La CEOE pide "prudencia" en la aplicación de los impuestos municipales

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) insistió ayer en la necesidad de que los ayuntamientos utilicen con prudencia los instrumentos recaudatorios que les ofrece el real decreto-ley sobre financiación de las corporaciones locales. Y advirtió que una imposición llevada al límite legal establecido puede provocar suspensiones de pagos en cadena y un incremento considerable de la tasa de desempleo.

Juan Manuel de Mingo, vicepresidente de la CEOE, manifestó ayer, en conferencia de prensa (en la que también estuvieron presentes José Luis Cerón, presidente de la comisión económica de la organización, y José Antonio Segurado, presidente de CEIM) que «la presión fiscal que hoy sufre la empresa es ya realmente intolerable». En este punto destacó que el citado decreto-ley supone la «suelta de una fiscalidad en cadena». Y en la actual «carrera dislocada con fines recaudatorios» aseveró: «La empresa no está en condiciones de sufrir una carga tributaria más».José Luis Cerón hizo referencia a las previsiones del plan económico del Gobierno, en el que se contempla un incremento de la presión fiscal no superior a medio punto. Destacó que en los presupuestos del Estado ya se sientan las bases con una presión de 0,43 puntos, y matizó que con el decreto-ley sobre financiación de las corporaciones locales, la fiscalidad sobrepasa los puntos fijados por el Gobierno en su plan.

La incidencia del impuesto suntuario puede suponer, según datos de la CEOE, 36.000 millones de pesetas anuales, si se aplica en su máximo límite. Para el ejemplo concreto de un establecimiento hostelero que realice una venta diaria de 10.000 pesetas, el citado impuesto significaría una presión de 180.000 pesetas anuales, cifra que resulta el 5% de la recaudación total.

José Luis Cerón insistió de forma expresa en que este nuevo impuesto afectará a las empresas, a los trabajadores de las mismas (desde el momento en que algunas tengan que cerrar) y, por último, al consumidor, que también se verá afectado por el mismo. Apuntó, para finalizar, que la aplicación del citado decreto-ley puede provocar la creación de feudos fiscales, situación irregular que con la financiación de las comunidades autónomas puede romper de forma definitiva el principio de unidad fiscal.

Incremento del paro

José Antonio Segurado, presidente de la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid, centró de forma especial su intervención en el paro, que puede producir la aplicación del decreto-ley vía suspensión de pagos de las pequeñas empresas, fundamentalmente.El presidente de CEIM afirmó que «este impuesto es la manera más rápida de incrementar el desempleo, que en la actualidad se encuentra en una cifra próxima a 1.200.000 parados en toda España.

José Antonio Segurado adelantó que ante la puesta en marcha del mecanismo recaudatorio de las corporaciones locales, la CEOE exigirá cuentas detalladas del destino de la recaudación. Y si las previsiones de la organización sobre el incremento del paro se confirman en el plazo de seis meses «haremos también responsable del paro a los ayuntamientos».

Sobre las presuntas intenciones de las corporaciones locales, la CEOE observa, en una primera toma de contacto, que los ayuntamientos pretenden alcanzar unos topes altos de imposición dentro de los límites marcados en el decreto-ley. En la confederación se estima que «los ayuntamientos van a utilizar este impuesto a tope».

Alfredo Molinas, presidente de Fomento del Trabajo Nacional (patronal catalana), puso acento durante su intervención en los problemas que se pueden crear entre ayuntamientos vecinos en el caso de que la recaudación del impuesto no se realice de forma ordenada. «Los municipios», advirtió, «pueden crearse problemas de competencia.»

La CEOE, que no apuntó soluciones a los posibles perjuicios que puedan sufrir las pequeñas y medianas empresas ante la aplicación del decreto-ley, sí insistió de forma reiterada en la solicitud de que los ayuntamientos consulten a las centrales empresariales de su ámbito sobre la situación de las mismas. Y, en cualquier caso, hizo un llamamiento para que todas las corporaciones locales se rijan por la prudencia al tiempo de escoger la base imponible.

Alfredo Molinas destacó que los ayuntamientos «no pueden actuar políticamente o por prestigio. Ha habido precedentes de enfrentamientos a nivel jurídico con los ayuntamientos y los hemos ganado. Si no hay por su parte una receptividad más clara a nuestra situación nos vamos a encontrar con problemas sectoriales serios».

José Antonio Segurado afirmó que una fiscalidad inadecuada por parte de las corporaciones locales puede atentar contra la estabilidad de un sistema democrático. «La izquierda parece que ignora su propio diagnóstico sobre la situación de las empresas.»