Los agricultores no tienen ninguna participación, según la COAG
«Los agricultores seguimos sin participar en ninguna de las decisiones que toma el FORPPA, a pesar de que en los reales decretos de regulación de las diferentes campañas se recoge la constitución de una comisión especializada para información y estudio de las mismas en las que deberíamos de colaborar», según denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, en un documento que analiza los incumplimientos de las medidas complementarias a los precios de productos agrarios regulados que se aprobaron este año.
La Administración se comprometió entonces a incorporar los sindicatos agrarios a todos aquellos órganos de representación previstos en la legislación vigente. En este punto, la COAG aclara que el Ministerio de Agricultura ya hizo promesas a solucionarlo en las negociaciones de 1978, «a pesar de ello, un año después seguimos igual».El cumplimiento de ese apartado le fue encomendado al Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), decisión que, en su momento, supuso la protesta del sindicato, para quien el tema de la representatividad agraria debe ser llevado directamente por el propio ministro. Además de no haberse avanzado nada al respecto, muy por el contrario la COAG considera que se han dado pasos en el sentido opuesto: en el sector remolachero, el Ministerio de Agricultura asignó todo el patrimonio del Grupo Nacional Remolachero a la Confederación de Remolacha y caña de Azúcar (en manos de los verticalistas, que, según la COAG, entonces controlaban el grupo), sin contar para nada con el resto de las organizaciones; en el sector de cítricos se eligió a los representates del Comité de Gestión para la Exportación, en base a las elecciones a cámaras agrarias, que «en algunas provincias fueron», según asegura el documento, «especialmente fraudulentas»; y dentro de esta argumentación, la COAG pone como ejemplo el de las Comisiones Consultivas Sectoriales, que este año no cuentan con representantes de los agricultores.
Falta de información al agricultor
La Coordinadora acusa a la Administración de haber retrasado de forma unilateral la fecha de entrada en vigor de los precios negociados para los productos ganaderos, desde el 1 de marzo al 1 de noviembre. «Este retraso significa que durante esos meses los agricultores recibirán por sus productos los precios del año pasado, y que su renta anual será mucho menor que la negociada.»Lamo de Espinosa se comprometió a dar la máxima difusión al contenido de las medidas complementarias aprobadas, a través del Servicio de Extensión Agraria, así como del cuadro de precios y de las campañas de regulación. La COAG asegura que esto no se ha cumplido en la mayoría de los aspectos, lo que contribuye a que algunos de los acuerdos hayan sido ineficaces.
Otra de las medidas aprobadas suponía «la remisión a las representaciones agrarias, tan pronto como estén elaboradas, para su informe de las leyes de Financiación Agraria, Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y ley de Reforma y Desarrollo Agrario». La COAG, respecto de este apartado, responde lacónicamente: «Sin noticias por ahora; no se nos ha remitido nada y tampoco se nos ha consultado.»
El Ministerio de Agricultura y organizaciones agrarias acordaron crear grupos de trabajo en el FORPPA para la posible ordenación de los cultivos más afectados por la entrada de España en la CEE, estudiando particularmente los reglamentos de las patatas, cebollas, tomate y ovino.
«En todos estos inicios de trabajos en el FORPPA», asegura la COAG, «sólo se están teniendo en cuenta las ordenaciones del mercado, no de la producción, con los estudios globales que se requieren. »
Aspectos cumplidos
La COAG valora negativamente desde un punto de vista global el cumplimiento de las medidas complementarias, aunque destaca también los aspectos que llevan avanzada una solución satisfactoria para los agricultores o que ya se han cumplido. Reconoce el sindicato que la Administración ha desarrollado, según las previsiones, la normativa complementaria a la ley de Seguros Agrarios Combinados, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, y ha aparecido en el BOE. Según lo negociado, su aplicación debe iniciarse a partir del mes de enero de 1980.En lo relativo a la falta de representatividad de los agricultores, continuamente censurada a la Administración en este informe, la Coordinadora reconoce que se ha avanzado mucho en lo relativo a la democratización de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen.
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