La OCU interpone dos denuncias contra Telefónica por supuesta subida ilegal de tarifas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un requerimiento público a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y a la Compañía Telefónica Nacional de España para que se dé inmediata marcha atrás en su decisión de haber duplicado desde el 1 de agosto el precio de la mayoría de las conferencias urbanas y para que se suspenda y anule el acuerdo mencionado. En este sentido, la OCU ha interpuesto denuncias ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, por abuso de posición dominante en el mercado, y ante la Dirección General del Consumo y de la Disciplina del Mercado, por haber excedido las tarifas aplicables.

El hecho fue denunciado a mediados de semana por CCOO: desde el pasado mes de agosto, la CTNE viene aplicando dos pasos de contador por cada tres minutos o fracción en las conferencias urbanas que se celebran en ciudades con más de una central telefónica, en lugar de un solo paso, como hasta ahora venía haciendo. Se sigue aplicando un paso en las conferencias realizadas dentro de la zona de influencia de cada central. La medida adquiere mayores repercusiones si se tiene en cuenta que la CTNE ha efectuado una reestructuración técnica por la cual se establece un número de zonas de tarificación superior al vigente en el mes de julio. Madrid, por ejemplo, estaba dividido entonces en cuatro zonas urbanas y, según la nueva reestructuración, ahora lo está en 37.La CTNE ha justificado la entrada en vigor de esta medida asegurando que fue aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 11 de septiembre de 1969 y que no había sido posible ponerla en práctica anteriormente en todas las zonas por «dificultades técnicas», actualmente ya superadas.

Una medida de muchos millones

Millones de conferencias urbanas han duplicado su precio y le supondrán a Telefónica unos ingresos adicionales (entre 7.000 y 14.000 millones, según primeras evaluaciones del departamento económico de la OCU). Las tarifas en vigor hasta comienzos de verano establecían un precio de 1,45 pesetas para cada paso de contador. El 2 de julio, por una orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se autorizaba a Telefónica a aumentar sus tarifas, estableciendo la del paso de contador en 1,57 pesetas (8,2% de incremento). Ahora, con la medida aplicada por Telefónica, los tres minutos o fracción de conferencia urbana costarán 3,14 pesetas, lo que supone una subida del 116,5% sobre las tarifas en vigor anteriores a julio. En el artículo 5.º de esta disposición «se mantendrán asimismo, por parte de la Compañía Telefónica Nacional de España, las actuales frecuencias y duraciones de los pasos de contador».En la argumentación de sus denuncias, la OCU asegura que ha repasado cuidadosamente los archivos y no ha encontrado referencia alguna sobre la resolución de la Comisión Delegada del Gobierno de 11 de septiembre de 1969, única argumentación legal de Telefónica para esta subida, y que, pese a sus esfuerzos en centros oficiales, tampoco han tenido acceso al mencionado texto. «Estamos, por tanto, una vez más», asegura la OCU, «ante el principal enemigo del consumidor: el secreto. La Telefónica usa frecuentemente la prensa para informar al público... de aquello que le conviene o le interesa, con gran utilización de recursos económicos y profusión y reiteración extraordinarias. Pero en diez años nada dijo de que se le hubiera autorizado a disponer de las tarifas, alterándolas para su interés y por su sola decisión.»

La disposición de 2 de julio de 1979 obliga a Telefónica a mantener las actuales frecuencias y duraciones de los pasos de contador, y cualquiera que sea, pues, el contenido de la orden esgrimida por la compañía es contrario a la legislación vigente. «Si alguna vez hubo autorización, ya no la hay». Con la medida puesta en vigor a partir de agosto, donde se cobraba un paso ahora se cobran dos, y eso es alteración de frecuencias, totalmente prohibido por la orden de 2 de julio pasado.

Después de escuchar el dictamen de su asesoría jurídica, la OCU requiere públicamente a Telefónica para que publique, a toda página, en la prensa diaria, la resolución que invoca y dice tener; que diga cómo y cuándo la dio a conocer a sus abonados y al público en general; cuántas veces y cuándo ha hecho uso de la autorización, y que manifieste si se considera autorizada para cambiar los precios de los servicios medidos por contador realizando cambios en las zonas.