La oposición intentará evitar un fuerte intervencionismo estatal en el Estatuto gallego

La ponencia conjunta encargada de informar sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia concluyó sus trabajos a la 1.30 de la madrugada de ayer, en un clima sensiblemente diferente al que existió cuando quedaron dictaminados los textos de Guernica y Sau. No hubo champaña, ni abrazos en la Moncloa, y sí un firme compromiso de todos los grupos parlamentarios, con excepción de UCD, de intentar parar en la Comisión Constitucional una cláusula propugnada por el Gobierno, según la cual las Cortes aprobarán las leyes que fijarán el alcance de las competencias que en cada caso corresponden a la comunidad autónoma y al Estado.

Con la salvedad de este apartado, portavoces de diversas fuerzas políticas comentaron que el Estatuto es equiparable a los de Cataluña y País Vasco.La discusión de este punto del artículo 32 del proyecto monopolizó gran parte de la última jornada de debate de la ponencia. Alrededor de las ocho de la tarde del martes se llegó a él, e inmediatamente surgieron posiciones de rechazo, consultas en los pasillos y llamadas telefónicas al presidente Suárez y al ministro de la Presidencia. Se optó por aparcarlo hasta última hora. A las once menos cuarto, un emisario del señor Pérez Llorca entregó a Rodolfo Martín Villa una propuesta definitiva. Inmediatamente después de ser leída ésta se acordó una pausa para fijar criterios.

Durante hora y media estuvo paralizado el debate; socialistas, comunistas, el PNV y Coalición Democrática anunciaron que votarían en contra de este artículo, mientras los centristas gallegos se encerraron con Rodolfo Martín Villa, Alberto Oliart y el secretario de Estado para la Función Pública, Sebastián Martín Retortillo, para discutir la actuación a seguir. Fue entonces cuando Fraga, airado, abandonó la sede del Congreso, tras afirmar que así no se podía trabajar y que era una injusticia por parte del Gobierno tratar de introducir en el Estatuto gallego una disposición claramente discriminatorio con los textos de Guernica y Sau.

Los centristas gallegos actuaron de forma dividida a la hora de la votación, pese a que el presidente Suárez le recomendó a Antonio Rosón que apoyasen el texto. El propio Rosón, José Luis Meilán, José Antonio Trillo, José María Pardo Montero y Miguel Sanmartín se abstuvieron, mientras David Pérez Puga y Pío Cabanillas refrendaron la propuesta en consonancia con los portavoces de la UCD estatal.

Los parlamentarios gallegos de UCD se habían comprometido anteriormente a apoyar el apartado cuatro del artículo 32, porque en el Ministerio de la Presidencia se les aseguró que los socialistas iban a aceptarlo. Cuando estos últimos anunciaron que rechazaban esta propuesta reconsideraron su postura. La votación dio como resultado un rechazo por parte de la Asamblea de Parlamentarios; los tres socialistas votaron en contra, frente a los seis emitidos por Pérez Puga y Cabanillas, por parte de la ponencia triunfó la posición centrista, merced al voto ponderado.

El apartado cuarto del artículo 32, elaborado después de que se hubiese filtrado la intención del Gobierno de introducir una disposición transitoria que haría la número cinco, y que facultaba un intervencionismo casi total del Estado en la autonomía gallega, dice lo siguiente: «En orden a la determinación y consiguiente ejercicio de las distintas competencias cuya titularidad se reconoce en idénticas materias a la comunidad autónoma y al Estado en el presente Estatuto y en el artículo 149 de la Constitución, se aprobarán por las Cortes Generales las oportunas leyes que fijarán el alcance de las competencias que en cada caso correspondan a la comunidad autónoma y al Estado. »

Contacto Pérez Llorca-Guerra

Antes de llegarse a esta redacción, que fue defendida por Pío Cabanillas y el señor Martín Retortillo, Miguel Roca, Martín Villa, Martín Toval, Rodríguez Pardo y Alfonso Guerra, quien en la mañana del martes sostuvo una conversación telefónica con Pérez Llorca sobre esta cuestión, intentaron buscar una fórmula que obtuviese el consenso de todos. Pero no fue posible.

Pío Cabanillas, a quien el senador lucense Pardo Montero acusó de haber practicado un doble juego, «con él fin de convertirse en el santón de UCD en Galicia», justificó su posición en el debate señalando que, a su juicio, no tenía ninguna carga política el mencionado apartado. En parecidos términos se pronunciaron algunos centristas gallegos, que se abstuvieron. «Hemos vestido tantos muñecos», manifestó uno de ellos, «que éste también lo podríamos haber arreglado, pero la cuestión fue muy mal presentada y en quince minutos no se puede convencer a la gente. »

Además de este apartado, la Comisión Constitucional habrá de pronunciarse también sobre otros aspectos importantes del Estatuto, sobre los que hay desacuerdo entre los diversos partidos que han intervenido en la discusión de la ponencia. Estas cuestiones son la exigencia de que cada lista obtenga votos que supongan, al menos, el 3% del censo para poder estar presente en el Parlamento gallego; el tema del idioma, las facultades de las diputaciones y el número de diputados.

De todas formas, representantes de los partidos mayoritarios, como José Luis Rodríguez Pardo (PSOE), Rodolfo Martín Villa (UCD) y Jordi Solé Turá (PCE), valoraron positivamente el contenido global del Estatuto y precisaron que suponía una mejora sustancial del texto presentado en junio último por la Asamblea de Parlamentarios de Galicia y que, según los centristas gallegos, el Gobierno pretendía recortar, alegando que los referendos de Euskadi y Cataluña habían puesto en evidencia el decaimiento de los sentimientos autonomistas.