Coplaco paraliza una posible urbanización ilegal

La comisión delegada de Coplaco decidió, en la reunión que celebró el pasado miércoles, ejercer toda clase de acciones para impedir quesean urbanizados unos terrenos calificados como rústicos, situados junto al monte de El Pardo, en su límite norte, por considerar que tal posibilidad «constituye un atentado contra una zona de enormes valores de carácter natural, así como una burda parcelación, con peligro de que se forme un núcleo de población».

La urbanización que se pretendía realizar, denominada Los Pajarejos y promovida por Urbanizaciones y, iba a estar asentada sobre suelo calificado como rústico, lo que, de acuerdo con la ley del Suelo, supone que no se pueden efectuar parcelaciones por debajo de los 25.000 metros cuadrados ni dedicar el terreno a otro uso que no sea el puramente agropecuario. Las construcciones a realizar en un suelo de tales características no deben rebasar un volumen de construcción de un metro cúbico por cada metro cuadrado de parcela.

Sin embargo, los promotores de la urbanización anunciaban la venta de parcelas de 25.000 metros cuadrados —el mínimo previsto por la ley— para «disfrutar de la naturaleza en toda su plenitud», a la vez que calificaban la zona como «un hermoso y salvaje territorio».

La asociación ecologista Aepden denunció públicamente la posibilidad de que se tratara de una urbanización encubierta sobre suelo rústico (véase EL PAÍS del 16 de octubre). La citada asociación trataba de preservar el equilibrio ecológico del monte de El Pardo, junto al que se encuentran los terrenos, dado que la posible urbanización se hubiera asentado justo en el corredor que sirve de salida de las aves del monte, del que paralelamente, Aepden sigue defendiendo su declaración como parque nacional.

La denuncia ha surtido su efecto en el organismo planificador del Área Metropolitana y en base a la ley del Suelo y al Plan Especial de Protección del Medio Físico, ha requerido al Ayuntamiento de Colmenar Viejo para que, dentro de sus competencias yen colaboración con el Gobierno Civil paralice «con carácter efectivo» las obras que habían comenzado a realizarse en Los Pajarejos. Carlos Conde Duque, el delegado del Gobierno en Coplaco, aseguró, durante una rueda de prensa celebrada ayer por la mañana, que las únicas obras que habían llegado a realizarse son la apertura de unos cuantos caminos de tierra, la instalación de unos postes para el tendido eléctrico y la construcción de un depósito para el agua potable.

Sin embargo, Coplaco ha requerido a Hidroeléctrica Española, al Canal de Isabel II y a Casrama para que no suministren ni energía eléctrica ni agua.

Paralelamente han sido solicitados informes a la Diputación Provincial y al Ministerio de Agricultura sobre si alguno de los dos organismos hubiera autorizado la realización de accesos a la finca y mejora de los caminos interiores, para, si así no fuera, proceder contra los promotores.

Fuentes de la asociación Aepden mostraron su satisfacción por la decisión adoptada por Coplaco, si bien «esperamos que no sea un hecho aislado y no se permitan en otras ocasiones acciones similares en otros puntos de la sierra y especialmente en el corredor que atraviesa el monte de El Pardo». Aepden pide también que «la Administración siga esa misma línea en otros casos y que no se trate de una acción aislada destinada a dar una buena imagen pasajera.

Por su parte, el director gerente de Urbanizaciones V declaró a EL PAÍS que ellos han actuado dentro de la más estricta legalidad y que en todo momento se han ajustado a lo previsto en la ley del Suelo y el Plan General de Colmenar Viejo. «Si esas leyes son malas», añadió, «lo que hay que hacer es anularlas y hacer otras nuevas. Mientras, nosotros seguiremos creyendo que estamos dentro de la legalidad.» Según el director de la promotora de la urbanización —que piensa que «todo es producto de presiones políticas»—, la propia Coplaco autorizó, en 1968, la presentación de un plan parcial de la urbanización y facultó al Ayuntamiento de Colmenar, en junio de este año de 1979, para conceder la licencia correspondiente a las obras menores realizadas. El plan parcial en cuestión fue aprobado por la Corporación municipal en julio de 1969 y sometido a información pública, sin que se presentara ninguna alegación.

El propio director de la urbanización informó, en julio de 1978, a la inspección técnica de Coplaco que se iban a efectuar segregaciones en parcelas no inferiores a los 25.000 metros cuadrados previstos por la ley, sin que Coplaco contestara a tal manifestación.