Cláusulas secretas en el acuerdo pesquero con Marruecos

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De momento, con la misiva confidencial de Sánchez Terán, el Gobierno de Rabat ha conseguido introducir de manera más o menos institucional la cuestión del transporte de agrios a través del territorio español en el complejo dossier de la pesca que, desde hace dos años, sufre la inclemencia de la diplomacia marroquí, que ligó esta cuestión con la crisis del Sahara y la eventual actitud española ante este conflicto.

En febrero de 1978 el Parlamento español, después de un duro debate, ratificó el acuerdo de pesca con Marruecos, que no ha podido entrar en vigor porque la Asamblea marroquí no se ha dignado si siquiera a discutirlo. Durante dos años las relaciones pesqueras hispano-marroquíes se han visto sometidas a los vaivenes de la diplomacia sahariana, salpicadas de múltiples y masivos apresamientos de buques españoles. En junio de 1979, y con motivo de la visita del rey don Juan Carlos a Marruecos, representantes de ambos países negociaron un protocolo provisional de pesca, ahora prorrogado por tres meses Con un incremento del canon abonado por España de un 5% lineal, conreferencia a la inflación y a la devaluación del dólar. Precisamentle, en el comunicado final hecho público al término de la visita de don Juan Carlos a Marruecos, se señalaba, en su apartado económico, que «a la vista del interés de la parte marroquí ambos países se comprometían a mantener contactos para «allanar dificultades que podrían obstaculizar la intensificación del tráfico marítimo y terrestre de mercancías».

Esta alusión, generalizada y sin calendario fijo, aparece ahora situada en el tiempo y ligada al tema pesquero, lo que puede provocar todo un revueto político y económico. Político porque, a pesar de que las citadas 50.000 toneladas de agrios marroquíes constituyen sólo el 3% de la exportación española de agrios, y el 45% de las importaciones de agrios de la CEE, se convertirían en la concesión unilateral hispana de un sector en el que las ventas españolas se encuentran ya discriminadas desde la entrada en las Comunidades de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, en 1973, fecha a partir de la cual los agrios del Magreb recibieron una preferencia arancelaria del 80% frente al 60% que persiste para estos frutos españoles, a los que la CEE aún le debe el reequilibrio con los originarios del Magreb. Precisamente los costes de los fletes del Magreb por barco, en carecerían sus productos y permitirían equilibrar la preferencia arancelaria del 20% de la que injustamente disfrutan Marruecos, Argelia y Mauritania frente a España.

El paso por tierra española de una cantidad limitada -aunque se transporte en containers cerrados para evitar eventuales contaminaciones- aumentaría también la preferencia marroquí.

En el plano político, Argelia podría pedir de España un trato similar y el Gobierno de Madrid perdería, en plenas negociaciones con la CEE, una de sus bazas a la hora de discutir en Bruselas la política mediterránea de las Comunidades, que se ha convertido en uno de los obstáculos importantes de la negociación. Aquí se incluye la protesta del ministro de Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo, quien, al parecer, se quejó también de no haber sido consultado por Sánchez Terán.

También en el ámbito político se sitúan las quejas del vicepresidente Abril Martorell y del ministro de Agricultura, Lamo de Espinosa. Ambos políticos, diputados electos por Valencia y Castellón -donde el lobby de las naranjas tiene grandes intereses-, amén de criticar la iniciativa del titular de Transportes y Comunicaciones, hablaron de los problemas que pueden surgir en el sector naranjero que, por otra parte, podrían incurrir en. un enfrentamiento de intereses entre las comunidades valenciana y andaluza, una en defensa de los agrios y otra de su industria pesquera.

En medios próximos al Ministerio de Transportes se afirmó ayer a este periódico que, a pesar de la interinidad del acuerdo establecido con Marruecos, el departamento era favorable a dicha concesión en beneficio de la pesca de Andalucía, y de las islas Canarias. Un portavoz autorizado insistió en que el acuerdo concluido por tres meses no era malo y que incluso le parecía mejor que el acuerdo general pendiente de ratificación por el Parlamento marroquí, que con tanto ahínco fue defendido por el Gobierno Suárez ante las Cortes.

El portavoz señaló que la parte marroquí no parece muy dispuesta a abonar -una vez que se ponga en marcha el acuerdo general- el 50% del valor de los buques, ni la española a faenar con pabellón marroquí y. con una progresiva tripulación norteafricana.

Por último, y en relación con los posibles efectos que la concesión de li cencias de tráfico a Marruecos podría acarrear en el sector naranjero, el presidente del Comité de Gestión de Exportaciones de Frutos Cítricos, Julio de Miguel, declaró ayer a EL PAIS que se opondrán con todas sus fuerzas a que se autorice el paso por territorio español de cualquier cantidad de frutos marroquíes. «No tenemos nada contra Marruecos», dijo Julio de Miguel, «pero España no debe hacer concesiones en este terreno, al menos hasta que no ingrese en las Comunidades Europeas.»