La reordenación del subsector petróleo prevé la constitución de dos grupos en torno a Enpetrol y CEPSA

La necesidad de reordenar el subsector petrolero español está siendo planteada nuevamente en medios públicos y privados, en los que no se descarta una toma de decisiones a corto plazo, encaminadas a coordinar y concentrar la actual dispersión de intereses y participaciones -públicas y privadas- en materia de exploración, refino y transporte de crudos petrolíferos. La idea, planteada ya en varias etapas anteriores, ha sido frecuente motivo de tensiones entre los sectores público y privado, las empresas y distintos estamentos y órganos de la Administración del Estado. En esta ocasión parece imperar una mayor cohesión interna en privados y estatales.

La novedad esencial que se advierte en el actual replanteamiento del proyecto de reordenar el subsector petrolero español parece ser la desaparición casi total de las tradicionales tensiones entre el Instituto Nacional de Industria (INI) y la Dirección General del Patrimonio (Hacienda); los dos entes estatales a través de los que se instrumenta la participación pública en las empresas petroleras. Esta distensión arranca de las instrucciones del vicepresidente económico, Fernando Abril, partidario de lograr urgentemente una efectiva coordinación de todas las actividades públicas en el subsector petróleo, garantizar la supervivencia de las empresas privadas y evitar procesos de fusión, que provocarían tensiones innecesarias en estos momentos. El vicepresidente se ha mostrado reiteradamente opuesto al proyecto de integración vertical que suponía la creación de un ente petrelero público en el país.Desde hace unos meses, una comisión informal, en la que se integran representantes de Hacienda, patrimonio, industria y el INI, se reúne semanalmente para estudiar los planes de actuación de las respectivas empresas públicas y tratar de alcanzar una eficaz coordinación. Al mismo tiempo, los integrantes de la comisión (comisario de Energía, presidente del INI, subsecretarios de Industria y Hacienda, director de patrimonio y delegado del Gobierno en CAMPSA) trabajan en el diseño de un plan de reordenación petrolera, contemplando esencialmente la actual dispersión de los intereses públicos en materia de exploración, refino y transporte de crudos. Fruto de estos trabajos es la existencia de dos propuestas concretas -ya formuladas por escrito- de INI y patrimonio, a partir de las cuales se elaborarán unas conclusiones que serán remitidas al Gobierno, previsiblemente antes de que concluya el presente año.

Sector público

Las propuestas del sector público se centran en la idea de tomara Enpetrol (grupo INI) como cabeza de fila de los intereses petroleros estatales en las áreas de compras, transporte y refino de crudos. Para ello, Enpetrol plantearía una ampliación de capital que suscribiría íntegramente el patrimonio del Estado, mediante la aportación de su actual participación en Petroliber (La Coruña). Como resultado de esta operación, Petroliber pasaría a ser filial de Enpetrol, en la que participarían INI (50-60 %), patrimonio (13-20 %) y los actuales accionistas privados de la refinería gallega (10-20 %), con un paquete minoritario y representación en el consejo.También podría integrarse en la operación, como nueva filial de Enpetrol, la sociedad de exploración Eniepsa (grupo INI), a la que se unirían los activos en esta materia de CAMPSA y el Monopolio. Con ello, Enpetrol pasaría a ser el primer grupo en dimensión del país. Hispanoil (también grupo INI) se mantendría en su estado actual, aunque tendería a especializarse en la compra de crudos con destino a la cuota de Comercio y concurrencia a las posibles concesiones exploratorias en el exterior.

La propuesta defiende, finalmente, una separación clara de los activos y competencias de CAMPSA (como sociedad) y el Monopolio (ver EL PAIS de ayer), y deja en suspenso el tema de Petronor (Bilbao), hasta que se conozca la decisión adoptada por Petróleos Mexicanos (Pemex) respecto de su opción de compra, que expira en septiembre del próximo año 1980.

Las propuestas del sector privado se encuentran, según fuentes solventes, menos elaboradas, aunque sí se perfilan algunas conclusiones claras. El protagonismo privado corresponde a CEPSA (grupo Banco Central), empresa con medio siglo de experiencia en el negocio petrolero y a la que todos alaban por su eficaz gestión. Junto a CEPSA se alinean varias sociedades petroquímicas de cierta importancia, con Alfonso Escámez al frente de sus intereses. Otra empresa privada es Petromed (grupo Banesto), pequeña refinería instalada en Castellón por Exxon, cuya actividad es esencialmente de maquila, dado que carece de capacidad de compra de crudos. Se considera que, a pesar de poseer una fácil operatividad y una estructura de costes favorable, se encuentra bloqueada por el sector público (Tarragona y Cartagena). La otra refinería privada está instalada en Huelva y pertenece a Explosivos de Río Tinto.

Los responsables del sector público abogan por la integración de Petromed y Explosivos-Huelva en CEPSA, pero el sector privado se muestra receloso al respecto y plantea otras alternativas. Los privados se oponen a que el sector público controle las refinerías del norte -más industrializado y urbano- y les deje relegados al sur. Por ello, plantean que Petromed se incorpore a Enpetrol y Petroliber a CEPSA, alternando mayorías y minorías, públicas y privadas. Otros estiman que CEPSA debería contar con una planta en el norte, entrando en Petronor, manteniendo CAMPSA su participación.

El esquema se cierra con la postura de CAMPSA, cuya pretensión ha sido la de reforzar su cartera de participaciones, a la vista de su alto grado de liquidez (7.000 a 8.000 millones de pesetas). De hecho, directivos de CAMPSA han pretendido adquirir la participación de la multinacional Marathon (28%) en Petroliber e incluso la refinería onubense de Explosivos. La postura de algunos responsables de la sociedad administradora del Monopolio es considerar que el grupo petrolero debería girar en torno a CAMPSA y no alrededor de Enpetrol, ya que la primera sociedad controla la distribución, actividad que consideran clave en el subsector, junto a la compra de crudos. El grupo privado ve con recelo esta posibilidad y considera más razonable organizar dos grandes grupos en torno a Enpetrol y CEPSA, repartiendo el negocio en materia de distribución. Por otra parte, CAMPSA sólo cuenta actualmente con mayoría en Petronor y este dominio es finito, bien por entrada paritaria de Pemex o porque los privados ejerzan el derecho de tanteo en caso de renuncia de los mexicanos.

La decisión final no estará, a la vista de las posiciones, exenta de componente política, ya que la negociación se adivina de altura. Figuras como Alfonso Escámez (Central), Alfonso Fierro (Petroliber-Central), Juan Herrera (Banesto), José Miguel de la Rica (INI), Arturo Romaní (Patrimonio), Carlos Bustelo (Industria), Jaime G. Añoveros (Hacienda) y los representantes de Explosivos-Urquijo-Hispano, intervendrán en la liza. Fernando Abril y el propio Adolfo Suárez deberán mediar, sin duda, en un forcejeo en el que todos pondrán en juego su capacidad de convicción y poder de decisión.