España y el petróleo, cuatro respuestas a cuatro preguntas

Las noticias se han agolpado en la última semana, creando un dramatismo y una incertidumbre para todos los ciudadanos españoles. Sabemos ya que el petróleo nos va a costar mucho más caro en 1980. Nos preguntamos, con incertidumbre y con temor, cuáles serán las consecuencias más importantes de esta decisión que acaban de adoptar los países que integran el cartel de la OPEP. Conviene ordenar las preguntas, esto es, tratar de preguntar con acierto sobre los efectos fundamentales de la nueva subida de los crudos del petróleo. Las preguntas que van a tratar de contestarse en este trabajo son cuatro. Ante todo, hay un efecto sobre la balanza de pagos. Importamos el petróleo y lo tenemos que pagar más caro. ¿Cuánto nos va a costar la factura petrolífera en 1980 y qué efectos provocará el aumento de su importe sobre la balanza de pagos española? ¿Qué restricciones, impone a la tasa de desarrollo económico el encarecimiento de la factura petrolífera? La tercera cuestión cuya respuesta trataremos de ofrecer es: ¿En qué medida esa decisión sobre los nuevos precios de los crudos lanza a la economía española hacia una mayor inflación? ¿Cuáles serán los efectos de los nuevos precios del petróleo sobre la inflación española? Y, finalmente, debemos preguntarnos si la economía española está bien preparada para recibir el duro shock del petróleo que ha llegado en los días finales de 1979 y que amenaza con repetirse en los venideros de 1980. ¿Nos hemos preparado adecuadamente para fortalecer nuestra economía de forma que sea capaz de tolerar y asimilar los shocks petrolíferos. ¿Esta será la cuarta de las preguntas a que este trabajo intentará ofrecer respuesta.¿A cuánto vamos a pagar el petróleo en 1980? La crisis es tan profunda que no nos lo han dicho. Los países que integran la OPEP se han marchado de la reunión de Caracas ofreciendo un muestrario amplio de precios. Y una espesa incertidumbre rodea los precios que pagaremos efectivamente en 1980, y, lo que es más grave, esa misma incertidumbre acompaña al suministro de las cantidades necesarias para satisfacer nuestras necesidades de petróleo. Los cálculos más solventes y divulgados oficialmente informan como posible precio para 1980 los 30/31 dólares barril, un precio en el que coinciden casi todas las opiniones y que parte de unas hipótesis sobre el comportamiento de los precios en 1980, discutible por principio, ya que nada hay cierto sobre el futuro de este mercado. No obstante, suponiendo que nuestros aprovisionamientos en el mercado spot de Rotterdam se sitúen en torno a un 25% y que el resto de las compras respeten los precios actuales, los precios divulgados oficialmente pueden considerarse una aproximación discutible como todas. Aceptémosla, sin embargo, como base de los cálculos de la factura petrolífera en 1980. La conclusión es clara: nuestras facturas por compras de petróleo ascenderán, en 1980, a 11.500 millones de dólares (aproximadamente 5.000 millones de dólares más que los pagados en 1979). Conseguir la limitación de la factura petrolífera a esos niveles no va a ser fácil, porque hay muchos cálculos que creen optimistas las cifras de partida. Todo va a depender de cómo sepamos comprar el petróleo, factor que se ha convertido en fundamental y estratégico dada la situación del mercado de crudos. Este factor obliga a que nos preguntemos si España está comprando bien el conjunto de su! crudos y si el sistema institucional disponible está en la mejor situación para afrontar el dificil mundo de aprovisionamientos y precios.

En cualquier caso, las cifras a las que van a ascender los pagos son tan considerables, que una llamada de atención sobre su valor absoluto y relativo parece indispensable. Las cifras del cuadro 1 hablan con toda claridad.

España tendrá que pagar en 1980, al menos, 11.500 millones de dólares por sus compras totales de petróleo. Nos hemos acostumbrado a oír la lluvia de millones cuando se habla de petróleo, y apenas nos damos cuenta del enorme coste que el consumo de petróleo va a suponer para el país en el próximo ejercicio. Algunas comparaciones aclaran su magnitud. Nuestro empobrecimiento frente al resto del mundo, a consecuencia del solo encarecimiento de los crudos, va a significar que todo el esfuerzo turístico del país en 1980 no baste para pagar la factura del petróleo. Deberemos poner un 50% adicional. De esta manera, la factura del petróleo, que ascendía en 1973 a la tercera parte de nuestros ingresos turísticos, en 1979 será el 100%, y en 1980 éstos no bastarán ya para hacer frente a nuestras deudas por la importación de petróleo. Faltará nada menos que otro 50% de esos ingresos. La factura petrolífera de 1980 significa que deberíamos entregar el 62% de nuestra producción final agraria para hacer frente a nuestras compras de crudos de petróleo, mientras que en 1973 bastaba con el 15 %.

Si la elevación efectiva mínima de precios del petróleo en los meses inmediatos a la conferencia de la OPEP se sitúa, como promedio de 1980 frente a 1979, en el entorno del 60%, el ritmo de crecimiento previsto del PIB para 1980 deberá ajustarse a la baja en, aproximadaente, algo más de dos puntos, y en consecuencia, ello puede sumergir el crecimiento económico del próximo año en tasas negativas por primera vez desde el plan de Estabilización de 1959. Adicionalmente, esta elevación de precios posiblemente no será definitiva, sino que vendrá secundada por otras elevaciones posteriores. Por último, si a todo ello se auna el hecho de que la caída en la tasa de crecimiento es uno de los principales factores que provocan desempleo, la situación claramente exige la adopción de un programa económico congruente, encaminado a paliar los principales desajustes de que adolece la economía española.

La anterior conclusión se justifica a través de dos, enfoques complementarios que permiten enjuiciar los efectos sobre el crecimiento, derivados de una modificación de los precios de los productos energéticos. Por un lado, una elevación de los precios energéticos representa un empeoramiento de la relación real de intercambio. Ello significa que una misma cantidad de bienes y servicios exportados se intercambia por unas importaciónes reales más reducidas. En consecuencia, debe producirse una reducción en la oferta interna y en las posibilidades de consumo y de inversión. Por otro lado, se da un efecto inducido sobre la demanda, derivado de la reducción en la capacidad de compra interna que representa la transferencia al exterior de determinada renta monetaria.

Centrándonos en el primer aspecto, es preciso destacar que la oferta interna se define como la cantidad de recursos disponibles para el consumo y la inversión. Dada esta definición, un empeoramiento de la relación real de intercambio representa una dism inución de la cantidad de recursos disponibles para el consumo y la inversión internos, al íntercanibiarse una cantidad dada de bienes y servicios exportados por una menor cantidad de importaciones.

El gráfico 1 refleja la evolución de la relación real de intercambio en la economía española para el período 1964-1978. En él se observa la fuerte caída que experimentó esta relación en 1974, lo que tuvo su contrapartida sobre la evolución de la oferta interna, tal como el gráfico 2 detalla. Así, hasta 1973, esta magnitud aumentó de forrna regular. En esta fecha, no obstante, se produjo una inflexión a la baja, lo que refleja el impacto directo sobre las posibilidades internas de consumo y de inversión. Es importante destacar que, a partir de esta fecha, ya no vuelven a recuperarse los ritmos.

El impacto directo de los precios de importación más elevados se mide por la diferencia entre la oferta interna estimada, manteniendo constante la relación real de intercambio al valor que tenla en 1973, y la evolución observada de esta magnitud. El punto clave es que un shock inicial, el de 1974, es suficiente para modificar el ritmo de expansión de la oferta interna.

Así, pues, son precisamente los efectos inducidos que se derivan de una elevación de los precios de los productos energéticos los que, en parte, explican el deterioro progresivo que, a partir de 1973, se observa en la economía española.

Inmediatamente se plantea la pregunta de lo que puede ocurrir con el ritmo de crecimiento de la economía española en 1980, si en este año se produce una elevación importante de los precios de los productos energéticos, y, en este sentido, no debe olvidarse que esta elevación incidirá sobre una economía deprimida y con mayor desempleo que en 1973.

Con objeto de intentar ofrecer respuesta a esta pregunta es preciso, en primer lugar, destacar un dato: la rigidez de las importaciones de productos energéticos. Dado este contexto, un aumento de los precios de importación, si las importaciones reales permanecen estables, se traducirá en una transferencia de renta monetaria al exterior, lo que actuará sobre las distintas funciones de gasto interno.

El cuadro 2 refleja algunas estimaciones efectuadas. En él se han considerado distintos crecimientos porcentuales de los precios de importación de los productos petrolíferos. Concretamente, del 30%,60% y 80%. Cada uno de estos aumentos, suponiendo constantes las importaciones reales de productos petrolíferos, representa una determinada transferencia de renta monetaria al exterior, que aparece media en términos porcentuales con respecto al valor del PIB En consecuencia, las unidades económicas de consumo y de producción verán limitada su capacidad de compra, y ello tendrá como contrapartida unas menores posibilidades de consumo y de in versión, lo que, por la vía de la de manda, llevará a una caída en el ritmo de crecimiento del PIB. Adicionalmente, es preciso destacar que este efecto multiplicador no se limitará al año en el cual la transferencia de renta tiene lugar.

En cualquier caso debe señalarse que estos resultados reflejan órdenes de magnitud. Ahora bien, si se comparan con lo acaecido en 1974, se constata que su grado de aproximación a la realidad de estos años es bastante notorio. En particular, en esta fecha, la pérdida de capacidad de compra que supuso la elevación de los precios de importación del petróleo fue prácticamente coincidente con la caída en el ritmo de crecimiento del PIB.

Se ha calculado que una elevación del 60% en el precio del petróleo debería suponer en término medio un aumento del 13 % en el precio de venta de los productos petrolíferos. Sin embargo, los reajustes al alza en los precios de las diversas energías que posiblemente va a decretar el Gobierno van a significar aumentos mayores, que se justifican con razonamientos de ordenación energética e industrial. Una elevación del 20% en el precio medio de únicamente los productos petrolíferos repercutiría a corto plazo sobre el incremento del índice de precios del consumo aumentándolo en un punto; si esta elevación se trasladase sobre los salarios, el efecto final puede ser de 1,4 puntos. Por último, atendiendo a la experiencia pasada, si no se instrumentan las políticas adecuadas, el juego de las expectativas inflacionistas puede llegar a triplicar o cuadruplicar el impacto inicial, considerando un período suficientemente amplio.

En efecto, para enjuiciar el impacto inflacionista derivado de una elevación de los precios de los productos energéticos, debemos distinguir dos tipos de efectos: por un lado, el efecto directo derivado de un análisis de la estructura de costes de las empresas; por otro lado, el efecto inflacionista final, en el supuesto de que no se logre evitar la traslación de costes y precios de producción más elevados sobre el valor de los salarios monetarios.

Con respecto al impacto directo que se deduce de la tabla input-oulput (1975), los efectos inflacionistas derivados de una elevación de los precios de los crudos dependerán de cómo el Gobierno decida repercutir este aumento sobre los productos que se ofrecen para su venta en el mercado interno. Suponiendo que la elevación de los precios de los productos petrolíferos no se aparte de forma muy sustancial del alza que tuvo lugar en julio de 1979, se ha calculado una elasticidad del índice de precios del consumo con respecto a los precios de los productos petrolíferos. El resultado obtenido es de 0,05, coeficiente que no incluye las posibles alzas no justificadas, situadas por encima del aumento de costes, de ciertos productos controlados por la Administración, tales como las tarifas eléctricas o los transportes aéreos y por ferrocarril. De aquí se deduce que a título indicativo, si los precios de los productos petrolíferos se elevan en un 20%, y este aumento de precios se repercute sobre los precios internos de forma similar a julio de 1979, el impacto directo sobre el índice de precios del consumo se sitúa en un 1 %.

Ahora bien, en julio de 1979 se aprovechó este aumento para elevar discrecionalmente, y en mayor proporción a los costes, los precios del transporte por ferrocarril y aéreo, así como las tarifas eléctricas. En este caso, el efecto inflacionista de un aumento de los precios de los productos energéticos se amplifica de forma considerable.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta los posibles efectos de la espiral precios-salarios que pueden derivarse de un alza inicial en los precios de los productos petrolíferos. Si el aumento de precios del consumo que genera una elevación de los precios de los productos energéticos es trasladada sobre los salarios monetarios, el efecto final sobre la tasa de inflación resulta amplificado.

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El efecto más grave se produce, no obstante, cuando la aceleración inflacionista desata las propias expectativas de inflación. En este caso, los distintos agentes económicos no pretenden fijar unos precios que compensen los aumentos pasados de costes, sino que tratan de absorber unos costes futuros que se esperan en aumento. En tal circunstancia, el efecto final sobre la tasa de inflación podría ser entre tres y cuatro veces superior al aumento autónomo de precios. El resultado que finalmente se alcance depende de la actitud que los distintos agentes económicos adopten frente al hecho de que una elevación de los precios energéticos debe representar una reducción real de la capacidad de compra. Si no se admite este hecho, la elevación monetaria de rentas constituye una consecuencia inmediata que no logra obviar la realidad subyacente de que la oferta interna, es decir, la cantidad de recursos disponibles para el consumo y la inversión, ha experimentado un recorte como consecuencia de unos precios energéticos más elevados.

La crisis energética de los ochenta llega a nuestra economía cuando ésta ha practicado un proceso de ajuste importante que ha afectado a dos. frentes distintos: la inflación y la balanza de pagos. Un país se hallará en peor situación frente a las crisis provocadas por los shocks del petróleo, cuanto mayor sea su tasa de inflación y cuanto más desequilibrada esté su balanza de pagos con el exterior.

En estos dos frentes España ha hecho un enorme esfuerzo por corregir el desajuste de su inflación respecto de la del resto del mundo, así como el elevado déficit exterior con el que había llegado al mes de julio de 1977. Comparando aquella situación con la actual, resulta que mientras la inflación alcanzaba en los meses de junio, julio y agosto de 1977 una tasa del 44,7% de crecimiento, en el último trimestre de este año 1979 los precios de consumo marchan a un 14,5%.como tasa anual. Esta drástica reducción de la inflación no se ha logrado ni improvisado gratuitamente. Se corresponde con el esfuerzo de ajuste derivado de la política económica y aceptado por la población española, y muestra, hasta el límite de la evidencia cierta las consecuencias que en la época de crisis actual se siguen de una inflación más o menos aguda. ¿Qué hubiera pasado si el alza de los precios de los crudos hubiera sorprendido a la economía española en el mes de julio de 1977? La inflación habría desbordado todas las previsiones, con gravísimos efectos para la convivencia económica, social y política del país.

El ajuste también ha sido muy importante en balanza de pagos. En julio de 1977, el déficit de la balanza de pagos apuntaba hacia los 5.000 millones de dólares, de los que ya se habían registrado en el mes de junio 3.166 millones de dólares. Nuestras reservas netas de divisas al 30 de junio sumaban 3.729 millones de dólares. Puestas esas cifras en relación con la crisis actual, nos dicen que las reservas de entonces no habrían sido suficientes para pagar el aumento de la factura petrolífera en 1980, que ascenderá a unos 5.000 millones de dólares. El déficit de la balanza de pagos se hubiese agravado en 1977.

La crisis energética de 1979-1980 llega después de un ajuste importante en la balanza de pagos que sorprende a la economía española con un supéravit del orden de los 1.200 millones de dólares y con unas reservas de 13.237 millones de dólares, que permiten afrontar con holgura el formidable aumento de los precios de los crudos.

Todo ello lleva a una conclusión clara: el ajuste de precios y de balanza de pagos que nuestra economía ha conseguido con esfuerzo y perseverancia desde julio de 1977, es de todo punto imprescindible, de modo que cualquier mirada hacia los acontecimientos futuros nos obliga a perseverar en este esfuerzo. Nuestros problemas no se arreglarán con dosis crecientes de inflación o incurriendo en desequilibrios de la balanza de pagos, sino tratando de reducir con inevitable esfuerzo el crecimiento de los precios y mejorar el saldo de nuestro comercio exterior a través de una política exportadora.

Las debilidades de la economía española al llegar esta crisis aguda del petróleo de los años ochenta se hallan en la escasa realización de los otros ajustes: el ajuste de la estructura productiva, que obligaba a impulsar la oferta energética del país en líneas productivas sustitutivas del petróleo (carbón, gas, nuclear) y a emprender con más decisión de la que se ha hecho un programa de conservación de la energía. Obligaba también a otros ajustes productivos no tan evidentes, pero no menos importantes: aumentar la oferta de nuestras materias primas, cuyos precios internacionales se han encarecido siguiendo su tradicional simpatía con las alzas de la energía; y a reforzar nuestra producción agroalimentaria, en la que se anuncian debilidades que van a tener traducción futura sobre el nivel de los precios de consumo. Esos ajustes productivos fuerzan también a considerar la reconversión de los sectores productivos con problemas, como la siderurgia, a construcción naval y los bienes de equipo, en los que los programas de ajuste, a la crisis se llevan con parsimonia y con poca decisión. Finalmente, el ajuste productivo obliga a empujar aquellos sectores que pueden llevar un poco más de empleo a las regiones que padecen un paro especialmente intenso. El hundimiento actual de la industria de la construcción se corresponde poco con la diligencia «que demandaría del mismo la situación.

En cuanto a los ajustes propiamente energéticos, es de notar la elevada cantidad de energía que nuestras estructuras económicas requieren para su normal funcionamiento. Al encontrarse España en un nivel de desarrollo industrial intermedio, ocurre que el peso del sector industrial dentro de la economía nacional es comparativamente más elevado que en otros paises más avanzados, en los que está más desarrollado el sector ser vicios. Además, en nuestra propia

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estructura industrial, las industrias de base tienen también un peso relativo mayor que en otros países. Teniendo en cuenta que la industria consume más energía que los servicios, y que lo mismo les ocurre a las industrias básicas respecto de las demás, es fácil concluir que es una situación normal que la intensidad energética de la producción española sea más alta que la de muchos otros países occidentales. Así, mientras en 1977 en España se precisaba consumir 1,38 tec para producir mil dólares EEUU de 1970, en Alemania sólo se necesitaban, 1,18; en Australia, 1,23; en Italia, 1,20, o en Japón, 1,18. En otras palabras, nuestro sistema económico es más ineficiente en términos energéticos.

Más preocupante que este valor absoluto es su evolución en el tiempo, ya que, por ejemplo, mientras en Alemania era de 1,25 en 1960 (es decir, mayor que en la actualidad), en nuestro caso era en dicho año mucho menor (1,27), y fue creciendo progresivamente hasta 1973, para estabilizarse prácticamente desde entonces. Si bien esto significa que la primera crisis del petróleo obligó a cierta reconversión industrial, también significa que ésta no ha sido lo suficientemente enérgica como para que nos encontremos en una vía de saneamiento energético, sino más bien de: estancamiento estructural. El esfuerzo que queda por realizar en esta dirección es, pues, considerable.

Finalmente, quedan los ajustes en otro plano fundamental a la crisis. El del sistema económico. Un país debe economizar sus recursos, cerrar todos los escapes hacia el despilfarro, conseguir, en definitiva, que cada peseta gastada luzca en el aumento máximo posible de la producción y del empleo. A ese propósito deben servir las reformas del sistema económico. Las reformas que el sistema económico español necesita incorporar son amplias y se han aplazado desde siempre porque se oponen frontalmente a un conjunto de intereses poderosos. Es ante todo necesario extender el sistema de economía de mercado, dando realidad al artículo 38 de la Constitución española. Es evidente que la liberación del sistema financiero, del comercio interior y del comercio exterior, constituyen tareas que deberían ser inmediatas, porque nadie niega públicamente su necesidad, y es también claro que las reformas deben extenderse al campo del sector público y al de las relaciones laborales o industriales.

El sector público necesita consolidar la reforma de su sistema tributario, y esta consolidación pide que la reforma de la Administración fiscal se corresponda con la nueva y mejor distribución de la carga tributaria a que aspiran las nuevas leyes fiscales. Perder la guerra de la reforma fiscal cuando se ha ganado su primera batalla, al extender el convencimiento en la sociedad española de la general exigencia de los impuestos, sería perder un activo de un enorme valor, porque, sin una distribución justa de la carga, fiscal, es imposible lograr la solidaridad necesaria para desarrollar el plan económico que la lucha contra la crisis reclama.

La culminación de la reforma del sistema tributario debe ir seguida por aquellas reformas que faciliten la financiación con deuda pública del Estado. Tenemos que ser conscientes de que los impuestos no pueden financiar el total de los gastos estatales y el sector público debe encontrar en la deuda un camino accesible y viable para cubrir sus necesidades financieras.

La otra gran reforma del sector público, la del gasto público y la de las empresas públicas, debería absorber una atención prioritaria del Gobierno y de la propia Administración. Hay un convencimiento personal de que el Estado no gasta bien, y existe una opinión generalizada de que las empresas públicas acumulan déficit excesivos, que deben limitarse si queremos administrar mejor los recursos escasos de que disponemos. El país necesita una prueba clara de una buena administración del gasto y de la empresa pública.

La nueva ley de Relaciones Laborales debe ser el principio de unas relaciones industriales distintas, acomodadas a principios europeos. Una ley, sin embargo, no es suficiente para tener estas relaciones, y el mundo empresarial y el del trabajo deberían buscar un entendimiento sobre la base del nuevo cuadro legal que tratase de responder a los retos de la crisis

Estos cuatro ajustes a la crisis: el ajuste de la inflación, el de la balanza de pagos, el de la estructura del sistema productivo (con especial atención al sector energético) y el del sistema económico, deberían inspirar una respuesta coherente y completa de la sociedad española frente a los problemas que la crisis económica plantea. Una respuesta total en la que se combinen los distintos ingredientes que requiere la lucha contra la crisis, sin limitarlos exclusivamente al sector energético, porque éste debe ser una parte importante dentro de un todo. La solidaridad, la responsabilidad y el realismo pueden y deben exigirse a la sociedad española para dar una respuesta completa a los problemas que la crisis nos plantea en esta década que vamos a iniciar, con incertidumbres, con problemas, pero, a pesar de todo, si esa respuesta se da, con esperanzas.