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El coste de las obras impide adecuar el Metro a las necesidades de los minusválidos

Los minusválidos madrileños no podrán acceder a las instalaciones del Metro, ya que las obras para la adecuación de este transporte costarían aproximadamente 5.000 millones de pesetas, cantidad que, desde un punto de vista financiero es imposible destinar a ese fin.La afirmación fue hecha ayer en el curso de una reunión informal del presidente del consejo de intervención con algunos periodistas, en la que se trató también la estructuración de los servicios de vigilancia que se piensan implantar en el Metro desde el 1 de octubre, y de la que ya adelantó información EL PAÍS del pasado martes.

Sobre el primero de los puntos, Juan Torres, presidente del consejo de intervención, manifestó que la petición hecha por algunas asociaciones de minusválidos no se podía atender, ya que, aunque no se había hecho un estudio en profundidad, el coste citado para la adecuación de las entradas y accesos a las estaciones y vagones era imposible de abordar.

El tema de la contratación de vigilantes jurados para luchar contra la venta ambulante, impedir las pintadas y otros actos de gamberrismo fue tratado más en profundidad. Según un estudio realizado hace tiempo por la Guardia Civil, se calculó que el número necesario de personas para desarrollar esta actividad superaba las seiscientas. Posteriores estudios rebajaron la cantidad,y en opinión de una empresa que ha realizado un estudio en profundidad sobre la seguridad en el Metro, a petición del consejo de intervención, sólo serían necesarias cerca de 190 personas.

Ante la falta de efectivos de la Policía Nacional para hacerse cargo de las instalaciones de la compañía, se ha contratado a una empresa privada de seguridad el servicio de vigilantes jurados, que estarán bajo el mando de la Policía Nacional y que serán sustituidos por miembros de este cuerpo paulatinamente. Sobre si estos vigilantes deberán llevar o no pistola, la empresa que ha realizado el estudio opina que deberían ser provistos de elementos de defensa personal que sustituyan al arma; sin embargo, la decisión dependerá en última instancia del gobernador civil.»

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de septiembre de 1979