Hipergranada, desafío a la autoridad municipal

Lo que ya se conoce en Granada como «el tema del hiper» no sólo tiene dividida de forma casi irreconciliable a la Corporación municipal, hasta el punto de haber provocado su primera y grave crisis, con la dimisión del alcalde, Antonio Camacho, del PSOE, sino que ha mermado al máximo la autoridad del Ayuntamiento granadino, ha dejado en evidencia la capacidad y voluntad de hacer cumplir la ley por parte del gobernador civil y el actual alcalde en funciones, del PSA, y, lo que es más importante, podría terminar dando al traste con el pacto municipal de izquierdas no sólo en Granada, sino, incluso, en toda Andalucía.

«Si algún día llegan a demoler el hiper, que no creo que llegue el caso, tendrían que hacerlo sobre nuestras propias cabezas, porque ninguno de los 150 socios de esta cooperativa pensamos movernos de aquí», declaraba ayer a EL PAIS el presidente de Hipergranada, Rogelio Rodríguez, mientras señalaba desde su despacho la sala de ventas del ¡legal centro comercial, completamente abarrotada de público.Inauguradas precipitadamente hace dos días -aprovechando una reciente violación de los precintos municipales a que se hallabas -metido, así como la circunstancia de que la alcaldía se encuentre de forma provisional en manos del PSA-, las instalaciones del hiper carecen, en efecto, de la preceptiva licencia municipal de obras y de la de apertura al público; pesa, finalmente, sobre el edificio una orden del alcalde en funciones para su cierre inmediato, cuyo plazo legal de ejecución voluntaria se cumple esta noche.

Terrenos de protección agrícola

El edificio comercial construido por Hipergranada, junto a la confluencia de las carreteras de Badajoz y Málaga, se encuentra situado en terrenos no urbanizables de la zona 16 del Plan General de la comarca de Granada, calificados como suelo agrícola de protección, en donde sólo se permite levantar edificios directamente relacionados con las actividades agrícolas.Aunque existe una excepción que permite construir en terrenos rústicos (como los de la zona 15 del Plan) ciertos edificios de carácter social, asistencial o turístico, previa aceptación por la Comisión Provincial de Urbanismo, Hipergranada no puede acogerse a la misma por pertenecer sus solares a terreno agrícola de petición y no haber aprobado nunca sus obras la Comisión de Urbanismo.

Otra de las posibles excepciones previstas en el Plan se refiere a edificaciones al servicio de la carretera (restaurantes, cafeterías, hoteles, paradores, gasolineras, puestos sanitarios o zonas deportivas) y dentro de una franja no superior a los cien metros, ninguno de cuyos requisitos cumplen tampoco las instalaciones del hiper, para cuya legalización sólo cabría, en teoría, una modificación del Plan General.

Según el Colegio de Arquitectos, sin embargo, ésta habría de atenerse a lo previsto en los artículos 49 y 50 de la nueva ley del Suelo, donde se especifica que no se pueden incrementar los volúmenes edificables (0,2 metros cúbicos por metro cuadrado) y que la tramitación habría de ser la misma que la requerida por el Plan, desde su aprobación inicial por la Corporación municipal, con el voto favorable de dos tercios de sus miembros, hasta su aprobación definitiva por la Comisión Central de Urbanismo, pasando por un plazo de información pública, proceso que tampoco se ha seguido en este caso.

Urbanísticamente, pues, la situación del hiper no sólo es ilegal, sino que su posible legalización pasa por una modificación del Plan Comarcal de compleja y dilatada tramitación y no menos difícil justificación, de acuerdo con el citado colegio. El proyecto, además, si es que está redactado, no ha sido al menos visado urbanísticamente por colegio profesional alguno, requisito que también exige la ley.

Petición de recalificación de la zona

A pesar de tan evidentes impedimentos legales, los directivos de Hipergranada no dudaron un momento a la hora de escoger los citados terrenos para la ubicación de su futuro negocio, como tampoco a la de ponerse a construir sin licencia. «Por un lado», explica ahora el presidente de la cooperativa, «se trataba de los terrenos idóneos, por su situación privilegiada, a pocos kilómetros de la ciudad y junto a dos de las principales carreteras de acceso. Además eran auténticos eriales desde hace doce años, por lo que no se ha perjudicado a la agricultura de la vega. Por otro lado, siempre pensamos que terminarían legalizando nuestra situación, como pasó con el motel Alcano, al otro lado de la carretera, y con tantas otras edificaciones que existen en la misma zona 16 del Plan.»Lo cierto es que, en noviembre del pasado año, Hipergranada solicitó al Ayuntamiento la aprobación de un anteproyecto de nueva planta, al amparo de la excepción tercera del Plan Comarcal, petición que sería negativamente resuelta por la Comisión Central de Urbanismo al cabo de varios meses, si bien esta resolución no llegó nunca a comunicarse a los interesados, de manera oficial.

Apenas incorporados a sus puestos en el Ayuntamiento los miembros de la nueva Corporación democrática, el día 20 de abril, la cooperativa tramitó otro expediente, pidiendo recalificación de la zona y, en concreto, la parcela que había de ocupar el hiper. Esta petición tampoco ha sido aún oficialmente contestada, si bien es cierto que la ley no obliga al Ayuntamiento a hacerlo.

Mientras tanto, las obras de explanación y movimiento de tierras habían empezado hacía varias semanas sin la preceptiva licencia municipal, motivo por lo que el alcalde decretó la paralización de las mismas, con fecha 7 de mayo. La orden, cuyo recibí y enterado no llegó a ser firmado por el presidente de la sociedad, sólo se hizo efectiva durante varios días, y posteriormente continuaron los trabajos como si nada hubiera pasado.

«Lo que ocurrió fue que teníamos que indemnizar a la constructora con millón y medio de peseta por cada día de inactividad», dice Rogelio Rodríguez. «Además, el propio teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Antonio Jara del PSOE, nos dijo que se trataba de un simple trámite, para él cubrirse las espaldas y que el asunto se resolvería lo antes posible.»

Puerta abierta para la invasión de la vega

A finales de mayo, sin embargo, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador contra Hipergranada y nombró instructor del mismo al teniente de alcalde José Miguel Castillo, del PCE. Dos meses más tarde, Antonio Jara dejó entrever. públicamente la posibilidad de que las obras fuesen demolidas, por «carecer de licencia municipal y constituir una grave infracción de la ley del Suelo», comenzando así lo que no tardaría ya en convertirse en una verdadera guerra dialéctica entre los promotores del hiper y la Comisión Municipal de Urbanismo.Una guerra de la que, por otra parte, EL PAIS ha venido informando cumplidamente durante los últimos meses, muy en particular esta última semana; que ha provocado una profunda división en la Corporación granadina y ha puesto incluso en entredicho el pacto municipal de la izquierda, con el PSA a favor de la legalización del hiper y PSOE y PCE a favor de su demolición; que ya se ha cobrado su primera víctima importante en la persona de Antonio Camacho, quien ha preferido la dimisión como alcalde «por motivos personales de salud», antes de firmar el decreto de demolición del edificio, como propugna su partido, y en la que, finalmente, Hipergranada acaba de apuntarse una importante victoria parcial con su apertura por las bravas del pasado viernes.

A pesar de sus declaradas intenciones de respeto por la legalidad, lo cierto es que Hipergranada ha estado practicando desde el principio una política de hechos consumados, como «se venía hacienda durante el régimen anterior», según señaló recientemente el diputado socialista y catedrático de Derecho, José Vida.

«Los promotores del hiper no sólo están violando flagrantemente la ley», ha declarado el profesor Vida, «sino que están poniendo a prueba, una y otra vez, la autoridad y legitimidad de una Corporación municipal democráticamente elegida. Y no sólo esta Corporación, sino también las que le sigan estarán ya hipotecadas en sus actuaciones por lo que se decida frente a esta ilegalidad».

Estas y otras razones de peso, tan importantes a veces como la de frenar la invasión especulativa de la vega granadina, son las que han llevado al PSOE y PCE a pronunciarse taxativamente desde un principio por la demolición de lo construido, a pesar del posible interés social que se reconoce al centro comercial y a sabiendas que habrá, entre sus cooperativistas, perjudicados de buena fe.

Razones para la legalización

El PSA, por su parte, no está de acuerdo en como se ha llevado el asunto del hiper por la Corporación municipal. Según su portavoz en el Ayuntamiento y actual alcalde en funciones, Arturo González Arcas, si en su día se hubiera ejercido la autoridad municipal, la acción judicial y la acción pública, se habría evitado con toda seguridad la construcción del centro, sin que ello supusiera la ruina para los 150 cooperativistas, todos ellos pequeños comerciantes y trabajadores, por lo que ahora sólo cabe ya la recalificación de la parcela, no sin ciertas condiciones.«Los andalucistas votaríamos sin dudarlo por la demolición del hiper, siempre y cuando se hiciera otro tanto con todos los edificios sin licencia que hay dentro de la misma zona 16 del Plan Comarcal, algunos incluso de promoción oficial o pública», ha declarado el señor González Arcas.

Para UCD, el conflicto le viene políticamente como anillo al dedo, con la izquierda dividida y tirándose entre sí los trastos, situación que, según su secretario provincial, Andrés Villatta, les puede beneficiar electoralmente, por lo que de momento procuran mantenerse al margen de toda polémica. No obstante, con su votación contradictoria y negativa a las dos propuestas alternativas del expediente sancionador (demolición con multa o recalificación también con multa), son los responsables indirectos de la actual situación y de que el edificio no entrara en vías de legalización.

Según el Colegio de Arquitectos, no queda ahora más salida que la firma del decreto de demolición, bien por parte del alcalde o, en su defecto, del gobernador civil, de acuerdo con la ley del Suelo.