¿De quién es el aire?
El espectacular aumento de la concentración de contaminantes atmosféricos en el aire de los más importantes núcleos de población españoles ha vuelto a poner de actualidad un problema profusamente tratado en los últimos años desde diversos sectores sociales y, desgraciadamente, nunca afrontado con la suficiente amplitud y profundidad para conducirle por las vías razonables de la solución.Desde los tiempos más antiguos, el hombre consideró inagotables diversos recursos naturales, como la madera, el agua o el aire. Pronto comprobó que el primero, por su estaticidad y largo período de renovación, no tenía tal carácter y aprendió a ciudarlo y protegerlo, y, como consecuencia, a incluirlo de forma concreta como una de sus pertenencias.
Con el recurso agua, y particularmente con las que no corresponden a yacimientos subterráneos localizados, el concepto de propiedad tuvo una aparición posterior, y no de forma individualizada, sino comunitaria. De ahí que su gestión fuera en general encomendada a organismos públicos y que incluso se llegara a cuerdos entre naciones para la regulación de su aprovechamiento.
Al recurso aire todavía no le ha llegado el momento. Aunque ya ha desaparecido la idea de que la atmósfera es una enorme cavidad, sin principio ni fin, donde «todo cabe», la cristalización práctica de la situación real aún no ha podido organizarse de forma coherente. No tratamos de decir que a escala planetaria el recurso aire sea un bien escaso, no; pero sí es preciso indicar que es necesaria la ordenación de su uso para evitar situaciones como la que recientemente hemos padecido a escala regional o urbana.
Estas situaciones muestran palpablemente la necesidad del cambio de conciencia sobre la propiedad del aire y, particularmente, sobre la planificación de su uso comunitario.
No es posible seguir aceptando, en una actitud pasiva, la carencia de una política racional de ordenación territorial y, particularmente, de ordenación urbana. Se impone claramente la necesidad de ella y además la consideración de estas cuestiones ambientales de forma prioritaria dentro de su contexto general.
Los ayuntamientos actuales, que han heredado unas estructuras claramente insuficientes y equivocadamente organizadas, deben plantearse de forma profunda su reforma, a fin de dotarlas del contenido tecnológico y la eficacia necesarias para luchar contra unos problemas cuya solución pasa necesariamente por una correcta aplicación de la técnica y de la planificación urbana.
No es posible tampoco seguir aceptando, en una actitud igualmente pasiva y probablemente ciega, la política exclusiva de las medidas eventuales o de emergencia, que recuerdan en términos de sabiduría popular aquello de que «nadie se acuerda de santa Bárbara ... » Se hace cada vez más imprescindible la definición de una política global, profunda y coherente, que, entrando en el fondo de la cuestión, planifique a un plazo corto, pero realista, la utilización de nuestro recurso aire, que quizá a escala nacional no sea tan escaso como pudiera parecer.
Y no es posible aceptar las razones de los que aducen problemas económicos para justificar la dilación de la puesta en práctica de esta política, porque existen otras razones, al menos tan poderosas, para lo contrario, y entre las que caben destacar sin ningún afán exhaustivo las siguientes:
1. Prioridad de la vida y de la salud humana como valores fundamentales frente a otros cualesquiera. Además, su propia naturaleza, no cuantificable en términos pecuniarios, hace imposible la realización del balance económico frente a las inversiones necesarias para la prevención del daño.
2. Posibilidad de creación de una nueva línea tecnológica y administrativa que genera numerosos puestos de trabajo de forma directa, y otra serie importante de manera indirecta, a través de un fuerte efecto multiplicador en un momento de gran penuria en la sociedad española.
3. Desarrollo de una tecnología de vanguardia capaz de funcionar como sector punta y arrastrar tras de sí a otros sectores
Tal vez sería necesario plantear, de forma similar a como se ha hecho con el agua, los conceptos de concesión de captación y concesión de vertido, para esas plantas industriales que emplean miles y miles de toneladas; de nuestro oxígeno atmosférico en sus procesos de combustión o de producción, y hacerlo extensible a todo aquel que, de un modo particular, disfute de un bien público: nuestro aire. La Administración podría estudiar, en cada caso, la exención de este trámite a todos aquellos que devuelven a la comunidad lo que han tomado de ella «en las mismas condiciones de utilización» que lo captaron.
En definitiva: una actuación seria, eficaz y coherente, para evitar que la morbilidad y mortalidad de los sectores más débiles de nuestra población: ancianos, enfermos y niños, crezcan a niveles tan lamentables como indudablemente lo han hecho estos días en las grandes ciudades, según conocen nuestras autoridades sanitarias, que tal vez, en algún momento, pasado el miedo al alarmismo general, nos lo hagan saber de alguna manera.
(*) Doctor en Ciencias Químicas, profesor de Contaminación Ambiental de la Universidad Complutense.
