Nuevo impuesto para la publicidad de bebidas alcohólicas

El Pleno del Congreso aceptó ayer una enmienda socialista por la que se establece un nuevo impuesto para la publicidad de bebidas alcohólicas. Al término del debate, el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, destacó que la ley de Impuestos Especiales que se acaba de aprobar era la quinta del paquete de la reforma fiscal iniciada en 1978 y adecuaba el sistema fiscal español al europeo, entre otras cosas, mediante un gravamen mayor de los licores de más baja calidad.

La disposición adicional, estableciendo un nuevo impuesto sobre la propaganda o publicidad de bebidas alcohólicas, fue defendida, en nombre del Grupo de Socialistas del Congreso, por Enrique Barón. La base imponible del nuevo impuesto será el importe total del precio satisfecho por la propaganda o publicidad, sin descuento ni bonificación. El tipo tributario a aplicar será el 50%. A la hora de votar esta enmienda, el aviso hecho, por los secretarios a través de los micrófonos para que los diputados que se encontraban fuera del hemiciclo pudieran votar no fue suficiente para un nutrido grupo de diputados centristas. La votación registrada fue de 147 votos favorables, 126 en contra y dos abstenciones. La parte izquierdista del hemiciclo dedicó un breve aplauso al éxito. Más tarde, el señor Barón ironizó: «Como se había planteado el tema del alcoholismo, muchos diputados estaban en el bar.»Otra disposición adicional propuesta seguidamente por el Grupo de Socialistas de Cataluña fue rechazada por 127 votos a favor, 152 en contra y diez abstenciones. En su defensa, Rodolfo Guerra recordó la publicidad televisiva sobre bebidas alcohólicas y concretamente el hecho de que desde hace poco las mujeres no aparezcan en los anuncios bebiendo, pero sí acercándose la copa a la boca, lo que supone un efecto publicitario mayor. La propuesta socialista fue evitar toda publicidad de bebidas alcohólicas como única fórmula para no fomentar el consumo de productos nocivos para la salud.

El diputado centrista Santiago Rodríguez Miranda acusó de incoherencia al PSOE por haber logrado que se gravara la publicidad de bebidas alcohólicas y seguidamente pedir que se suprimiera esta publicidad. Manifestó que la prohibición crearía graves problemas de mercado, y acusó la iniciativa socialista como un intento de despotismo ilustrado. «¿Es que somos menores de edad? », preguntó.

Rodolgo Guerra recordó que eran dos grupos distintos los autores de las enmiendas y añadió que la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas se ha producido en otros países, sin que se hayan creado por eso problemas de mercado.

Rechazada la última enmienda citada, el comunista Ramón Tamames explicó el voto de su grupo favorable a las dos propuestas socialislas, especialmente la última, que suponía una ocasión perdida por el Parlamento para hacerse eco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones sanitarias.

El Pleno acordó también la convalidación de sendos decretos-leyes, de 28 de septiembre de 1979, por importes, en ambos casos, de 7.000 millones de pesetas y con los destinos siguientes: participación de los ayuntamientos en el impuesto que grava en dos pesetas la venta de gasolina y sobre obras de reparación del puerto autónomo de Bilbao y régimen de financiación de las mismas.

Previamente se aprobó, sin debate, el proyecto de ley de participación de España en el aumento general ordinario de recursos del fondo africano de desarrollo.

Setenta y cinco concejales socialistas serán llamados a filas en los próximos tres o cuatro meses, a fin de cumplir su servicio militar. Para evitar esta situación, el Grupo Socialista del Congreso presentó ayer ante el Pleno de la Cámara una proposición de ley sobre el servicio militar, en el sentido de que entre los actuales motivos para la concesión de prórrogas se incluya la de desempeñar un cargo público.

Unión de Centro Democrático y el Gobierno, a través de Guillermo Medina, se opusieron, y la Cámara rechazó la proposición por 14 votos en contra, 119 a favor y siete abstenciones. El socialista Julio Busquets manifestó que en la situación actual un joven que esté estudiando puede disfrutar de prórrogas, mientras que un diputado o un concejal no puede. Manuel Fraga, de Coalición Democrática, explicó que su grupo había votado en contra por considerar que el servicio a las armas es el primer servicio público de todo ciudadano.

Portavoces socialistas manifestaron a EL PAIS que la postura del Gobierno suponía un serio peligro para la inserción de la juventud en el proceso democrático y que, de continuar la ley en sus términos actuales, se está impidiendo en la práctica que en las próximas elecciones para los órganos autonómicos se presenten menores de veintiún años.

Al parecer, el diputado de Unión de Centro Democrático Ramón Alvarez de Miranda, hijo del ex presidente del Congreso, se encuentra en una situación bastante parecida, puesto que ha terminado sus estudios y la prórroga para el cumplimiento del servicio militar finaliza en fechas próximas.

El Pleno del Congreso rechazó también una proposición de ley socialista a fin de que se eliminara el tope de los 65 años de edad, a los efectos de la declaración de gran invalidez. La propuesta fue rechazada. por trece votos de diferencia (146-133).

La única proposición de ley que prosperó fue presentada por el propio grupo del partido gubernamental, a fin de facilitar la realización de autopsias clínicas, de forma que se conjugue la ayuda a la investigación médica y los derechos individuales de las personas. La toma en consideración del texto de UCD fue aprobada por 179 votos a favor, dos en contra y uno nulo. El Pleno continuará hoy, a las once y media de la mañana, y en el orden del día figura una proposición de ley comunista sobre revalorización automática de las pensiones de la Seguridad Social para el período 1980-1983 y una proposición no de ley de los socialistas catalanes en relación con el concurso general de traslado del profesorado de EGB, tema especialmente polémico y de amplia repercusión social.