La grave crisis económica condiciona la estabilidad política

Por ahora no puede hablarse de un sistema rígido, cerrado, que marque el norte de las decisiones económicas del Gobierno nicaragüense. Alfonso Robelo, miembro de la Junta y, teóricamente, uno de los actuales dirigentes más versados en cuestiones económicas, dice que se aplica un «sistema mixto», que alterna las teorías de la economía de mercado con nacionalizaciones, como las de la banca, o explotaciones estatales de tierras de labor, como las de las grandes extensiones expropiadas al dictador y a sus amigos.Algunos observadores no comprometidos con el Gobierno señalan que el intervencionismo estatal en materia económica será inevitablemente creciente, a menos que consigan motivar suficientemente a la iniciativa privada, que se muestra reacia a poner en marcha sus antiguas empresas y, más aún, a abrir nuevos negocios. Una cadena de supermercados existente en el país, La Colonia, aceptó reanudar la actividad en sus saqueados locales con la inexcusable condición de que el Estado asumiera el 50% de la sociedad. Al ser Somoza y las gentes de su entorno los propietarios de la mayoría de las industrias importantes del país, el Estado, después de las expropiaciones, se ha convertido virtualmente en el primero y casi único promotor industrial nicaragüense.

Esto, sin duda, es un serio problema para el Gobierno en más de una ocasión: no es sencillo, por ejemplo, encontrar personas idóneas para colocar al frente de esas industrias.

Informe de la CEPAL

Es preciso reconocer que todo es muy difícil en estas primeras semanas siguientes al triunfo de la revolución: hay que ir a Nicaragua y recorrer sus ciudades para poder calibrar en toda su extensión los daños causados por la guerra, por la rapiña, por el abandono. Un reciente informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), organismo dependiente de las Naciones Unidas, señala que los daños sufridos por las industrias durante los combates equivalen a más de 150 millones de dólares (alrededor de 10.000 millones de pesetas), y que las pérdidas en edificaciones superan los cuarenta millones (2.800 millones de pesetas). Afirma también que la guerra civil costó 35.000 vidas humanas. El citado organismo, que alaba «la eficacia de las autoridades para recuperar el control de la administración nacional», pone de manifiesto las dificultades intrínsecas del proceso de reconstrucción.

La actividad laboral es muy reducida, sobre todo en los centros urbanos. Aunque no existen estadísticas, los más optimistas señalan que el desempleo alcanza al 30% de la población activa. El sector servicios es, sin duda, el más favorecido. Ese apartado de la producción es el que mayor vitalidad ofrece en estos momentos y el que, en buena medida, ha contribuido a la cada día más consistente imagen de normalización.

Las nuevas circunstancias, por supuesto, han propiciado un reverdecimiento de las actividades sindicales, aunque la organización es aún muy esquemática. La CNT (Confederación Nicaragüense de Trabajadores) aparece, sin duda, como la fuerza obrera potencialmente más importante del país. No se han producido, hasta ahora, choques serios con los empresarios. Unos y otros parecen estar más empeñados en progresar y en salir de esta situación que en plantear situaciones reivindicativas. Tan sólo existe tensión por la pretensión de algunos sectores laborales para conseguir que los patronos paguen los sueldos correspondientes a los dos meses de guerra que coincidieron con los de huelga general.

Lo más serio de la grave situación económica nicaragüense es, sin duda, la elevada deuda externa y las duras condiciones en que ésta fue adquirida. Ahora mismo, Nicaragua debe más de 1.500 millones de dólares (casi 100.000 millones de pesetas), que significan el equivalente a los ingresos de tres años de exportaciones o el producto nacional bruto de un año.

La Junta de Reconstrucción ha explicado públicamente en distintos foros cuál es su posición con respecto a este problema: como principio general, el país no está ahora en disposición de cumplir los compromisos contraídos por el régimen anterior y espera comprensión por parte de los acreedores para la renegociación de los débitos.

En las Naciones Unidas, Daniel Ortega, miembro de la Junta de Reconstrucción, aclaró de forma meridiana que Nicaragua no pensaba pagar ni un solo centavo de las deudas contraídas por Somoza para la compra de materiales bélicos o para cualquier otra clase de financiación de la guerra.

En este capítulo de las ayudas, los responsables del Gobierno insisten en que, por encima de todo, precisan dinero contante. Somoza dejó en los depósitos del Banco Central menos de tres millones de dólares y se llevó en los últimos meses, según estimaciones nada exageradas, cerca de cincuenta, o prácticamente todas las reservas de divisas de la nación. Hasta las próximas cosechas de café y algodón Nicaragua no podrá exportar casi nada.

Diversos organismos financieros internacionales han concedido créditos a Nicaragua por un importe aproximado de seiscientos millones de dólares (unos 40.000 millones de pesetas), pero de ellos sólo han llegado al país alrededor de 170 millones.

Aunque la situación presente es muy grave, todos en Nicaragua creen que hay razones más que sobradas para el optimismo. El país es muy rico, sobre todo si se tiene en cuenta que la población no es muy numerosa. La potencialidad agrícola y ganadera, enorme. Ni las tierras, ni la mayor parte de la cabaña ganadera han sufrido daños. Cuando los campesinos consigan su primera cosecha normal, el país dispondrá de una fuente de ingresos importante.