"La regulación del divorcio se fundamenta en la Constitucion

La regulación del matrimonio y de las causas de disolución que actualmente prepara Unión de Centro Democrático (UCD) abordará de frente el tema del divorcio, con independencia de que sea un democristiano, Iñigo Cavero, el titular del Ministerio de Justicia. Así lo manifestó a EL PAIS el propio señor Cavero, quien aseguró que, desde el punto de vista de UCD, el mandato constitucional para regular las formas de matrimonio y su disolución lleva consigo la consideración del tema del divorcio.

Sin embargo, la primera batalla para la regulación del divorcio se ha planteado en UCD, no tanto en relación con las causas para la disolución del vínculo como en el aspecto, más jurídico, pero no menos importante, de las formas de matrimonio. En definitiva, se trata de dilucidar si el divorcio queda enteramente en el ámbito civil, teniendo en cuenta que partimos de una situación en la que, a causa de la confesionalidad del Estado, el poder civil se remitía al ámbito canónico para todo lo relacionado con matrimonios celebrados por la Iglesia.El Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto que, a jucicio de su titular, es más abierto que la famosa ley Fortuna italiana. El señor Cavero manifestó que era rigurosamente inexacto que el Gobierno no hubiera preparado una ley del divorcio, tal y como afirman algunos medios de comunicación. «Hemos pensado que la mejor forma de regularlo, desde un punto de vista técnico, es introducirlo en el propio Código civil, pero no tenemos ningún miedo a la palabra divorcio y el texto es meridianamente claro en este sentido; dice textualmente que las causas de disolución del matrimonio son la muerte de uno de los cónyuges y el divorcio, y, a continuación, pasa a regular las causas de éste.»

De acuerdo con los especialistas centristas consultados por EL PAIS, en Europa existen tres fórmulas distintas de regulación del matrimonio. La República Federal de Alemania, Bélgica, Holanda y Francia adoptaron la fórmula conocida como «matrimonio civil obligatorio». Las parejas que desean casarse deben acudir, obligatoriamente, ante un juez civil y, después, si lo desean, ante el ministro de la religión que profesen para celebrar la ceremonia correspondiente. Desde el punto de vista del Estado, existe un único matrimonio, el civil, y una única forma de prestar el consentimiento, ante el juez. No se reconoce valorjurídico alguno al matrimonio exclusivamente canónico.

Esta fórmula ha sido rechazada por el partido gubernamental. El proyecto elaborado por el Ministerio de justicia se inspira en los casos de Dinamarca, Portugal o Gran Bretaña, en los que el Estado reconoce un único matrimonio, con dos fórmulas distintas de prestar el consentimiento: ante el juez o ante el ministro de la religión que practiquen los contrayentes. Esta última fórmula tiene también efectos civiles, pero puesto que legalmente es un único matrimonio, las causas de separación o de divorcio se establecen exclusivamente por tribunales civiles. Una pareja que haya contraído matrimonio canónico y que obtenga después la anulación del vínculo matrimonial en un tribunal eclesiástico, si desea volver a contraer matrimonio, deberá solicitar la anulación o el divorcio ante un tribunal civil. Es decir, los tribunales del Estado no reconocen la validez de las sentencias de un tribunal eclesiástico y le resulta indiferente si éstos han concedido la anulación o no.

El sector más conservador de UCD -que no se opone frontalmente el divorcio, porque supondría adoptar una postura inconstitucional, a juicio de los propios dirigentes gubernamentales- intenta que, al menos, el proyecto de ley español se ajuste más al modelo italiano, y que, como mínimo, el Estado reconozca la validez de las sentencias eclesiásticas, de forma que un matrimonio que haya conseguido la anulación en la Santa Rota no tenga que solicitar obligatoriamente el divorcio de forma independiente. Este sector desearía una separación menos drástica entre el derecho canónico y el derecho civil. «En el fondo», explican sectores más progresistas de UCD, «desearían el modelo colombiano, según el cual el Estado no permite que un matrimonio contraído por la Iglesia obtenga el divorcio. »