El referéndum del Estatuto

Consejero de Gobernación de la GeneralitatLa Generalitat ha abordado la campaña institucional para el referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña partiendo de la base de que se dirige a un país civilizado, esto es, a una sociedad adulta.

Porque, en efecto, la nuestra es, hoy en día, una comunidad compleja, difícil, por ello, de captar en todos sus matices, pero en modo alguno resulta un país primario o simplista, tendente por esta razón al ejercicio de la violencia. Cataluña tiene una larga tradición de planteamientos y soluciones jurídicas -buenas o malas- a sus problemas políticos. De ahí que califique mi propia comunidad de civil o civilizada.

Pues bien, ante un acontecimiento inimaginable pocos años atrás como es el actual plebiscito del Estatuto de Autonomía, la Generalitat restablecida rehúsa introducir en la campaña cualquier elemento que desmerezca de la institución de Gobierno que es. De cualquier asomo de demagogia. De una propaganda compulsiva. De violentar, conciencias. Incluso de inclinar el sufragio al sí unánime y rotundo que desean y piden al electorado por otros conductos la totalidad de las fuerzas políticas presentes en el Gobierno catalán.

De ahí que la campaña se haya llegado a tildar de fría. Contenida, reflexiva, informativa y respetuosa para el ciudadano lo ha sido; fría, en absoluto. La Generalitat no puede confundir el voto al Estatuto con una promoción comercial.

El Estatuto que se refrenda el día 25 de octubre se ataca, bien sea por exceso o defecto. Opciones políticas que en Cataluña no han obtenido representación parlamentaria consideran que significa un riesgo para la integridad del Estado o, por el otro extremo, que su contenido no satisface las exigencias nacionales catalanas. En mi opinión, más importante que el documento jurídico -pues esto y no otra cosa es lo que se discute-, será el uso que seamos capaces de hacer del mismo. El partido que sepamos sacarle. Tengamos siempre en la memoria el ejemplo, no por reiterado menos cierto, de Prat de la Riba. Un estadista que, disponiendo únicamente de una mancomunidad de diputaciones, forjó el primer instrumento de gobierno de que dispuso la Cataluña contemporánea.

Si colectivamente hablando somos capaces de aflorar lo que nos une y relegar a segundo término lo que nos separa, podremos obtener una buena aplicación del texto estatutario y, por tanto, prestar el servicio que el país pide a sus políticos y tiene derecho a recibir.

Pero incluso en este supuesto de máximo aprovechamiento de las posibilidades de autogobiemo que refrendamos el próximo jueves, sería faltar a la verdad, resultaría un puro ejercicio demagógico, inducir a la falsa creencia de que los problemas que puedan abordarse, mejorarse o resolverse con el Estatuto hallarían inmediata satisfacción. Temo en gran manera que se haya infiltrado en los ciudadanos esta apreciación tan errónea, y que de no obtenerse de forma inmediata lo que sólo podrá lograrse con años de aplicación y esfuerzo, pueda aparejar desánimos, no por ilógicos menos nocivos.

Las críticas al Estatuto -sean de diestra o de siniestra- pierden fuerza si tenemos presente que la Constitución es su marco legal. En todo caso habría de atacarse la norma jurídica fundamental por la que nos regimos, y que lleva, -advirtámoslo-, a lo que podría denominarse un Estado de autonomías o Estado regionalizado, como fórmula intermedia entre el Estado centralista y el federal.

Seamos muy conscientes, finalmente, de que no existe otra alternativa al Estatuto. Y de que él mismo, con sus eventuales limitaciones, es la única posibilidad política de futuro que, hoy por hoy, se le abre a Cataluña.

Ante los anteriores planteamientos del referéndum y del Estatuto se impone una conclusión: hemos de acostumbrarnos a reflexionar y a desarrollar nuestro juicio. Y que el fruto de este criterio propio redunde en beneficio del país.

Y concluyamos por donde hemos empezado. Se ha dicho que la política es pedagógica. Así lo ha entendido el Consell Executiu de la Generalitat al dar a la campaña del referéndum un carácter marcadamente informativo. Obrando de este modo no sólo restituye dignidad al ciudadano y eleva el debate sobre el Estatuto, sino que presta un servicio inestimable a la causa de la democracia, al sustituir el eslogan y la consigna por el libre ejercicio de la inteligencia y de la voluntad