Fuenlabrada y Parla, apoyados por sus alcaldes, amenazan con llegar a la desobediencia fiscal

Después de año y medio de esfuerzos para que los organismos oficiales les reconozcan su derecho a -la exención del impuesto sobre trasmisión de vivienda, lo que están a punto de conseguir, ,unas 25.000 familias de los municipios de Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz y Alcorcón se encuentran con que en las Cortes se ha aprobado una ley de medidas fiscales que, en uno de sus muchos puntos, ha derogado la posibilidad de la exención. Tanto los alcaldes de las dos primeras localidades como las asociaciones de vecinos han declarado su intención de acudir a movilizaciones populares y emprender una campaña de desobediencia fiscal (no pagar impuestos de ningún tipo) si no consiguen un plazo de seis meses para terminar de tramitar sus expedientes.El tema es de una complejidad tremenda, y la solución, que en opinión de los abogados de los afectados debe contemplar los derechos de los vecinos sin por eso retrasar la aplicación de las medidas progresivas previstas en la ley aprobada, debe ser estudiada con precisión. Los alcaldes socialistas de los pueblos en cuestión mantendrán contactos con los parlamentarios de su partido en este sentido.

El problema abarca prácticamente a toda España, y tiene su base en las prácticas irregulares de las empresas constructoras, que tratan por todos los medios de obtener el máximo beneficio, no cumpliendo con sus obligaciones de urbanización y eludiendo en lo posible el pago de impuestos. La ley antigua (aún en vigor, puesto que la recientemente aprobada se aplicará a partir del 1 de octubre) establece que podrán acogerse a la exención de la trasmisión patrimonial aquellos compradores de viviendas levantadas en polígonos de nueva urbanización, en un plazo comprendido en los tres años posteriores a la compra. En Fuenlabrada, como en Parla y en general en cualquier localidad española, la práctica de las inmobiliarias consistió en construir las casas y olvidarse la urbanización de calles y zonas verdes. A su vez, el contrato de compra-venta se hacía mediante documento privado, y en la mayoría de los casos sólo después de varios años se elevaba a escritura pública, momento en que el comprador debía pagar a Hacienda como impuesto el 8,29% del valor del piso. En Fuenlabrada (utilizaremos esta localidad como ejemplo, por ser donde más auge ha tomado la oposición vecinal), un piso de tres millones de pesetas debería pagar unas, 200.000 pesetas de impuestos por término medio.

Esta cantidad es la que los compradores tienen derecho a no pagar acogiéndose a la exención. La dificultad estribó en que Coplaco se negaba a conceder el visto bueno en base a que la urbanización no estaba hecha, y que en Fuenlabrada no existían planes parciales. La postura de los alcaldes socialistas fue rotunda: Coplaco no había cumplido con sus funciones inspectoras, había permitido el caos urbanístico en la provincia y no podía alegar esto precisamente para impedir a los vecinos ejercer su derecho a la exención. Estos argumentos, reforzados por una resolución de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, que les daba la razón, hicieron reconsiderar su actitud a Coplaco, que es casi seguro que en las próximas semanas dé el visto bueno definitivo.

Cuando ya parecía estar todo arreglado, surge la aprobación, el 4 de septiembre, en las Cortes, de la ley sobre Régimen Transitorio de Imposición Indirecta, que establece que las únicas viviendas que podrán acogerse a la exención serán las de protección oficial. El problema radica en que, una vez superados todos los trámites, no existe ninguna posibilidad de que las 25.000 familias afectadas puedan elevar sus documentos privados a escritura pública en los veinte días que restan hasta el 1 de octubre:

Y es en este punto donde surgen las inevitables comparaciones. Los abogados y vecinos presentes en una rueda de prensa celebrada el jueves calificaron de antipopular la política de unas Cortes y un Gobierno que mete en el mismo saco a empresarios y compradores modestos. Recordaron cómo al derogarse la ley Castellana, a cuya sombra protectora se construyeron todos los grandes edificios de la avenida del Generalísimo, se concedió un plazo de seis meses a los propietarios para pedir la exención de impuestos y otro año para escriturar. Y cómo en el decreto de reforma fiscal se concedió la amnistía a aquellas empresas, muchas de ellas inmobiliarias, que no tenían al día sus operaciones de compra-venta y que, de esta forma, dejaron de pagar miles de millones en impuestos.