El PCE acusa al Gobierno de inoperancia frente al paro

El Gobierno fue acusado ayer ante el Pleno del Congreso de permanecer inoperante ante el problema del paro en Andalucía, que el diputado comunista Fernando Soto, antor de la interpelación sobre el tema, calificó de auténtico problema de Estado, respecto al cual el Gobierno es ciego y sordo. Tanto el diputado comunista como el ministro de Economía, José Luis Leal, que le respondió, convirtieron la cuestión en un mero diálogo de estadísticas.Fernando Soto aportó, entre otros datos, que uno de cada cuatro trabajadores andaluces está en paro.

José Luis Leal compartió la gravedad del problema, y a título de introducción informó que, según las últimas estadísticas oficiales, el pasado día 30 de septiembre había en España 1.095.196 parados, de los que el 34% corresponden a Andalucía. De la política del Gobierno citó los frutos de los programas de empleo juvenil y de trabajadores con subsidio y aludió a otros proyectos.

Por otra parte, el líder parlamentario de Coalición Democrática, Manuel Fraga, pidió explicaciones al Gobierno sobre la autorización de importaciones de alubias y garbanzos, que se han realizado este año, a pesar de existir fuertes excedentes de la cosecha nacional pasada, y preverse una buena recolección para este año. El debate se saldó con un intercambio de cifras de excedentes entre el ministro de Comercio y el líder de Coalición Democrática.

Por la mañana, el socialista Ciriaco de Vicente había defendido una nueva proposición de ley de su grupo, para que las organizaciones patronales y sindicales controlen la tesorería de la Seguridad Social. En una intervención extensa y vehemente afirmó que los recursos económicos de la Seguridad Social deben ser controlados por los trabajadores y empresarios.

«El que paga », dijo, «debe controlar», sobre todo, si se trata de una cantidad de un billón setecientos cuarenta y seis mil setecientos veinticinco millones de pesetas, que se acerca al presupuesto total del Estado.

La intervención socialista provocó que subiese al estrado el ministro de Sanidad, Juan José Rovira Tarazona, quien afirmó que, si el señor De Vicente había calificado el informe del Gobierno como «burdo, tosco y grosero», igual calificativo merecía a su juicio la intervención del diputado de la oposición.

Aseguró que se había intentado confundir a los diputados, dando la sensación de que no existe ningún control financiero de la Seguridad Social, pero, dijo, «hay consejos generales que controlan el gasto. De los tres consejos generales que se crearon, al del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para no dejarlo casi vacío de contenido, se le encomendó el control de la tesorería general».