Comisiones Obreras insiste en sus mociones contra el Estatuto de los Trabajadores

La comisión ejecutiva de CCOO ha decidido convocar una campaña de movilizaciones en las principales capitales de provincia, coincidiendo con el comienzo de los debates del Estatuto de los Trabajadores en el Pleno del Congreso de los Diputados (día 12 de diciembre).

La comisión ejecutiva -según ha hecho público- considera de primer orden y fundamental la tarea de impulsar a todos los niveles la movilización de los trabajadores, con el fin de presionar al Gobierno «para que negocie un estatuto democrático». La central se reafirmó en su «voluntad de lograr unos acuerdos positivos para los trabajadores», constatando las dificultades de llegar a un acuerdo-marco interconfederal, derivadas fundamentalmente de la dureza de la CEOE. En una extensa nota hecha pública ayer, la ejecutiva denuncia la política retributiva para los empleados de la Administración pública contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 1980. Considera CCOO que la fijación de un incremento del 12,5% sobre la masa salarial supone una considerable pérdida del poder adquisitivo del millón y medio de trabajadores afectados por esta medida. «Todo ello, junto a la negativa de reconocerles el derecho a negociar sus incrementos salariales, sólo contribuye», asegura la central, «a entorpecer el desarrollo de las relaciones laborales en la Administración pública, aumentando el descontento entre los trabajadores que dependen de ella.»

Por todas estas razones, la nota de CCOO acaba exigiendo la apertura inmediata de negociaciones con las centrales sindicales representativas en los sectores afectados (Administración central e instituciones, Administración y Seguridad Social) para establecer los criterios adecuados de distribución de la masa salarial, no contemplados en los Presupuestos.

Durante la reunión, la ejecutiva analizó también los resultados de las movilizaciones por el estatuto del pasado 29 de noviembre, considerándolas claramente positivas y reveladoras del rechazo masivo de los trabajadores hacia el estatuto dictaminado por la Comisión de Trabajo del Congreso.

La comisión ejecutiva denuncia la campaña de desinformación a la opinión pública que llevan a cabo Radiotelevisión Española y otros medios de comunicación, que «en unos casos han silenciado y en otros tergiversado completamente el carácter, desarrollo y resultados reales de la campaña de movilizaciones, paros y asambleas del 29 de noviembre». También rechaza enérgicamente la intromisión de algunos gobiernos civiles, como el de Madrid, en áreas que no son de su competencia, declarando ilegales algunos paros parciales o adoptando medidas de coacción contra los trabajadores. «En la misma medida», asegura la ejecutiva, «es rechazable la actitud del Ministerio de Trabajo, que, con métodos semejantes a los utilizados por el desaparecido Servicio de Información Sindical, ha pretendido confundir a la opinión pública con cifras y datos de participación muy lejanos a la realidad.»

Sobre jornada, horas extras y pluriempleo, el consejo se ratificó en el mantenimiento de las cuarenta horas semanales, así como en la desaparición de las horas extras y del pluriempleo para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.