Polémica por la privatización de un hospital público de Barcelona

El proceso de privatización que afecta al hospital del Sagrado Corazón, de Barcelona, el más moderno de la ciudad, se produce paralelamente al ofrecimiento al Ministerio de Sanidad de la posibilidad de crear un consorcio de hospitales públicos y semipúblicos barceloneses. La privatización del centro ha originado una muy fuerte inquietud en la Consejería de Sanidad y, más en especial, en la dirección de los servicios sanitarios municipales. El alcalde de la ciudad ha convocado al presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona para abordar el tema, mientras evitaba la publicidad de una nota oficial de los servicios de sanidad municipales, que criticaba la posible privatización. En la mañana de ayer, los médicos del hospital, reunidos en asamblea, acordaron instar la intervención de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona.

Barcelona, ciudad con un enorme déficit funcional en materia sanitaria, cuenta con unas 12.000 camas hospitalarias. La mitad de las mismas son públicas o semipúblicas. Las públicas en sentido estricto no sobrepasan las 4.000. Entre los centros benéficos semipúblicos (con concierto con la Seguridad Social), el hospital del Sagrado Corazón (más de 350 camas) ocupa el lugar de honor, por ser el más moderno y el mejor concebido desde el punto de vista arquitectónico y de estructura básica. Pero ello está contrarrestado por una increíble organización laboral, base del actual deseo de la entidad propietaria, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, de vender el hospital, con lo que éste pierde su carácter benéfico-social.Miembros de la Consejería de Sanidad y de los servicios de sanidad municipal y los médicos (jefes de servicio y médicos adjuntos) del hospital actúan en diversas direcciones para evitar la privatización del centro. Por un lado, varias fuentes indicaron que el tema era demasiado escandaloso para que, una vez salido a la luz pública, pudiese formalizarse la operación de venta. Pero, por otro lado, las fuentes temían, en cierto modo, la intervención personal del alcalde, Narcis Serra, que ya había parado una nota de la sanidad municipal, y cuya amistad personal con el presidente de la caja de ahorros vendedora, Eusebio Díaz Morera, es bien conocida. Todo ello se relacionaba con las dificultades financieras del municipio.

El hospital nació de una fundación benéfica creada a finales de siglo por la beata Dorotea Chupitea. Se creó un patronato con representación de la Iglesia católica, el Ayuntamiento y el cuerpo facultativo.

En los años setenta, la Iglesia renunció a la presidencia del patronato en beneficio de la Caja y accedió a la partición de los terrenos del hospital.

El cuadro médico se cubrió de forma muy singular. El patronato consideró procedente contratar sólo a jefes de servicio y enfermeras. Los demás médicos no estaban en absoluto reconocidos, sino que eran denominados médicos ayudantes del jefe de servicio, quien, en su caso, les pagaba según sus posibilidades y, desde luego, según su voluntad personal.

A principios de 1978, el centenar de médicos ayudantes -en su mayoría ya especializados plenamente-, que no estaban en absoluto reconocidos, iniciaron un movimiento para reclamar contratos laborales o civiles y una reorganización del hospital. Hubo dos solicitudes de huelga legal y finalmente el patronato -es decir, la citada Caja de Ahorros- aceptó unos sorprendentes contratos.

Resulta que los médicos ayudantes tienen ahora contratos civiles o laborales, según los casos, pero sus sueldos proceden de las cantidades que el hospital da a cada servicio, las cuales, a su vez, son función de los pagos efectuados por los enfermos o la Seguridad Social. Cuando los ingresos del servicio no alcanzan para pagar todos los sueldos, el jefe de servicio debe poner dinero de su propio bolsillo.

Dichos médicos conservan su trabajo por la experiencia y prestigio que con ello obtienen y por cuanto que pueden utilizar las instalaciones, por la tarde, para visitas privadas. La base del problema se encuentra en el mal concierto establecido con la Seguridad Social: 5.000 pesetas diarias por enfermo y cama. Pero la Seguridad Social estaría dispuesta, según todas las fuentes, a mejorar este concierto, con lo cual el hospital podría ser rentable. Lo que sucede es que, para ello, sería preciso hacer funcionar plenamente un servicio de urgencias del que ahora existen sólo unas buenas instalaciones y una mínima e ineficaz organización.

Por esta razón, la Caja ha ido buscando compradores. Primero, fue la Asistencia Sanitaria Colegial, que vio el tema claro y abandonó. Ahora el proceso de venta y privatización está ya muy avanzado. El comprador en ciernes es la entidad mutualista privada Quinta de Salud La Alianza. Las facilidades dadas a esta mutua por la Caja son enormes. Resulta que los 380.000 afiliados a la mutua, -la mayor de Cataluña- deberían pagar tan sólo una derrama de 7.300 pesetas, por una sola vez y en una fecha a elegir dentro de un plazo máximo de diez años. La cantidad podría oscilar levemente, según el momento de pago, con unos intereses iguales a los propios de un crédito personal de la Caja. Lógicamente, a los afiliados a la mutua el hecho de pagar 7.300 pesetas por un hospital les parece casi un milagro. El precio total resultante que obtendría la Caja sería de 2.800 millones, que convierte a la operación de venta en un buen negocio para el vendedor. La forma de pago sería a través de libretas de ahorro personales abiertas en la Caja vendedora por cada uno de los 380.000 afiliados a la mutua, lo cual representaría una enorme expansión para la citada Caja.

El Ayuntamiento contra la privatización

El único problema es que, evidentemente, el hospital dejaría de ser benéfico social para pasar a ser propiedad de una mutua privada. Esta fuerte posibilidad -de hecho sólo falta la aprobación formal y, por otro lado, entusiasta, por parte del consejo de la Caja- se produce una semana después de que el responsable de la sanidad municipal barcelonesa, el ex senador socialista Felip Solé Sabarís, ofreciera al ministro de Sanidad una alternativa concreta respecto a los hospitales barceloneses. La disyuntiva ofrecida consiste en la creación por el municipio de un consorcio de hospitales semipúblicos de Barcelona (que implicaría la constitución de una empresa municipal de servicios comunes) o bien que dichos hospitales pasen a depender del Estado, con su abandono por parte del municipio. Lo que el Ayuntamiento no desea es una privatización de los mismos, ni tampoco proseguir como hasta ahora.