Resurge el contencioso por la propiedad de la Dama de Baza

En abril de 1976, el Tribunal Supremo puso fin a varios años de procedimientos judiciales; por los derechos sobre la Dama de Baza, una bella escultura policromada del siglo IV antes de Cristo, al dictar sentencia a favor del propietario de los terrenos donde la singular pieza había aparecido, el granadino Antonio Vicente Lorente Reche, en su doble pleito contra la Administración General del Estado y el presidente de Catalana de Gas, Pedro Durán Farell, que financió las excavaciones. Desde entonces, la sentencia del Supremo se halla aún pendiente de ejecución, debido a distintos recursos de casación y apelaciones de unos y otros. La vista pública del primero de estos juicios se celebrará mañana, en Madrid.Las excavaciones arqueológicas en la metrópolis de la ciudad íbera de Basti, situada a tres kilómetros de la Baza actual, comenzaron en verano de 1968, dirigidas por el profesor Precedo Velo. Meses después, en febrero de 1969, el señor Lorente arrendó el cerro de la metrópolis al financiero catalán Pedro Durán Farell. Aunque en el contrato se decía que se trataba de «efectuar prospecciones geológicas y mineras, al 50%», en otro apartado del mismo se estableció que «si por casualidad apareciesen restos arqueológicos, el 75% de ellos serían para el arrendatario y el 25% restante para el propietario de la tierra»

En diciembre de 1970, cuando ya iban 78 tumbas catalogadas, el señor Lorente terminó vendiendo los terrenos al presidente de Catalana de Gas por una simbólica cantidad de mil pesetas, no sin antes reservarse el granadino una franja de seis metros de anchura.

Los arqueólogos, sin embargo, no respetaron dicha franja y, en julio de 1971, en la fosa número 155, apareció la que luego sería bautizada como Dama de Baza, precisamente dentro de los seis metros que todavía seguían perteneciendo al señor Lorente.

La sentencia del Supremo, en 1976, vino a confirmar el fallo hecho público dos años antes por el Juzgado número siete de primera instancia de los de Madrid, por el que se requería al Estado a pagar al señor Lorente el 50% del justiprecio de la Dama y se obligaba al señor Durán a devolver al granadino todas las piezas aparecidas dentro de los polémicos seis metros, así como el 25 % de las halladas en todo el cerro durante el año de vigencia del contrato de arrendamiento.

Por su parte, el señor Durán se niega a hacer efectiva la sentencia del Supremo, alegando que «no hubo casualidad en los hallazgos, como establecía el contrato de arrendamiento». Aunque el juez desestimó en principio su alegación, el presidente de Catalana de Gas interpuso recurso de apelación contra esta decisión, cuya vista se celebrará mañana en Madrid.