El Gobierno insiste en que ni negocia ni negociará con los secuestradores de Rupérez

El Gobierno debatió ayer, en Consejo de Ministros, la situación del secuestro del diputado centrista Javier Rupérez por un comando de ETA (p-m) hace ya siete días. El portavoz del Gabinete, Josep Meliá, manifestó al término de la reunión que el Gobierno se mantiene en su decisión de no negociar con los secuestradores y que, por tanto, no ha tomado ninguna iniciativa en sentido contrario.

El secretario de Estado para la Información declaró, en el curso de una rueda de prensa, que el ministro del Interior expuso un amplio informe sobre la situación en torno al secuestro, pero que «no dio informaciones detalladas sobre la marcha de las investigaciones policiales». Asimismo, el señor Meliá afirmó que «el Gobierno no es optimista ni pesimista» sobre el futuro desenlace del caso, y que, mientras tanto, «prosiguen las investigaciones policiales».Por otra parte, Josep Meliá añadió que debía advertir y reiterar de manera rotunda que «no hay conversaciones ni las habrá con los secuestradores, y que esa era la posición que se iba a mantener». Por último, declaró que desconocía cuáles eran los posibles contactos que pudiera mantener la famlia de Rupérez con ETA (p-m).

Contactos en Madrid y en el País Vasco

Aparte de la declaración pública hecha ayer por el portavoz del Gobierno, en medios políticos de Madrid y Bilbao se mantiene la impresión de que continúan los contactos oficiosos entre ETA (p-m) y representantes del Gobierno para conseguir la liberación del diputado secuestrado. En Madrid circulaban rumores relativos a la posible mediación del presidente de la Cruz Roja Española, el diputado de UCD por Teruel Enrique de la Mata Gorostizaga, quien se encontraba ayer en Lisboa para participar en una reunión técnica con sus homólogos portugueses, En la sede de la citada organización española se afirmó desconocer alguna información que pudiera confirmar este extremo, y se añadió que el citado organismo, como tal, no había sido requerido para realizar cualquier mediación.

En Bilbao, los medios políticos insisten en que el presidente del Consejo General Vasco (CGV), Carlos Garaikoetxea, mantiene una intensa actividad de contactos con otros representantes del CGV para debatir el desarrollo de los acontecimientos y las posibilidades de intervención del citado organismo autonómico en el tema, y, de manera más específica, en lo que se refiere a le segunda exigencia de ETA (p-m), relativa a la creación por el CGV de una comisión investigadora de posibles casos de tortura en el País Vasco.

En la capital bilbaína la situación se analiza de la siguiente manera: las conversaciones con ETA (p-m) en las que podrían intervenir en la actualidad personas próximas a la Administración y al CGV, se intentaría conseguir, en primer lugar, la liberación de Javier Rupérez, y como contrapartida, crearse la citada comisión investigadora, cuyo anuncio podría incluso hacerse con antelación a la liberación, aunque su constitución fuera posterior. Asimismo no se descarta la idea de que un nuevo traslado de presos de Soria a prisiones vascas pudiera convertirse en nuevo elemento negociador, con unas fechas más o menos fijas a respetar por parte de la Administración.

Por otra parte, está el juicio que se iniciará el próximo lunes en Madrid contra seis miembros de ETA (p-m) y cuya vista se mantiene, a pesar de que alguno de los abogados analizó la oportunidad de retrasarlo ante el ambiente tenso que rodeará, sin duda, el desarrollo de la reunión.

Asimismo hay que señalar que dirigentes de UCD de Madrid desmintieron ayer la información distribuida por la agencia Europa Press según la cual, tras el intento de secuestro a Gabriel Cisneros, numerosos diputados de UCD firmaron un documento en el que se señalaba que en caso de secuestro exigían que no hubiera negociación alguna con los autores del mismo. La información distribuida por la agencia señalaba que desconocía el número de firmantes y si entre ellos se encontraba el propio Javier Rupérez.

Sigue la investigación policial

En cuanto a las investigaciones policiales, nada nuevo parece desprenderse. El Ministerio del Interior permanece en el mayor de los silencios y no hizo pública ayer ninguna nota o información que permita conocer con detalle las iniciativas de los cuerpos de seguridad del Estado y sus posibles resultados en pos de la localización del lugar del secuestro y de la liberación del diputado al sexto día después de su captura.

Se sabe que íntimos colaboradores del presidente Suárez han sido sometidos a estrictas medidas de seguridad por fuerzas de la policía y que se mantienen los controles. La agencia Efe distribuyó ayer en Madrid una información en la que se dice que el director general de Policía, José Sainz, dirige personalmente las investigaciones en colaboración con los jefes de Policía de Madrid y de Bilbao, con quienes ha mantenido varias reuniones para analizarla situación.

La misma agencia señala que se mantiene la idea de que Javier Rupérez está preso en algún lugar de Madrid y que las investigaciones han rondado las urbanizaciones de Fuenlabrada y Boadilla.