El proceso autonómico previsto en la Constitución

UCD y PSOE estudian una fórmula para "racionalizar" reivindicaciones autonómicas

Existe una coincidencia básica entre las direcciones, a nivel del Estado, de Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sobre la conveniencia de racionalizar el proceso autonómico, aunque no se ha llegado todavía a ningún acuerdo preciso. Un principio de solución podría consistir, según las altas fuentes de ambos partidos consultadas por EL PAIS, en aceptar una interpretación constitucional -avalada por un dictamen jurídico que obra en poder de ambos partidos- que permitiera a las nacionalidades o regiones que opten por la fórmula del artículo 143 elegir una asamblea propia, sobre cuyo carácter, legislativo o no, todavía tienen que pronunciarse los expertos.

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La preocupación fundamental de ambas direcciones por llevar a la práctica el propósito de gradualización con que se elaboró la Constitución, en lo relativo a la conversión de un Estado centralista en un Estado de las autonomías, choca con las aspiraciones de las bases de ambos partidos -especialmente acusadas entre los socialistas- en la periferia. El encauzamiento de las aspiraciones autonómicas a través de la iniciativa prevista en el articulo 151 es considerado por responsables de UCD y PSOE como un semillero de problemas y de complejidades jurídicas y políticas, entre las que no es la menor las posibles frustraciones que se producirían en algunos territorios de no lograr el alto quorum de votos exigidos -mayoría absoluta del censo de cada provincia- en el referéndum de iniciativa autonómica.Sin embargo, la posibilidad de cambio de vía a la fórmula del articulo 143 no cuenta con aceptación en la mayoría de los países del Estado, ya que la autonomía obtenible por esta vía ha venido siendo considerada de segunda categoría, y muy distante de la lograda por el País Vasco y Cataluña. Como se explica con más detalle en las páginas que siguen, esta valoración arranca de las seguridades que un Estatuto elaborado por el procedimiento del artículo 151 ofrece a la comunidad autónoma de que contará con una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un tribunal superior de justicia.

Precisamente, el dictamen jurídico aludido, que estudian las cúspides centrista y socialista, argumenta que la organización institucional autonómica citada no excluye que las comunidades autónomas que opten por la vía del articulo 143 no puedan contar con algún tipo del instituciones similares y, concretamente, con una asamblea representativa. En lo que se encuentran divididos en este momento los dos primeros partidos parlamentarios es en el carácter de esta asamblea. Para UCD no es preciso que cuente con competencias legislativas, mientras que el PSOE estima imprescindible su carácter legislativo.

El apoyo constitucional de la fórmula seria, en todo caso, uno de los apartados del artículo 147 -curiosamente equidistante entre el 143 y el 151-, en el que se alude a «las instituciones autónomas propias» de las comunidades que elaboren su estatuto por el procedimiento del 143. En definitiva, se tratarla de primar esta vía de iniciativa autonómica, que hasta ahora ha tenido menos aceptación entre los partidos, pero que asegura un acceso más sosegado y sencillo a la autonomía. El argumento decisivo que se encuentra en estudio para la persuasión de quienes desean para su comunidad autónoma las máximas cotas de autogobierno reside en las seguridades que el Gobierno y el Parla mento sean capaces de dar sobre la identidad final de los techos autonómicos a obtener, o en la rebaja de las propias aspiraciones con base en las dificultades de superar e referéndum de iniciativa autonómica.

A nivel particular, los miembros de la dirección del PSOE manifiestan que existe una mayor racionalidad en los planteamientos que hace el partido a nivel de Estado que en los realizados en la periferia. Según informó a EL PAIS un miembro del comité ejecutivo federal, el PSOE dedicará los próximos días navideños a estudiar en profundidad el proceso,autonómico. Como criterio personal adelantó que la necesaria racionalización deberá materializarse en el traspaso de competencias del Estado a las comunidades autónomas, pero no en el frenazo de los estatutos. Sobre las preocupaciones expresadas por UCD, en relación con la excesiva burocratización de algunos órganos preautonómicos, y concretamente la Junta de Andalucía, el dirigente socialista citado reconoció que «cuando a un andaluz le cueste más obtener un papel en Sevilla de lo que le venia costando conseguirlo en Madrid será preciso revisar los criterios autonómicos, porque algo fallaría en el propósito esencial de democratizar la vía política y administrativa y acercar al pueblo a los centros de poder».

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La pugna entre centristas y socialistas se concreta en las acusaciones de los primeros de que el Gobierno ha encarrilado muy mal todo el proceso autonómico, mientras que UCD critica que los dirigentes socialistas sean incapaces de imponer sus criterios sensatos a sus bases exacerbadamente autonomistas, y que incluso en algunos casos, como ocurrió -según dicen- con el Estatuto gallego, se coloquen al frente de aquellos a quienes no han sido capaces de convencer.

En esta línea, el ministro para las Relaciones con las Cortes y secretario general de UCD, Rafael Arias Salgado, manifestó recientemente, durante una cena-coloquio en el Colegio Mayor San Pablo, que «a la izquierda no le interesan las pequeñas comunidades, porque sus supuestos ideológicos no sirven en los sitios pequeños. Si apoya las autonomias es porque el electorado lo exige». Afirmó también que el Estatuto gallego y el de Sau son prácticamente iguales, si bien las transferencias de competencias se realizarán de distinta forma, gracias a una cláusula que dijo«incluiremos en todos los estatutos venideros, y no habrá acuerdo en la Comisión Constitucional del Congreso mientras no se incluya, ya que somos mayoria».

Otras altas fuentes de UCD confirmaron a EL PAIS que la fórmula del Estatuto gallego, a pesar de las criticas no razonables que ha suscitado, puede ser la base para solucionar los problemas que plantearán los próximos estatutos, sin perjuicio para las cotas autonómicas a conseguir.

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