Un Estatuto para la reconstrucción de Galicia

Secretario general del Partido Comunista de GaliciaHan concluido los debates en la ponencia que discutió el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia, después de incomprensibles retrasos, aplazamientos y escaso eco en los medios de comunicación. Aspectos todos ellos a cargar en la cuenta de UCD, que en todo momento ha querido evitar incidencia en la opinión pública gallega, de los aspectos más controvertidos de su proyecto inicial y, de forma mucho más grave aún, se ha esforzado por endosar al pueblo gallego un Estatuto de segunda categoría.

Se ha debatido y continuará próximamente en la comisión la configuración de lo que, en definitiva, pueda ser la constitución del autogobierno gallego, cumpliendo así uno de los importantes presupuestos que la Constitución del Estado recoge en su disposición transitoria segunda. Dicha disposición viene al encuentro de la primera experiencia autonómica gallega, valorando la importancia de tener Galicia un estatuto plebiscitado en el pasado. Es evidente que un tratamiento semejante para Galicia, Cataluña y Euskadi parte del hecho histórico señalado y de la realidad y homogeneidad nacional de Galicia, lo que legitima la aspiración del pueblo gallego a tener un estatuto no inferior a los logrados por aquellas otras nacionalidades históricas.

Precisamente en este momento, tras un período de legalidad democrática y sin menoscabo para otras fuerzas políticas, es de justicia histórica reconocer el papel y la constancia del Partido Comunista de Galicia (PCG) en la lucha por la autonomía gallega, por el reconocimiento político de su personalidad.

En primer lugar, que en la etapa política anterior esgrimió el estatuto de 1936 como referencia clave para el establecimiento del autogobierno gallego, cuando la mayoría de las fuerzas políticas o se oponían a la autonomía, o no movían un solo dedo por su consecución.

En la misma línea, es importante tener presente que fue el partido que primero presentó un proyecto de decreto de constitución de la Xunta preautonómica; y aún más importante, que el primer proyecto de estatuto de autonomía que contemplaba la realidad gallega de hoy fue asimismo elaborado y presentado por el PCG ante la opinión pública.

En segundo lugar, conviene recordar que a esa referencia y objetivo autonómico respondió con una estrategia política que posibilitaba el logro del estatuto. De ahí y de la necesaria reconstrucción nacional de Galicia nació la política de unidad nacional gallega, que favorecía la convergencia de todas las fuerzas autonomistas, cuyo fruto más destacado fue la comisión de los dieciséis y su proyecto unitario de Estatuto.

Fue factor fundamental en el logro de las grandiosas movilizaciones del 4 de diciembre, en que cientos de miles de gallegos salieron a la calle para reivindicar su autogobierno.

Es mérito de esa política el que la lucha por la autonomía sea la más alta expresión de la reivindicación nacional gallega e instrumento esencial de la unidad de sus fuerzas. Se trata de una política que coloca por encima de sus intereses estrechos de partido el interés nacional de Galicia.

Hoy sigue vigente el esfuerzo del PCG por lograr el más amplio acuerdo de las fuerzas políticas gallegas y el relanzamiento de Galicia.

Hoy sigue vigente el esfuerzo del PCG por lograr el más amplio acuerdo de las fuerzas políticas gallegas y el respaldo de las fuerzas autonomistas a nivel del Estado, para impedir que el Estatuto de Galicia sea, por obra y gracia del Gobierno de UCD, de segunda división (por usar un símil deportivo), teniendo en cuenta, además, que se trata del primer estatuto para una nacionalidad de la España subdesarrollada.

El anteproyecto elaborado por la comisión de los dieciséis, en que estaban UCD, PSOE, PCG, PG, POG, CD y PT, fue posteriormente modificado por la Asamblea de Parlamentarios para dar lugar al actual proyecto, presentado el 28 de junio al Congreso de los Diputados, con el apoyo del PSOE, UCD y CD, si bien un tiempo después el PSOE revisó su primera valoración positiva, a impulsos de las críticas hechas al proyecto.

El PCG criticó aquel texto y propuso como objetivo inmediato lograr mejorarlo en la línea de la comisión de los dieciséis. Ello justifica nuestra insistencia en abrir un marco unitario que negocie con mayor fuerza y peso en el Parlamento y que movilice por el Estatuto al conjunto del pueblo gallego, asegurando así un autogobierno real.

Como contribución al necesario esfuerzo colectivo de las fuerzas gallegas, el Partido Comunista de Galicia presentó motivos de desacuerdo, algunos de los cuales son:

1.º La exigencia de un mayor rigor en la oficialidad del gallego, sin menoscabo de la cooficialidad del castellano, y más expresa obligatoriedad de su uso en el ámbito público de la comunidad autónoma.

2.º Subrayar el carácter principal de la representación del Parlamento, antes que cualquier otro, en tanto que expresión de la soberanía del pueblo que la Constitución consagra.

3.º Que la circunscripción electoral sea la provincia, para asegurar que el sistema proporcional no se convierta en mayoritario. Eliminar todo porcentaje mínimo para tener derecho a la representación parlamentaria..

4.º Que la enseñanza sea competencia exclusiva del poder gallego y se asegure el uso del idioma gallego en todos sus niveles y ámbitos.

5.º Dotar a la comunidad autónoma de medios para el desarrollo legislativo y ejecución del régimen de radio, televisión y prensa, así como la posibilidad de organizar sus propios canales de comunicación de masas.

6.º Destacar de forma especial aquellas competencias que se refieren al campo y a la pesca, así como dotar a Galicia de competencias y medios financieros que le permitan afrontar el subdesarrollo. Capacidad de creación del sector público por la propia comunidad autónoma.

7.º Asegurar la posibilidad de que sea el futuro parlamento quien regule, a través de la ley, la organización de la administración pública. Impedir que las diputaciones reduzcan capacidad y competencia a los órganos autonómicos.

Esas enmiendas tenían tienen como objetivo conseguir un amplio grado de autogobierno en el marco de la Constitución, asegurando que se identifiquen con el Estatuto todas las fuerzas políticas y sociales, y así asegurar la contribución activa del pueblo gallego a su propia reconstrucción nacional y a la consolidación del proceso democrático. Se apoyan en el espíritu unitario de la comisión de los dieciséis y de su anteproyecto.

Concluido el debate de la ponencia cabe una primera opinión sobre sus resultados. Una valoración de urgencia pone de manifiesto varios hechos.

En primer lugar, un extraordinario esfuerzo de UCD por reducir el impacto público del Estatuto gallego y, a la vez, por ocultar las contradicciones y tensiones habidas en su seno, además de ocultar en todo el proceso sus verdaderas intenciones de descafeinar el texto necesariamente progresista.

Es necesario resaltar la incidencia negativa. en la opinión pública gallega, que veía en la UCD de Galicia un simple instrumento del poder central y no una representación gallega, corroborado por la postura nítida de Pérez Puga y Pío Cabanillas.

En segundo lugar, un intento, afortunadamente frustrado, de realizar una política bipartidista (lo que dicho entre paréntesis no sería más que reforzar aún más el casi absoluto monopolio de UCD de Galicia y colocar al PSOE en un terreno de supeditación constante), tendente a asegurar el predominio de la derecha caciquil, y plasmado en una reducción del número de diputados al Parlamento gallego, que pasaría, según esa intención, de 120 a setenta diputados, manteniendo el tope del 3% del censo electoral, como mínimo, para acceder al Parlamento y con la pretensión de distribuir el número de diputados por provincia de forma no proporcional, sino potenciando las provincias de mayor peso caciquil (digo afortunadamente frustrado porque el PSOE mantiene aquí motivos de desacuerdo).

En tercer lugar, cabe señalar que en los últimos momentos se dio un avance importante y que valoramos positivo en cuanto a competencias en los temas de enseñanza, Seguridad Social, sanidad, radiotelevisión, hacienda.

Si bien consideramos que los debates de la comisión han de tender a corregir y mejorar aspectos decisivos, como el artículo 32/4, composición y distribución por circunscripción de los miembros del Parlamento, etcétera.

Y por último cabe destacar que ese avance fue posible gracias a la convergencia de la izquierda y a su coincidencia en casos importantes con el sector más autonomista de UCD.

Concluida esa primera etapa, se abre un período corto hasta el inicio de los debates en la Comisión Constitucional. Evidentemente aparecen dos objetivos claros. De una parte, consolidar los aspectos positivos alcanzados en la ponencia, y de otra, provocar la corrección de los aspectos negativos que el proyecto contiene e impedir se introduzca el punto cuatro del artículo 32, que consta como motivo de desacuerdo del Gobierno; lo que de continuar facilitaría las cosas a UCD en su pretensión de reducir el contenido del Estatuto.

Un segundo aspecto que favorecerá la ruptura con cierta apatía consiste en crear un frente único en base: a la solución de los aspectos fundamentales aún no contemplados en el Estatuto y en el que la unidad de la izquierda (PSOE -PCG-UG-PT) favorezca la coincidencia con sectores de UCD e incluso de CD.

Y en tercer lugar se impone la necesidad de conseguir la movilización por diferentes caminos de la opinión pública gallega, dado que la idea del Gobierno es incluso retroceder en lo conseguido, como deja ver el señor Oliart.

Fuerzas políticas, sindicales, instituciones culturales, municipios, personalidades de la vida política, cultural, etcétera; el conjunto del pueblo gallego ha de vibrar ante la necesidad de un Estatuto Progresivo.

Es conocida nuestra crítica al sector más centralista de la UCD en Galicia, pero, aun manteniéndola en muchos aspectos, se trata de ganar su postura favorable a una mejora sustancial del proyecto aprobado en ponencia. Sería un error no propiciarlo en todo lo posible, impulsándoles a tener una postura más decidida en favor de las reivindicaciones gallegas.

En reciente declaración del comité ejecutivo del PCG se señalaba, entre otros aspectos, que la política del Gobierno orientada a defender los intereses de los grandes monopolios y empresas multinacionales no tenía en cuenta ni la existencia de desequilibrios entre nacionalidades y regiones, ni el paro, ni las dificultades financieras, ni la realidad de la crisis en el campo y el mar de Galicia. Si eso es así, la mayoría del pueblo gallego, incluyendo también a la inmensa mayoría de empresarios y comerciantes, también será duramente afectada por la crisis, pero de forma más aguda por la solución antigallega que el Gobierno preconiza. Quiere ello decir que incluso sectores económicos gallegos que tienen su expresión política en UCD y que tradicionalmente vienen adoptando posturas en favor de una política más centralista van a ser lesionados en sus intereses.

El Estatuto de Autonomía, además de instrumento de organización de toda la vida política, económica, cultural, etcétera, de Galicia ha de constituir un elemento fundamental en la solución de la crisis económica. Por lo cual su contenido determinará su capacidad operativa en tal sentido, y ello justifica nuestra insistencia en abrir un marco unitario de las fuerzas gallegas, sin excepción, que negocie con mayor fuerza y respaldo en la Comisión Constitucional, frente a posiciones centralistas, y que movilice el entusiasmo del pueblo gallego para asegurar un autogobierno real.