Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
AUTONOMIAS

Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se disputan la iniciativa del proceso autonómico

El primer planteamiento a nivel oficial del tema autonómico aragonés ha suscitado, a primeras horas de la tarde de ayer, un notable revuelo político en Zaragoza. El presidente del organismo preautonómico, el centrista Juan Antonio Bolea, presentó una moción ante el consejo de gobierno de la Diputación General por la que se pretendía recoger la iniciativa en el proceso autonómico aragonés. El presidente Bolea solicitaba que las diputaciones y ayuntamientos de la región empezaran a pronunciarse ya, de manera oficial, sobre sus intenciones autonomistas, orientando esos pronunciamientos en el sentido de lograr el máximo grado de autogobierno, para la región, similar al conseguido ya en los estatutos catalán y vasco.

En medios políticos de Zaragoza se daba como muy probable la aceptación de esta propuesta del señor Bolea por parte del ente preautonómico. Sin embargo, el presidente de la Diputación General de Aragón se ha visto obligado a suspender una conferencia de prensa anunciada para ayer tarde y en la que, con gran solemnidad, pensaba dar cuenta de la aceptación de su tesis, capitalizando así el proceso autonómico regional para la Diputación General y para UCD.La postura del señor Bolea se produce días más tarde de que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobara en uno de sus plenos una moción en el mismo sentido. Proponía a las restantes corporaciones locales y provinciales de Aragón su pronunciamiento autonómico, con objeto de poder iniciar cuanto antes el proceso reglamentario para la obtención de un amplio sistema de autogobiemo para Aragón.

Dado que en el Ayuntamiento de Zaragoza existe una notoria mayoría de izquierda desde las pasadas elecciones, se asegura hoy aquí que la otra moción, la del presidente Bolea, venía a ser la réplica de UCD de cara a la capitalización del proceso autonómico, frente a la iniciativa: del Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por el socialista Ramón Sainz de Varanda.

Tras la suspensión de la conferencia de prensa, que iba a celebrarse en la sede de la Diputación General de Aragón, por el momento se desconoce en qué ha podido consistir el obstáculo polémico a la hora de la aceptación de la moción del señor Bolea, cuestión que, desde el exterior, no tiene todavía una clara explicación, dado que la mayoría de cargos en el ente preautonómico la ostentan consejeros vinculados a UCD. Sin embargo, se asegura en Zaragoza que la moción de Bolea puede haber sufrido, a lo sumo, un retraso y que al final saldrá adelante.

El señor Bolea justificaba ayer su moción diciendo, entre otras cosas, que hasta el momento nadie lo había hecho antes que él, al menos de acuerdo con los estrictos pasos que fija la Constitución. Con esto se daba a entender que la moción autonomista aprobada días antes por el Ayuntamiento de Zaragoza no pasaba de ser una mera declaración de intenciones.

La moción del señor Bolea se inscribe dentro del propósito de conseguir para Aragón los mismos niveles de autonomía que las nacionalidades históricas. En igual sentido se orientaba la moción del Ayuntamiento zaragozano. La única diferencia entre las dos opciones radica en saber cuál de las dos grandes fuerzas políticas va a capitalizar el proceso autonómico: el PSOE, de la mano del alcalde de Zaragoza, o UCD, con la moción del presidente Bolea.

Una de las concejales de UCD del Ayuntamiento zaragozano sugería recientemente la posibilidad de que el municipio capitalino se adhiriese a la propuesta de Juan Antonio Bolea. La respuesta por parte de la izquierda mayoritaria no se hizo esperar: deberían ser Bolea y la Diputación General quienes se adhirieran a la moción municipal.

Mientras la incógnita política sigue sin ser despejada definitivamente, en la región se está observando durante los últimos meses un creciente desinterés por este asunto, motivado, sin duda, por la lentitud y debilidad de las campañas organizadas hasta ahora en Aragón para concienciar a sus habitantes de la cuestión autonómica. Y este desinterés popular, en algunos círculos políticos de aquí, está siendo calificado de peligroso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de septiembre de 1979