La televisión privada, ni regulada ni prohibida

«El Gobierno nunca pretendió con este proyecto regular la televisión privada ni prohibirla, puesto que la Constitución ni la autoriza ni se opone a ella», dijo el ministro de Cultura, Manuel Clavero Arévalo, en la intervención que realizó ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, tras la aprobación del estatuto de RTVE. El señor Clavero se refería al artículo primero de la ley, que establece que la radio y la televisión son un servicio público de titularidad estatal, definición que según algunos grupos era de una notable ambigüedad. Aclarando esta supuesta ambigüedad dijo el ministro que la opinión del Gobierno es que no existe monopolio, aunque se diga que la televisión es un servicio público de titularidad estatal.

Como ejemplo de que no existe tal monopolio, citó servicios públicos, en los que participa el Estado, pero sin monopolizarlos, y recordó las declaraciones del presidente Suárez a EL PAIS, en las que el jefe del Gobierno afirmó que no deseaba cerrar las puertas a la televisión privada, aunque era objetivo prioritario lograr una televisión pública de calidad y políticamente plural.

Asimismo, el ministro expresó su deseo de aclarar lo relativo a los canales de televisión regional, y en este sentido dijo que había que consagrar, ante todo, el principio de solidaridad interregional, lo cual quiere decir que los presupuestos del Estado no contemplarán los canales regionales de televisión hasta que no esté correctamente cubierta en todo el territorio estatal la difusión del segundo canal.

Sobre este mismo punto afirmó que las comunidades autónomas gestionarán la televisión regional y que la propia RTVE se organizará regionalmente, pero todo ello sin merma de que el servicio siga siendo de titularidad estatal, aunque el Gobierno tiene la facultad de ceder competencias.

El señor Clavero recordó, en otro orden de cosas, que hasta ahora la organización de RTVE había estado basada en los meros hechos, puesto que le faltaba el adecuado marco jurídico, si bien la Constitución ya estableció su necesidad y, antes de la aprobación de la norma fundamental del Estado, el propio Gobierno decretó en 1977 la plena libertad informativa, fijó las plantillas, convirtió a RTVE en organismo autónomo y tomó otras medidas.

Finalmente, afirmó que el Gobierno se compromete a dar un apoyo total a los órganos que crea el estatuto, y es consciente de la necesidad de enriquecer la programación y mejorar la calidad del servicio, en general.

La intervención del ministro de Cultura se produjo una vez finalizado el debate sobre la veintena de enmiendas mantenidas al proyecto de ley, cifra que marca el grado de consenso alcanzado, ya que, en principio, fueron más de trescientas las propuestas de modificación del proyecto gubernamental formuladas por los distintos grupos parlamentarios.