Una huelga polémica

LA HUELGA de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia amenaza con colapsar por tiempo indefinido un servicio público tan esencial como el funcionamiento de los tribunales. La huelga ofrece además indicios de manipulación por grupos de la ultraderecha, siempre deseosos de aprovechar cualquier pretexto para desprestigiar las instituciones democráticas. Sin embargo, ni el paro merece las rotundas condenas de ilegalidad expresadas desde medios gubernamentales, ni carece de fuerza y de lógica la plataforma reivindicativa de carácter económico de los funcionarios públicos que lo han emprendido.El desarrollo de la Constitución a través de las leyes orgánicas y ordinarias tiene forzosamente que atemperarse a ritmos y a prioridades que pueden retrasar durante muchos meses algunos importantes puntos de, dicho desarrollo. Así ocurre con los artículos 28 y 103 de la Constitución, que precisan para su desarrollo la promulgación de leyes sobre el derecho de sindicación, las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos, el derecho a la huelga de los trabajadores, las garantías para que el paro asegure el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y el estatuto de los funcionarios públicos. Existe, pues, un vacío legal que no va a ser colmado de manera inmediata, pero que tampoco permite sentar cátedra acerca del tratamiento que en el futuro dé el Congreso en cuestiones tan delicadas como los medios lícitos que los empleados en la Administración pública pueden utilizar para la defensa de sus intereses.

Por lo demás, las reivindicaciones económicas que han llevado a oficiales, auxiliares y agentes de la Administración dejusticia a declararse en huelga son, cuando menos, razonables. El proyecto de ley de retribuciones del poder judicial, enviado por el Gobierno al Congreso a finales de septiembre, sólo incluye a los magistrados, jueces, fiscales, secretarios y médicos forenses. La exclusión del resto de los funcionarios de la Administración de justicia resulta tanto más sorprendente cuanto que un anterior proyecto de ley, inmediatamente anterior a la disolución de las Cortes en diciembre y decaído tras las convocatorias de nuevas elecciones, los abarcaba. Por lo demás, el carácter caprichoso y arbitrario del proyecto queda puesto de relieve al comprobar que las fronteras para delimitar el poder judicial han sido mal colocadas. En efecto, al poder judicial, en sentido estricto, sólo pertenecen jueces y magistrados, siendo dudosa la adscripción de los fiscales -jerarquizados y dependientes de las instrucciones del Gobierno- a esa área, y claramente inadecuada en lo que a los secretarios judiciales y médicos forenses se refiere.

La independencia del poder judicial precisa de los medios y recursos presupuestarios que garanticen la posibilidad de su ejercicio no mediatizadoi Nos parece necesario y excelente mejorar el nivel de retribuciones de magistrados y jueces. Pero de poco servirá esa medida si los funcionarios que les auxilian en sus tareas son mantenidos en una situación de precariedad e irritación que les conduzca al paro o a las huelgas de celo, les motive para la ineficiencia o les debilite para resistir a las tentaciones de la corrupción.

La razón que asiste a los oficiales de la Administración de justicia en sus reivindicaciones económicas, que el Gobierno debería satisfacer, no implica que el medio elegido para defenderlas -la huelga indefinida- sea el más correcto, y desde luego no se extiende a otros aspectos de su protesta. La pretensión de conferir un estatuto de derecho a las funciones judiciales que los oficiales realizan de hecho es inaceptable. Es cierto que los oficiales reciben declaraciones, e incluso redactan resoluciones, pero también es verdad que esa irregularidad-, con-sentida en la práctica y justificada por el malthusianismo aplicado a la carrera judicial, tiene que ser suprimida cuanto antes. Los oficiales, auxiliares y agentes deben ser incluidos en el proyecto de ley de remuneraciones del poder judicial, entre otras cosas, porque no son funcionarios públicos sin más, trasladables a otras ramas del Estado. Pero una ampliación sustancial del escalafón de la carrera judicial y una multiplicación del número de juzgados es la única respuesta válida para el desbordante trabajo que amenaza con ahogar en papeles a los tribunales y con llevar a la desesperación a litigantes y procesados.

En cuanto a los intentos de algunos sectores del llamado Sindicato Libre e Independiente de los Cuerpos de la Administración de Justicia para politizar en sentido antidemocrático el conflicto, baste con recordar que una de las escasas manifestaciones públicas de esa agrupación fue solidarizarse con el tristemente célebre manifiesto de un grupo de policías para declararse «dolorosamente hartos» de las instituciones democráticas. Los representantes del Sindicato Libre e Independiente, que se adhirieron al homenaje al señor De Miguel, uno de los magistrados que sentó lajurisprudencia que ilegalizó y penalizó a Comisiones Obreras en la etapa final del franquismo, deberían explicar a la opinión cómo conciliar su actual ejercicio del derecho de huelga y su añoranza por la época en que ese derecho era un delito duramente castigado.