El ministro de Comercio afirma que continuará la política de liberación

El ministro de Comercio y Turismo, Juan Antonio García Diez, garantizó ayer la continuidad de la labor liberalizadora de su departamento, de acuerdo con la evolución de la coyuntura económica española e internacional. El ministro intervino en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con objeto de explicar a más de doscientos empresarios el alcance y contenido de las recientes disposiciones dictadas en materia de comercio exterior y control de cambios.

El ministro de Comercio expuso a los empresarios convocados por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) su teoría de que las circunstancias en que actualmente se desenvuelve la economía española justificaban el momento elegido para impulsar decididamente una concepción liberalizadora en las materias competentes de su departamento. Concretamente, el señor García Díez se refirió a la situación de la balanza exterior, cuyo saldo previsible para el presente año se estima en un superávit de 1.700 millones de dólares (110.500 millones de pesetas) en términos corrientes. También señaló que, a partir de las previsiones más pesimistas, el resultado menos favorable que puede esperarse para el próximo año es el de que se produzca un déficit de 1.000 millones de dólares (65.000 millones de pesetas). A estos dos factores se unen las favorables evolución y expectativas de la cuenta de capitales, que previsiblemente situarán las reservas en un nivel de 14.000 a 14.500 millones de dólares a finales del presente año.En el ámbito concreto de las medidas ya adoptadas, el señor García Díez estimó la existencia de cuatro razones objetivas que justifican la vía elegida. De un lado, señaló la futura integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), única alternativa para la economía española, teniendo en cuenta que Europa constituye en sí misma el mercado más importante de los existentes, sumando trescientos millones de consumidores, una vez consolidada la Comunidad de doce miembros. Otra motivación esencial es la característica estructural de la economía española. «Somos un país pobre y pequeño», dijo el ministro, con una notoria escasez de recursos naturales y un mercado insuficiente, que hacen necesaria la vía de abrir mercados. También se refirió al nuevo contexto comercial mundial, caracterizado por la redistribución de las producciones industriales, con acceso de países en vías de desarrollo en directa competencia. Este factor, unido a la estrategia desarrollada por las grandes multinacionales, resta a un país como España la sola posibilidad de pasar de ser un exportador de bienes a exportar tecnología y capitales. Finalmente, un cuarto argumento fue citado por el señor García Díez, a partir de la cada vez más notoria proliferación de prácticas proteccionistas. «España», dijo, «no tiene otra opción que colocarse en la línea de defensa del liberalismo, porque el proteccionismo no es viable para nuestra economía. Tenemos mucho que perder ahí.»

Además de analizar las recientes disposiciones de su departamento en materia de liberalización de inversiones directas en el exterior, supresión de la licencia de exportador a partir del 1 de enero de 1980 y nuevas facilidades crediticias en materia de préstamos a comprador y prefinanciación a bienes no de equipo, el ministro garantizó la continuidad en los planteamientos liberalizadores «en función de las circunstancias económicas del país». Destacó la nueva ley de Control de Cambios, pendiente en estos momentos de ratificación por el Senado, definida como neutral, pero que, anunció, será progresivamente complementada con medidas similares a las dictadas a principios del verano en materia de disponibilidades de divisas para viajes.

Como actuaciones inmediatas, el señor García Diez anunció una progresiva liberalización de las inversiones extranjeras en España, cuyo primer paso es la simplificación de los trámites administrativos, lograda al rebajar de rango el órgano gubernamental encargado de la autorización (hasta ahora era el Consejo de Ministros), con lo que los expedientes pueden acortar su tramitación en cuatro o cinco semanas. A estas medidas -insistió el ministro- seguirán otras al aplicar paulatinamente a medida que la coyuntura de la economía española evolucione en uno u otro sentido.