El centrista Attard defiende el "no" y su partido vota "sí"

Unión de Centro Democrático (UCD) sorprendió ayer al Pleno del Congreso de los Diputados, al propio ministro de Justicia, Íñigo Cavero, y a sus parlamentarios al modificar en menos de diez minutos su posición respecto a una proposición de ley de la Minoría Catalana sobre el estatuto de la abogacía.

En nombre del Gobierno y de UCD intervino, para oponerse a la propuesta catalana, el presidente de la Comisión Constitucional, Emilio Attard. Cuando el señor Attard se reintegró a su escaño y se inició la votación se comprobó con estupefacción que el portavoz de UCD, Antonio Jiménez Blanco, alzaba la mano pidiendo a los diputados centristas que votaran a favor de la proposición de ley de la Minoría Catalana. El ministro de Justicia, Íñigo Cavero, permaneció fuera del hemiciclo para no tener que votar.Miguel Roca (Minoría Catalana) defendió la necesidad de actualizar el estatuto de la abogacía, a fin de que desaparezcan las barreras territoriales para la función del abogado. Explicó que en la actualidad un abogado colegiado en Madrid tiene que colegiarse también en las demás provincias si quiere defender allí algún pleito. Esgrimió a su favor argumentos de derecho comparado y afirmó que el problema había sido ya debatido por el congreso general de la abogacía, profesión -añadió- que merece un desagravio por su importante labor a favor de la democracia.

Emilio Attard dijo que los fundamentos de la proposición de ley eran aceptables, pero que el artículo 36 de la Constitución impedía que fuera tomada en cuenta puesto que establece que «una ley regulara las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas». No procede, pues, modificar un solo artículo del actual estatuto de la abogacía -dijo- cuando, además, el problema expuesto por el señor Roca se obvia mediante el principio de reciprocidad establecido por numerosos colegios de abogados.

Sometida a votación la propuesta catalana, obtuvo 247 votos a favor, doce en contra y una abstención (la del propio señor Attard).

Manuel Fraga, de Coalición Democrática, explicó su voto negativo. «Sin embargo, creo que nuestra explicación de voto no tiene mucho interés. Pensábamos que debíamos votar no y hemos votado no. Mucho más interesante será la explicación de otro grupo que ha dicho que no y ha votado sí.» Juan Carlos Aguilar, del Grupo Andalucista, expresó también su sorpresa por la actitud de UCD. El señor Jiménez Blanco, portavoz centrista, explicó brevemente que su grupo había dado su asentimiento porque la propuesta catalana no iba en contra del programa del partido en el Gobierno ni en contra del calendario legislativo previsto por éste.

En los pasillos, Emilio Attard comentó jocosamente: «Me parece que ya estoy muy mayorcito para que me hagan esto.» Después, con seriedad, dijo que había aceptado el encargo del Gobierno de oponerse a la proposición de ley de la Minoría Catalana y que en su intervención se había ajustado en un 90% a las propias razones aducidas por el Gobierno. «El portavoz me dijo, cuando me dirigía a la tribuna: "Hazlo de forma que podamos votar sí o no", y yo señalé en mi discurso que estábamos de acuerdo con los fundamentos de la proposición.»

Discriminación de la mujer en los libros de texto

El Pleno de la Cámara aceptó también una proposición no de ley del Grupo Socialista en relación con la discriminación de la mujer en los libros de texto. Defendió la propuesta María Izquierdo (PSOE) y Carmela García Moreno (UCD) anunció el voto favorable de los centristas si se introducía una modificación precisando las funciones del Ministerio de Educación en este campo. La enmienda fu asumida por los socialistas y la proposición no de ley prosperó.

No sucedió lo mismo con otra propuesta del PSOE, defendida por Julio Busquets, en el sentido de que se creara un servicio civil para defensa del patrimonio forestal. Se trataba de lograr que los objetores de conciencia formaran un cuerpo para combatir los incendios forestales. Guillermo Medina, de UCD, se opuso por entender que el tema de los objetores debía ser tratado de forma global. Anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley sobre este punto antes de finales de año.

Tampoco fue aceptada una proposición no de ley del PSOE sobre control de taquillas en las salas de exhibición cinematográfica.