Un simpatizante del PCE, muerto en Bilbao por disparos de la policía
Francisco Caballero Requejo, de veinticuatro años, simpatizante del Partido Comunista de Euskadi, resultó muerto al ser alcanzado por los disparos efectuados por varios policías de paisano contra el vehículo en que, poco después de las tres de la madrugada de ayer, circulaba por el barrio bilbaíno de San Francisco, en compañía de un amigo. Este último, Lucas Martín, que figuró como candidato en las listas del PCE para las elecciones municipales en Ortuella (Vizcaya), ha desmentido la versión oficial de los hechos, según la cual los policías se identificaron y dieron el alto reiteradamente antes de disparar.La mayoría de los partidos vascos, reunidos con este motivo en Bilbao, redactaron un escrito en el que, tras expresar su repulsa y condenar la versión de los hechos facilitada por la policía, llaman a realizar una hora de paro en todo Euskadi en el día de hoy y piden la constitución inmediata de la junta mixta de seguridad prevista en el Estatuto.
Francisco Caballero y su amigo, que acababan de abandonar el domicilio de un cuñado del primero, circulaban, hacia las tres de la madrugada, por la calle de La Laguna, a bordo de una furgoneta Citroën 2CV, propiedad de la empresa en que la víctima prestaba sus servicios como chófer de la misma. La versión policial asegura que, a esa hora, dos coches-patrulla tipo K, sin distintivos externos, estaban procediendo a la identificación de varias personas cuando «se apercibieron de que los ocupantes de la furgoneta BI-4754-P adoptaban una actitud sospechosa».
Según la citada versión, un policía se colocó a un lado dando voces de «¡Alto, policía!», exhibiendo su placa-insignia, en cuyo momento «el conductor dio un violento acelerón». En ese momento, según la misma versión, el otro inspector emprendió la carrera paralelamente al vehículo, colocando la placa ante el parabrisas delantero al tiempo que gritaba «¡Policía!». El citado inspector efectuó entonces «cuatro disparos al aire» antes de que el coche girara por la calle San Francisco, por donde continuó en trayectoria zigzagueante, mientras los policías realizaban nuevos «disparos intimidatorios al aire y a las ruedas del vehículo». Instantes después, la furgoneta se estrellaba contra otros coches aparcados en el lugar.
Lucas Martín sólo recuerda haber percibido la presencia de unos jóvenes gesticulando tras el coche y, poco después, unos disparos a sus espaldas. Según el relato que transmitió al Ayuntamiento de Ortuella, y que éste hizo suyo en un comunicado redactado tras un pleno de urgencia, al oír los disparos le dijo a su amigo que se agachase, pero en ningún momento pensó que pudieran ser policías quienes disparaban, por falta de signos visibles de identidad.
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Protesta generalizada por la muerte de ayer
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Lucas Martín, que resultó ligeramente herido a consecuencia del choque, dio una versión bastante diferente, en la que lo esencial es su declaración -ratificada ante el juez- de que «en ningún momento oyó grito alguno ni observó ninguna identificación policial».
Otro punto de divergencia entre las dos versiones hace referencia a la actitud posterior del amigo de la víctima y de los autores de los disparos. Mientras la versión policial asegura que Martín «salió huyendo a pie» y «pudo ser detenido poco después cuando recibía asistencia médica en el cuarto de socorro de Urazurrutia», el propio Lucas Martín asegura que, ante la falta de asistencia para con su amigo, él mismo tuvo que dirigirse al mencionado centro sanitario para pedir una ambulancia. Fue entonces, y en dicho centro, cuando apareció la policía, que se llevó detenido a Martín. En el interrogatorio, según explicó posteriormente este último, la policía aseguraba que la furgoneta había sido robada por sus dos ocupantes.
El escrito redactado por el PNV, PSOE, PCE, EE, ESEI y PTE llama la atención sobre la «frecuencia con que vienen registrándose actuaciones de policías de paisano, sin ningún tipo de identificación y sin hacer uso de los mecanismos de control reglamentarios», y recuerda la reciente detención del senador Joseba Elósegui y las denuncias sobre presuntas torturas, que indicarían «una actuación extralimitada de las fuerzas policiales, que nos recuerdan cada vez más las practicadas en la época franquista».
«Actuaciones como la de hoy», prosigue el escrito, «favorecen la desestabilización del proceso democrático», por lo que «la defensa del Estatuto de Autonomía exige la clara y contundente respuesta a toda provocación violenta y un cambio radical en la política de orden público».
Por su parte, el PC de Euskadi presentó una denuncia en el juzgado de guardia de Bilbao y anunció la presentación en las próximas horas de una interpelación parlamentaria dirigida al ministro del Interior, en torno a ésta y otras actuaciones.
A su vez, el PSOE considera inadmisible «que desde el propio aparato del Estado se tolere la repetición de actuaciones policiales que atentan directamente contra la consolidación de la democracia y ponen en peligro el desarrollo del Estatuto de Autonomía».
A última hora de la noche, el Gobierno Civil de Vizcaya hizo llegar a los medios informativos un escrito de la Asociación de Familias del Barrio de San Francisco, en el que se solicita la adopción de medidas de seguridad ante la oleada de robos y otros actos delictivos que venían registrándose en el barrio. Según el gobernador, la noche del lunes era la primera en que se aplicaban las medidas de reforzamiento de la seguridad solicitada por los vecinos.
