El Gobierno no va a presentar el proyecto de ley de electrificación rural

El ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo, asistió ayer a una reunión informativa con la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados, según informa Europa Press. El ministro trazó un panorama de la reestructuración que habían hecho el Gobierno y su Ministerio. Se refirió a los presupuestos de su departamento -dijo que se habían duplicado- y a la crisis energética -tema que calificó de prioritario para el Gobierno-, afirmando que algunas partes del Plan Energético Nacional habían comenzado a ser superadas por la realidad.

Otro aspecto al que se refirió el señor Bustelo fue el del Instituto Nacional de Industria, donde se han dejado sentir, según el ministro, los efectos de la crisis industrial. «Es un holding», añadió, «muy vulnerable, con una estructura financiera muy débil. El INI debe jugar, sin embargo, un papel cada vez más importante en la economía española».Sobre las subvenciones a sectores en crisis señaló que el Gobierno ha pedido 20.000 millones de pesetas para los sectores de astilleros y siderometalúrgico.

En cuanto a actuaciones concretas de su Ministerio, el señor Bustelo se refirió a la modificación de la ley de Minas; a la ley Reguladora del Canon sobre la Producción de Energía Eléctrica; a la ley de Consejo de Seguridad Nuclear, y al proyecto de ley sobre conservación de energía de la industria.

Otras disposiciones ya adoptodas han sido el decreto que crea el comité para ordenación del subsector eléctrico; el decreto sobre la regulación de Ofico (Oficina de Compensación del Sector Eléctrico); constitución de una asociación para gestionar la explotación eléctrica y coordinación del sector público de hidrocarburos.

Seguidamente se pasó a las preguntas de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En síntesis, las respuestas del ministro fueron las siguientes:

A Miguel Boyer (PSOE): Los precios del barril de crudo han subido por encima de las previsioneI. Un país que depende del petróleo en un 70% y cuando el precio pasa de doce o catorce dólares por barril a treinta o cuarenta, tendrá un enorme impacto en su economía. No he recibido presiones de los tecnócratas de Bruselas para que frenemos la producción en el sector siderúrgico.

A José María de Areilza (CD): Sobre CAMPSA hay una fecha en la que la compañía no podrá funcionar como ahora, pero esa fecha es a largo plazo. El monopolio de CAMPSA es incompatible con una España integrada en la CEE. El consumo de fuel-oil lo sustituiremos al máximo por el de carbón.

A Emilio Pérez Ruiz (Grupo Socialista Andaluz): El Gobierno no va a presentar el proyecto de ley de electrificación rural, como había prometido. Lo que hace falta es preparar un programa que establezca una aportación de 2.000 millones de pesetas, junto a otros 3.000 millones por parte de las empresas privadas. Estos 5.000 millones pondrán en marcha un programa de electrificación rural para las provincias más necesitadas y entrará en vigor el 1 de enero de 1980. Sobre el reconocimiento de Israel, debo decir que nuestra amistad con los árabes ha sido favorable.

A Maciá Alavedra (Minoría Catalana): Las empresas públicas influyen en el mercado y esto es un problema también de la CEE. Tras cuarenta años de intervencionismo económico, ¿cómo es posible que la empresa pública pueda competir con los mercados internacionales? En 1983 acabará el intervencionismo en el sector del automóvil.

A Ramón Tamames (PCE): Para salvar las minas de Figaredo pediremos recursos a las Cortes españolas. Lo que tiene que hacer CAMPSA es ser eficiente.

A Martín Oviedo (UCD): Hay partidas presupuestarias para la investigación, pero la situación es de crisis.

La segunda parte de la reunión de la comisión estuvo dedicada a dos preguntas planteadas por diputados socialistas y a dos mociones. El diputado socialista Miguel Boyer preguntó sobre la situación de la empresa ENASA. El ministro de Industria respondió que esta empresa había exportado 6.000 millones de pesetas en 1978 y que este año, según lo previsto, alcanzará una cifra similar. Afirmó que el esquema de reestructuración de la empresa incluye el objetivo de mantener el máximo número de puestos laborales. Dijo también que en 1978 ENASA perdió 5.000 millones de pesetas, y en 1979 se espera que pierda unos 6.000 millones.

Seguidamente, el diputado socialista Angel Franco preguntó sobre la situación de la industria del calzado.