El Bloque Popular Revolucionario desafía a la Junta salvadoreña

Los cuerpos de seguridad salvadoreños han recibido órdenes estrictas de no reprimir las manifestaciones populares que se produzcan en el país, a pesar de estar expresamente prohibidas por el vigente estado de sitio. De esta manera se intenta evitar incidentes sangrientos como los producidos en las confusas horas siguientes al golpe de Estado, en los que murieron, por lo menos, treinta personas. El Bloque Popular Revolucionario (BPR), que en la tarde del domingo ocupó la catedral de la capital, convocó para ayer, lunes, otras tres concentraciones en otros tantos puntos de la ciudad, para reclamar la liberación inmediata de todos los presos políticos.Mientras tanto, el silencio de la Junta Revolucionaria de Gobierno sobre los puntos más esperados de su acción está haciendo cundir la sensación de que los jóvenes militares están perdiendo un tiempo precioso para conseguir la credibilidad popular.

Esa impaciencia se vio reflejada en la esperada homilía dominical del arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien pidió a los miembros de la Junta respuestas urgentes y concretas a las aspiraciones del pueblo salvadoreño. El obispo, cuya voz se ha convertido en el espejo de las reivindicaciones de las clases menos favorecidas, reclamó la inmediata depuración de los cuerpos de seguridad del Estado, la devolución a sus familiares de todos los presos políticos y explicaciones sobre la suerte de desaparecidos.

Monseñor Romero censuró a Estados Unidos por sus promesas de reanudar la ayuda militar a El Salvador, como muestra de simpatía hacia las nuevas autoridades: «Estamos hartos de armas y de balas», dijo. No evitó, sin embargo, el arzobispo palabras, de aliento hacia la Junta Revolucionaria de Gobierno, para la que pidió un «suficiente margen de confianza». Tampoco se inhibió a la hora de considerar inoportunas las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de las Ligas Populares Veintiocho de Febrero (LP-28), que organizaron movilizaciones populares en las horas siguientes al golpe de Estado.

La gente espera promesas concretas al espinoso problema de los presos políticos y de los desaparecidos, que aún no se han producido. La generalidad de los salvadoreños desean una auténtica reforma de los cuerpos represivos (Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía Nacional), que tampoco se ha producido. Los salvadoreños exigen responsabilidades a todos los implicados en asesinatos, torturas, corrupciones, y todavía no ha habido más que respuestas tibias. Los campesinos demandan pronunciamientos claros y terminantes sobre los planes de la Junta Revolucionaria para resolver la inhumana situación de ese mayoritario sector de la sociedad.