Liberados la mitad de los detenidos ayer en el País Vasco

Del casi medio centenar de personas detenidas a lo largo del martes en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra por la policía y Guardia Civil, al menos veintiuna quedaron ayer por la tarde en libertad sin pasar ante el juez. Este extremo y la identidad de los detenidos -todos ellos militantes de partidos de la izquierda vasca, sin vinculación con las ramas de ETA- hacen pensar que la redada policial tuvo un valor de golpe de efecto dirigido a la opinión pública española, tras el reciente secuestro del diputado de UCD Javier Rupérez. Doce personas permanecían aún detenidas e incomunicadas en San Sebastián, y una en Pamplona, mientras que a los liberados se les puso «al día» la ficha policial.Por lo que se refiere a Vizcaya, cabe destacar que a la hora de redactar esta información permanecían en el cuartel de la Salve, de la Guardia Civil de Bilbao -cuerpo que se encargó de la redada en esta provincia-, ocho personas: los señores Bustinza y Artetxea, de Castillo de Elejabeitia; un joven apellidado Anzaola, de Yurre; Javier Uriarte, de Amorebieta; Martín Markiegi, de Gallarta, y los hermanos Angel y Koldo Ramos, de Lemona. De todos ellos solo se conoce la filiación de estos dos últimos, ligados a Euskadiko Ezkerra. Martín Markiegi, independiente, es hermano de Xabier Markiegi, secretario político de EIA en Vizcaya.

«El tratamiento fue correcto y no hubo, que sepamos», declararon algunas de las personas liberadas ayer, «ningún interrogatorio especial ni malos modos con ninguno de los detenidos. Antes de ser puestos en libertad pasamos cada uno ante un médico forense, que nos preguntó si habíamos recibido malos tratos. Ante aquél pasaron también las ocho personas que siguen detenidas. A alguno de ellos sabemos que les preguntaron por presuntas relaciones con personas vinculadas a ETA (p-m). »

Todavía ayer se desconocía quién dio la orden para que se realizara la redada y cuáles fueron los criterios de selección de una larga lista que, por ejemplo, en el caso de la de Vizcaya, poseía la Guardia Civil. Aunque en el primer momento se achacó la decisión al gobernador civil de Vizcaya, parece que éste ha aclarado a familiares de detenidos que la orden partió del Ministerio del Interior.