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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La política, frente al chantaje

NO EXISTE un sistema moral de pesas y medidas aplicable al terrorismo. Este no es catalogable en «halcones» o «palomas» por más que pudiera ser cierta la existencia de gradaciones en sus planteamientos utópicos, su capacidad para mayores o menores crueldades, individuales o colectivas, y sus exigencias a corto plazo, a cada acción agresiva contra el Estado, en el eterno chantaje que utilizan los terroristas de las sociedades de Occidente que se autogobiernan democráticamente. Así, cuando se produjo la aún oscura escisión de ETA entre el tronco original y estrictamente «militar» y los llamados «polis-milis», vino a simplificarse la diferenciación aludiendo a que los primeros disparaban a la cabeza y los segundos a las piernas. Luego se demostraría que «los que disparaban a las piernas» eran capaces de generar matanzas indiscriminadas en las estaciones ferroviarias de Madrid y en su aeropuerto.Tampoco es necesaria la casuística para que cualquier intento de análisis del fenómeno del terrorismo en las democracias parlamentarias conduzca indefectiblemente a su absoluto rechazo con los elementos de juicio que aportan la ética, la moral, el respeto a la vida y la libertad de los hombres. Resulta del todo indefendible la extorsión, el asesinato y la toma de rehenes como elementos válidos de análisis y negociación políticas. Así las cosas, tanto da, desde esta perspectiva, la locura de la toma de rehenes estadounidenses en Teherán, locura sintomática de la desintegración de un Estado, como el criminal «arresto» que se arroga ETA (p-m) sobre la persona del señor Rupérez.

Los Estados democráticos bien se sabe que son imperfectos y, consecuentemente, mejorables, pero los avances de que son susceptibles en su organización social jamás se lograrán por los caminos ya tópicos del terrorismo. La aceptación de las tesis terroristas no conduce a la mejora de la organización del Estado, sino a su sustitución por otro en el que, paradójicamente (y aquí coinciden los terrorismos de extrema derecha y extrema izquierda), el fenómeno del terror organizado se diluiría irremisiblemente en un totalitarismo subrayado por la beligerancia de los aparatos de seguridad del Estado.

Ahora bien; sería un error poner todos los acentos en las legítimas condenas del terrorismo -que, sin duda, muchas veces degenera en mera psicopatología- y olvidar simplistamente que parte de ese terrorismo calza cierta estrategia, cierta siniestra lógica,

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A este respecto, ETA (p-m), con el brutal y doble asalto a la libertad personal y a la representación parlamentaria del señor Rupérez, acaba de plantear unas exigencias para su liberación sospechosamente «bajas» (liberación de cinco etarras presos y supuestamente enfermos y la puesta en marcha de una comisión de encuesta sobre la población penal vasca protagonizada por el Consejo General Vasco). En estas mismas páginas se publica una entrevista reveladora con la dirección de ETA (p-m). Ayer mismo, este periódico aludía a los contactos -siempre oficialmente desmentidos- entre esta organización y funcionarios del Gobierno de cara a una tregua terrorista y al desenganchamiento de los «polis-milis» de sus primos hermanos de ETA militar. Ante estos hechos, el Gobierno no debe ceder a un chantaje que puede tener efectos multiplicadores, pero tiene la obligación de aportar respuestas políticas en el más imaginativo sentido de la palabra.

Sabemos que es fácil decir esto y más difícil hacerlo. El Gobierno va a ser comprendido, por eso, en sus errores, pero nunca en sus vergüenzas. La situación creada en el País Vasco tras la aprobación del Estatuto, la ofensiva terrorista y la respuesta de dudosa eficacia que el Ministerio del Interior está instrumentando son suficientes para pedir una vez más una comparecencia pública como es debido del presidente del Gobierno, para que al final los españoles sepamos que existe un proyecto político, bueno o malo, el que sea, del Gobierno de UCD respecto al problema vasco.

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