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Reportaje:La situación escolar en España / 4

Galicia exporta maestros, mientras sus niños carecen de escolarización adecuada

Mal ha comenzado el año escolar en Galicia. Al eterno problema de la escasez de plazas, al ya crónico asunto del traslado forzoso de maestros se han sumado esta vez, desde el primer día de curso, las dificultades de transporte escolar, derivadas de la huelga de concesionarios, que demandan aumentos (del 20% al 25%) en las tarifas contratadas.« De poco, por no decir nada, está sirviendo a Galicia tener a un paisano en el Ministerio de Educación», declaró a EL PAÍS Pedro Arias, profesor universitario de Compostela, que viene ocupándose de la planificación escolar desde hace varios años. Estaba en su mente, al aludir con estas palabras al ministro Otero Novas, el endémico y conflictivo problema de los traslados forzosos de maestros. «Aquí se dala contradicción », explicó, «de que, mientras tenemos niños sin escolarizar o mal escolarizados, los maestros gallegos tienen que marchar a la fuerza a Canarias, a Cataluña o a donde les manden. » Alicia Rivas, una maestra desplazada en el curso pasado a Canarias, se lamentó de esta situación diciendo que no puede rendir en su destino obligado lo mismo que rendía cuando ejercía con ilusión en un pueblo perdido de los Ancares. «Cuando me obligaron a marchar», contestó, «ví cómo se interrumpía un trabajo absolutamente hermoso y necesario con los niños de Prado (Cervantes, Lugo). Mi deseo entrañable es de volver a Galicia tan pronto como me dejen.»

Provincias «tercermundistas»

El Ministerio anunció, para el curso 1979-1980, la dotación oficial de 11.344 puestos escolares, 102 menos que en el año escolar anterior. Lugo y Orense, las dos provincias « tercermundistas », perdieron en conjunto 195 plazas oficiales. A pesar de la inoperancia que hasta ahora viene caracterizando a la Junta de Galicia respecto a la práctica cotidiana de los problemas gallegos, por razones que no parecen ser exclusivamente derivadas de la falta de competencias reales, esta vez la Consejería de Educación y Cultura reaccionó de inmediato. «Le dijimos al ministro», informó a EL PAÍS su titular, Alejandrino Fernández Otero, «que no basta con las previsiones que hicieron, sino que se necesita dotar, por lo menos, otras quinientas plazas más para atender mínimamente la demanda gallega en educación.»

Según las últimas estadísticas oficiales de que se dispone, hay en Galicia 3.198 centros preescolares, de los que 2.701 son estatales, y 497, privados. De los últimos, 151 están subvencionados. «Este es, sin embargo, el nivel más desatendido en Galicia», comentó a EL PAÍS un portavoz del Sindicato Galego de Traballadores do Ensino (SGTE). «Es difícil calcular el número exacto de plazas que serían necesarias, pero está fuera de toda duda el hecho real de que Galicia está infradotada en preescolar.» Aquí se plantea además el complejo problema de la educación preescolar en el medio rural, con toda la carga que conlleva la iniciación de un proceso educacional que muchas veces supone pasos definitivos hacia la diglosia y la consiguiente colonización lingüística, tal como se empeñan en señalar los movimientos nacionalistas.

Decreto de bilingüismo

En Galicia se insiste una y otra vez (Xornadas do Ensino en Orense, sobre todo, pero también de alguna manera la Escola do Vran, celebrada este año en Vigo) en que es imprescindible adaptar los métodos y los contenidos de la enseñanza a las auténticas realidades del país gallego. El reciente decreto regulador del bilingüismo no pasa de ser una puerta que se entreabre a las perspectivas del futuro inmediato, según los sectores que lo contemplan con mayor optimismo. Las dificultades de su aplicación práctica están todavía por ver en sus dimensiones más amplias, pero el panorama no se presenta del todo cerrado por ahora. «Habrá que dar respuesta activa a los nuevos hechos que se abren en Galicia a nivel de la educación», respondió el consejero de Cultura de la Junta, «al tiempo que deberemos tratar de aplicar ya con la máxima eficacia los mecanismos legales y materiales de que disponemos con la promulgación del real decretó. »

La cuestión no es de menor importancia si se plantea al nivel de la enseñanza general básica. El Estado dotó en el curso 1976-1977 cerca de trescientas plazas escolares más que en el año actual. ¿Por qué la tendencia oficial a disminuir las dotaciones? A esta pregunta no encuentran respuesta los sindicatos, ni los padres de los alumnos, ni siquiera la Junta de Galicia, que no deja de ser un apéndice de la política del propio Gobierno. El ministro Otero Novas considera que, salvados los niveles de preescolar y de formación profesional, Galicia tiene ahora mismo una escolarización que se aproxima puntualmente a las, necesidades reales y que es comparable o superior a otras zonas de España. Lejos, muy lejos de su opinión, se presentan las consideraciones de los partidos de izquierda y de los sindicatos profesionales. Sin que nadie se atreva por el momento a situar los déficit reales o funcionales de Galicia.

Las perspectivas del alumno gallego, a partir de EGB, siguen siendo igual de problemáticas. Problema aparte es el de los alumnos que provienen del medio rural -todavía un número considerable-, que al llegar al BUP, o posteriormente a la universidad, se encuentran con que su formación es considerablemente de peor calidad que la de sus compañeros de la ciudad. En esto funciona, una vez más, el temible resorte de la diglosia, con sus inevitables consecuencias, tantas veces traumatizantes.

La formación profesional sigue siendo aún «la hermana pobre de la enseñanza». Otero Novas declaró hace pocas semanas que en Galicia «hay que acabar con el fetichismo ridículo del título universitario ». Pero ¿cómo?, se preguntan los padres, los alumnos, los profesores e incluso algunas autoridades regionales. El hecho real es que en Galicia sólo hay 129 centros dedicados a este nivel de la enseñanza (59 estatales y 70 no estatales), en los cuales tienen lugar a matricularse 24.951 alumnos (15.819 varones y 9.132 mujeres). Teóricamente esta es la enseñanza en la que sobran puestos escolares, pues estuvo prevista, en el curso pasado, la dotación de 47.832 plazas, más de la mitad de ellas para recibir enseñanza en aulas; 10.777, en talleres;, 4.270, en laboratorios, y 5.0251, en aulas especiales.

Por otra parte, este tipo de enseñanza, la formación profesional, adolece a todas luces de la grave deficiencia de no haber sido enfocada, como era debido, hacia el amplísimo sector rural (más del 50% de la población gallega se asienta todavía en núcleos que viven de la agricultura o de la pesca), con la planificación adecuada de enseñanzas específicas. «Es necesario», diría, en este sentido, otro portavoz sindical, en este caso de la UTEG, «que se apliquen acciones muy concretas hacia la enseñanza práctica y especial de los campesinos y de los pescadores. »

Galicia es además notablemente deficitaria en el campo de las enseñanzas especiales. En 1976-1977 sólo recibieron educación especial 1.732 personas y únicamente 5.850 adultos accedieron a una enseñanza programada para ellos por distintos caminos. No falta quien señala la existencia real de un porcentaje superior al 40% de analfabetos funcionales en la población mayor de treinta años. ¿Qué se ha hecho por ellos? Simplemente, unas campañas oficiales que tuvie ron más rélustre público que eficacia, y algunos esfuerzos encomiables del Ejército en este sentido. Lo que sí es evidente es que la mayor parte de los paisanos gallegos no aciertan a distinguir hoy los contenidos semánticos de un titular de prensa que cuente la vocación autonomista del presidente Quiroga de otro que resuma los resultados del pacto de la Moncloa.

Resistencias a la normalización del idioma

Paralelamente se plantea la existencia de un cuerpo de profesores que no parecen haberse concienciado todavía del gran reto educacional con el que Galicia tiene que enfrentarse. Según se puede deducir de los cursos programados por el Instituto da Lingua Galega para la formación de futuros maestros en gallego, se registran por ahora algunas resistencias significativas a este proceso de normalización de la enseñanza en gallego. El nivel de sindicación de los profesores de EGB, preescolar o formación profesional es difícil que pase del 20%. El aislamiento geocultural de muchos maestros de Galicia no facilita precisamente la concienciación que reclaman las fuerzas políticas y culturales.

Existe, por lo demás, una cierta atomización sindical, que hace que ahora mismo estén en liza cinco organizaciones sindicales que operan en la enseñanza, aparte de las federaciones correspondientes de CCOO y de UGT. ¿Qué va a pasar? Las fuentes consultadas por EL PAÍS para elaborar este informe coinciden en señalar que depende, en gran medida, de los pasos que se den ahora a partir de la autonomía que se consiga y de la prosecución del camino de normalización iniciado por el decreto de bilingüismo. El uso que pudiera hacerse en el futuro, y que no se hace, de la televisión o de la radio como un medio más de educación, en Galicia podría abrir perspectivas insospechadas, que hasta ahora no han sido ni siquiera calculadas.

Caso aparte sería el de las concentraciones escolares. El tema es de tal envergadura que nadie, ni siquiera quienes las preconizaron, oculta hoy su preocupación. Han sido hechas sin atender a la configuración del mapa educacional de Galicia, y las consecuencias están viéndose, entre otras cosas, en el hecho de que no responden a la naturaleza del alumnado rural. Se abandonaron las viejas escuelas rurales, sin razón muchas veces, para amontonar alumnos que se separan de su medio ambiente por la mañana para devolverlos sólo a la noche para dormir. Es evidente que un niño de una aldea de Galicia, que además de ir a la escuela trabajaba antes con sus padres en una simbiosis educacional muy compleja, se resiente cuando lo separan de un medio natural al que debe regresar más tarde. Según las opiniones mayoritarias, el tema de las concentraciones debe ser revisado, entre otras razones, porque está creando un difícil problema de transporte escolar, realizado casi siempre bajo condiciones de séguridad mínimas, como ya se demostró en repetidos accidentes que causaron varias muertes.

Próximo capítulo: «Aragón padece una política de desertización docente. »

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