El documento de la CEOE

Los comentarios de la CEOE al programa económico del Gobierno -bautizado en el documento con el hombre de PEG, a lomos de esa manía de arruinar con siglas el lenguaje- ponen de manifiesto su apoyo, en líneas generales, a la estrategia a corto y, medio plazo de UCD. A juicio de la patronal, la «filosofía» y el marco de medidas coyunturales y de desarrollo económico de la política gubernamental merecen ser enjuiciados «favorablemente en su conjunto». Con habilidad, la CEOE se sitúa también en el terreno político para dar fuerza a sus argumentos: el programa gubernamental «supone una opción clara por la economía de mercado, a favor de la cual se pronunció la mayoría de los electores en las últimas elecciones legislativas».Ahora bien, ese respaldo global de los proyectos del partido en el poder no excluye ni las «matizaciones» ni las críticas. A este respecto, la idea de que el Ministerio de Economía no ha hecho sino copiar con buena letra las instrucciones dictadas por la CEOE, comprensible recurso polémico de la oposición parlamentaria y de las centrales sindicales, es demasiado simplista y maniquea para aceptarla como buena. Detrás de los elogios de la organización patronal levantan la cabeza algunas discrepancias de fondo y los deseos de enjaezar enteramente al servicio de la iniciativa privada -sea cual sea el carácter de ésta- a la política económica estatal.

Las observaciones sobre la reforma fiscal de Fernández Ordóñez, de la que se ha declarado solidario el actual ministro de Hacienda, combinan las reticencias con los ataques. Los propósitos del Gobierno de reducir, racionalizar y controlar los gastos corrientes de la Administración y de suprimir «el descontrol y el fraude» de la Seguridad Social son elogiados justificadamente por la CEOE, que, sin embargo, muestra también «su preocupación frente al crecimiento previsto en los años futuros de los gastos públicos de inversión». La desconfianza hacia el despilfarro y la falta de productividad del tinglado legado por el franquismo, compartida por muchos, se hace extensiva, sin lógica visible por el momento, al tema de las haciendas locales y de las comunidades autónomas. Frente al nuevo marco de relaciones laborales, la CEOE pronuncia palabras sibilinas: «Aun reconociendo que el proyecto de ley del estatuto de los trabajadores pretende introducir algunas mejoras en la situación actual», considera insatisfactorias la medidas previstas en ese texto para lograr «una mayor flexibilidad de las relaciones laborales», si bien esto «no significa el libre despido». La organización patronal acoge con satisfacción la voluntad gubernamental de liberalizar la economía y suprimir los intervencionismos. Sin embargo, se manifiesta a la vez enérgicamente proteccionista -«la coyuntura actual... no aconseja un desmantelamiento, tal como prevé el PEG, de nuestra protección frente a los productos de terceros países»- y entusiásticamente partidaria de que la ayuda estatal a la siderurgia y a la industria naval se extienda a otros sectores, como la construcción y los bienes de equipo, afectados por la crisis. Tampoco la aprobación del Plan Energético le parece a la CEOE suficiente para apoyar al sector eléctrico, y exhorta, en consecuencia, al Gobierno a «tomar las medidas necesarias que permitan la efectiva construcción de las centrales nucleares que nuestra demanda energética impone». Actitudes todas ellas que desdicen de la propia «filosofía» que la CEOE asegura defender, y enmarcan nuevamente a la patronal española en los medios del capitalismo de signo franquista.

El documento coincide con el Gobierno en la necesidad de fomentar el ahorro y promover la inversión del sector privado. De forma más directa y menos eufemística indica que, para lograrla, la reducción del gasto público debe ir acompañada de un incremento de la tasa de ganancia empresarial y de una reducción de los salarios reales de los trabajadores. Señala la patronal que sólo un relanzamiento de la inversión privada puede frenar o disminuir el desempleo; y «esto significa que los incrementos salariales deben situarse por debajo del aumento de la productividad y ser inferiores a los aumentos del índice de precios al consumo», a fin de que «los recursos generados, como beneficio de las empresas, puedan financiar las nuevas inversiones, que creen mayor empleo». Ahora bien, «aun así, la absorción del desempleo llevará tiempo». ¿Qué hacer, entre tanto, con los parados? El silencio de los comentarios de la CEOE a este respecto es más que preocupante. Y no sólo por razones de ética social o de solidaridad colectiva, sino también por la insensibilidad que supone ignorar que un desempleo generalizado y no paliado por una cobertura suficiente puede hacer saltar por los aires la estabilidad social y las instituciones políticas de un país. Condiciones sine qua non, entre otras cosas, para que los empresarios eleven sus usas de ganancias, puedan invertir y establezcan sus planes a medio y largo plazo.