La integración de Minas de Figaredo en el INI

La integración de Minas de Figaredo en el Instituto Nacional de Industria (INI), próxima a debatirse en el Parlamento, constituye una importante piedra de toque para conocer la actitud del Gobierno y los partidos políticos respecto al futuro del sector público en este país. Otras empresas privadas, prácticamente en bacarrota por mala gestión u otros factores, aguardan también la oportunidad de integrarse en el INI y contemplan interesadas la decisión final del caso de la empresa minera asturiana.Ninguna de las fuerzas políticas ha definido con claridad su postura respecto al papel del sector público en la economía española. Tampoco lo han hecho las fuerzas sociales. El partido gubernamental tiene congelado desde hace más de dos años un proyecto de estatuto de la empresa pública, comprometido en los pactos de la Moncloa, y continúa utilizando -más o menos asiduamente- las empresas públicas como refugio para políticos residuales o en expectativa de destino.

La izquierda parlamentaria pone el grito en el cielo al contemplar la cuenta de resultados de Hunosa, Ensidesa y tantas otras sociedades deficitarlas, pero se une a la demanda generalizada cuando se trata de integrar nuevos muertos en el holding estatal, como el caso de Minas de Figaredo ha demostrado. Las centrales sindicales respectivas también exigen frecuentemente el paso de esta o aquella empresa privada en dificultades al sector público. Y, lo que es más grave, presionan socialmente, hasta extremos increíbles, para ahondar todavía más las diferencias salariales entre los sectores público y privado, en cada negociación de convenio, con el respaldo de sus respectivos partidos de cobertura.

Nadie ignora que los niveles salariales de los trabajadores de las empresas públicas distan mucho de los que perciben sus colegas del sector privado, y que son precisamente las empresas con mayor déficit las que soportan salarios más elevados. Y es cierto que este factor es fruto del paternalismo y la irresponsabilidad de anteriores rectores del sector público, pero convendría conocer con exactitud, lógicamente a partir de una exhaustiva publicidad, las tablas salariales reales de los trabajadores de las grandes y pequeñas empresas del sector público, a efectos de comparación a nivel sectorial e intersectorial, antes de cada negociación de convenio.

El mayor cinismo político es, sin embargo, el de la patronal. Una de las acusaciones esenciales de los empresarios y la. CEOE al Gobierno la basa en su abultado déficit presupuestario, tanto en su componente de gasto corriente como en los de inversión y explotación de las empresas públicas. Olvidan los empresarios -probablemente de forma intencionada- que un componente de ese déficit proviene de astutos encajes de empresas privadas en el INI, entre otros muchos factores. Dicho de otra manera, de la socialización de pérdidas generadas por el sector privado. Pero, además, resulta que dirigentes y asociados ilustres de CEOE acaban de protagonizar, protagonizan, y sin duda seguirán protagonizando, operaciones similares, colocando al sector público los resultados de su propia ineficacia.

El ejemplo de Minas de Figaredo ilustra ampliamente respecto de la concepción que tienen los empresarios privados del sector público. Minas de Figaredo limita geográficamente en sus pozos con Hunosa (uno de los grandes encajes del capitalismo español al INI), en la que no quiso integrarse porque la explotación era entonces rentable y porque sus dirigentes estimaron que el Gobierno inflaría artificialmente los precios del carbón para paliar los déficits de la empresa pública. En lugar de esa opción, los sucesivos gabinetes optaron por traspasar íntegramente las pérdidas de Hunosa al Tesoro, manteniendo controlados a la baja los precios del carbón. Dejando al margen las importantes repercusiones que esta política ha tenido para las empresas mineras, lo cierto es que los dirigentes de Minas de Figaredo decidieron, a la vista de la situación, iniciar una operación de abandono de la explotación, suspendiendo las inversiones.

Hunosa está lo stificientemente cerca de Figaredo y su déficit es ya tan abultado, que «no cuesta nada incorporar sus pozos a la ya mastodóntica estructura de la sociedad estatal». El razonamiento -manejado profusamente- se completó en su día con la amenaza y hasta el chantaje social, al que, por cierto, prestaron su apoyo permanente y entusiasta las centrales sindicales y los partidos de izquierda.

Será, sin duda, ilustrativo contemplar las posturas de cada uno de los partidos en el debate parlamentario. Desde UCD, cuyo Gobierno intentó el encaje al viejo estilo, hasta la izquierda parlamentaria, cuyos dirigentes asturianos tanto han abogado por la integración de Minas de Figaredo en Hunosa por la vía rápida.

Sería de desear que, en esta y futuras; ocasiones, el debate parlamentario incluyera la explicación clara y, veraz de córrio se ha alcanzado la lamentable situación de la empresa, qué carga supone para el sector público absorberla y cuáles son su situación real y expectativas de futuro. Es decir, que se produzca un auténtico debate no un trámite previamente consensuado sobre los bolsillos de todos los españoles.