España y Francia compiten económicamente en Guinea
El ministro de Economía, José Luis Leal, ha salido hacia Guinea al frente de una delegación de expertos, que perfilará la futura cooperación económica entre los dos países y coordinará con el Gobierno de Malabo la ayuda española a la ex colonia africana. La misión asistirá a los actos conmemorativos de la independencia guineana.Ayer mismo finalizó la visita a la capital de Guinea Ecutorial del ministro francés de Cooperación, Robert Galley, que ha permanecido tres días en Malabo. Galley se ha entrevistado con el jefe del Estado ecuatoguineano, Teodoro Nguema, con quien ha firmado un comunicado conjunto, en el que ambos países se comprometen a «ampliar su cooperación en los terrenos agrícola, educativo, pesquero y de obras públicas».
El ministro francés, que entregó a Nguema un mensaje personal del presidente Giscard d'Estaing, declaró en Malabo que «Europa tiene necesidad de materias primas y Francia podría importar el cacao de Guinea Ecuatorial
España ha hecho saber en el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, en Ginebra, que está en marcha un plan para «repatriar en el plazo más breve posible a más de 5.000 guineanos», que se instalaron en nuestro país huyendo del régimen de Macías. Un barco que podría zarpar en noviembre está limpiando fondos en el puerto de Valencia para transportar al mayor número posible de miembros de la colonia de refugiados guineanos en Espana.
El Gobierno de Madrid no admite responsabilidades.
El Gobierno español no admite responsabilidades directas en los hechos relativos a las expropiaciones sufridas por españoles en Guinea Ecuatorial durante el régimen del derrocado Macías, declaró ayer a EL PAÍS un portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.Antonio Oyarzábal, director de la Oficina de Información Diplomática, afirmó que el Gobierno no ha dado una negativa rotunda a las personas afectadas por las expropiaciones, que estudia el caso y que para ello se ha creado una comisión especial en Presidencia, dirigida por Joaquín Ortega. Asimismo añadió que el Gobierno, una vez que los afectados dirijan al nuevo régimen sus reclamaciones, defenderá los intereses españoles.
El señor Oyarzábal afirmó que este caso no es comparable al de las indemnizaciones del Sahara que administró España y que indemnizó el propio Gobierno español.
