Los terratenientes andaluces aseguran que "casi no hay" fincas manifiestamente mejorables

«Andalucía es una de las regiones donde la tierra está mejor cultivada. No niego que haya fincas manifiestamente mejorables, pero creo que tendrán que buscarlas con un candil», declaró José Bohórquez, presidente de la Federación de Agricultores de Andalucía, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada ayer en Sevilla para puntualizar «la sorprendente información facilitada por el Ministerio sobre la entrevista que mantuvimos el lunes».

El señor Bohórquez precisó que de las tres horas que duró la reunión con el ministro, sólo media había estado dedicada al tema de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, y que la conversación se había desarrollado con discrepancias, pero sin tensiones de ninguna clase. Insistió en que «la Federación no ampara a ningún latifundista absentista, pero se opone a que haya caza de brujas contra los agricultores; pide congruencia al Ministerio y que su actuación se supedite a lo que establece la ley sobre audiencia a las cámaras agrarias».El presidente de la Federación de Agricultores añadió que lo que los campesinos demandan es que se delimite claramente el campo de juego, y que se marquen los criterios objetivos que garanticen la seguridad del empresariado, así como que el desarrollo de la ley -que tiene como plazo para su entrada en vigor hasta el 1 de enero próximo- haga posible el principio de libertad empresarial consagrado en la Constitución.

«Estamos pasando por uno de los peores momentos de la historia de la agricultura andaluza», acusó a continuación José Bohórquez, culpando de ello a la política agraria del Gobierno y agregando que los agricultores, «que han sido vapuleados en las negociaciones sobre precios agrarios en las últimas campañas», no prestarán credibilidad más que a las promesas de mejoras que vayan acompañadas de su publicación en el BOE. «¿Ustedes creen que los agricultores han arrancado 200.000 hectáreas de olivar en los dos últimos años por gusto?»

Pidió, finalmente, que el seguro de desempleo se extienda a los obreros agrícolas en lugar del empleo comunitario, al que calificó de limosna, y lamentó que decisiones importantes de política agraria las adoptasen quienes apenas conocen los problemas del campo o no quieren conocerlos.

Por otro lado, Javier López de la Puerta, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) de la provincia de Sevilla, declaró a EL PAIS que «los agricultores aceptamos la crítica constructiva, pero la rechazamos de plano cuando roza la demagogia». Subrayó que el ministro había analizado los efectos de la crisis de la agricultura (abandono de los cultivos sociales por parte de los empresarios), pero no las causas que la producen (fuertes aumentos de los costes de producción frente a congelación de precios de los productos).

«Los empresarios agrícolas no dejamos de cultivar remolacha, algodón y olivo por egoísmo o comodidad», añadió el señor López de la Puerta. En el caso del primer cultivo, por ejemplo, la ordenación de la campaña del pasado año no se publicó hasta noviembre, lo que impidió la más mínima planificación.

En cuanto a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, Javier López, tras aclarar que la reunión de representantes de la Federación de Agricultores de Andalucía con el ministro no tenía como fin protestar por su promulgación, indicó que los agricultores respetarán la ley tal como salga del Senado, pero que era imprescindible que su desarrollo y ejecución se hagan en base a unos criterios objetivos y públicos, y no según la interpretación personal de ningún ministro.

Escepticismo sindical

Fuentes de la Unión de Agricultores y Ganaderos (COAG) coincidían globalmente con las apreciaciones de De la Puerta, pronosticando que «si van a expropiar todas las fincas de más de quinientas hectáreas que no cultiven algodón o remolacha van a tener que expropiar a todo el campo andaluz». Según las mismas fuentes, el ministro está obligando a los campesinos a que cultiven sus tierras perdiendo dinero. Otros sectores agrarios, en fin, no descartan la hipótesis de que Lamo de Espinosa sólo pretenda, en realidad, escarmentar a unos cuantos terratenientes absentistas y no aplicar una política rigorista a todo el sector.Los sindicatos obreros, mientras tanto, siguen mostrando su escepticismo ante el anuncio del ministro de Agricultura. Para Antonio Romero, secretario general de CCOO del campo de Andalucía, «el día en que se expropie una sola finca, los obreros agrícolas volverán a tener esperanza». El líder sindical agregó que Comisiones Obreras seguirá presionando para que las expropiaciones no se queden una vez más en palabras; y, en relación con la protesta de la Federación de Agricultores Andaluces, declaró: «Algunos terratenientes se asustan si se les dice que van a expropiarles una maceta.»

También Julián Chías (FTT-UGT) señaló que «estamos demasiado acostumbrados a que se nos diga que va en serio lo de las expropiaciones como para creerlo», añadiendo que las mayores protestas ante las intenciones declaradas por el ministro pueden venir, en todo caso, de latifundistas no representativos de la mentalidad media del empresario agrícola andaluz y que aún siguen pensando en sus fincas como cotos de caza y recreo.