racionalidad del mercado. Se castiga al consumidor por su insolidaridad a la hora de utilizar el automóvil y se protege a las industrias más consumidoras de energía. La compensación de cien pesetas en la bombona de butano es una especie de chocolate del loro que, sin embargo, viene a no desanimar un consumo energético específico. Pero el administrador ha debido juzgar más moral la tortilla o el baño que desplazarse en automóvil.

En definitiva, la filosofía consiste en castigar al pródigo automovilista y cuidar la producción de acero o cemento, que este año pasado ha registrado unos récords exportadores inusitados. Vendemos cemento y acero, lo que es quizá buena cosa, a costa de importar petróleo, lo que sin duda no se considera un despilfarro cuando, según los administradores gubernamentales, tiene un buen empleo.

Claro que pensar que los aumentos de la fiscalidad y el ensañamiento con el consumidor no acaban repercutiendo en los costes de las empresas y en el nivel de inflación es una ilusión que choca con el más elemental sentido común. En definitiva, el Gobierno y 14 Administración no son capaces de renunciar al intervencionismo y, en consecuencia, no llegan a comprender que una política de conservación energética comienza porque cada cual aguante su vela. Sólo así los productores de cemento se verán empujados a quemar carbón y los industriales del acero y del aluminio, por ejemplo, a saber cuáles son sus costes reales. Sólo entonces se empezará a terminar con el favoritismo y los pescadores no tendrán argumentos para amenazar con amarrar sus embarcaciones. Sólo entonces los malvados consumidores de gasolina no tendrán que continuar subvencionando a los virtuosos pescadores de besugos o pescadillas, que, de algún modo, son capaces de repercutir con habilidad y con creces los costes energéticos en los precios del pescado.

Parece que las medidas anunciadas por los señores Abril y Bustelo han sido largo tiempo meditadas y discutidas. Bueno sería, sin embargo, que nos explicasen cómo se ha calculado esa neutralidad fiscal que no aparece al hacer las cuentas y cómo han mejorado la estructura de costes que, con excepción de los gasóleos, parece ahora menos racional que el anterior y sigue estando en contra de cualquier política razonable de conservación de petróleo y de su sustitución por otras fuentes energéticas.