Andalucía, una nacionalidad

Parece que no sabemos definir Andalucía. Los escarceos bautismales de la etapa preconstitucional -patria andaluza, país andaluz, pueblo andaluz- perdieron efic.acia «constItutiva» ante el reto del artículo segundo de la Constitución («Nacionalidades y regiones»). Más tarde, los Estatutos vasco, catalán y gallego no dudaron en la calificación de sus respectivas realidades como «nacionalidad», no sin antes intentar, vascos y catalanes, introducir la expresión «realidad nacional», que la Comisión Constitucional y las instancias políticas decisorias desestimaron por no se sabe qué razones «fácticas» o formales. Ya tenemos, pues, tres nacionalidades en nuestra «patria común e indivisible». ¿Será la cuarta -en el orden cronológico del bautismo estatutario- Andalucía? Los andaluces esperábamos una cierta claridad y, de pronto, la querella política lo ha oscurecido todo. Personalmente, a fuerza, de querer entender todas las posiciones, he terminado por no entender casi nada.El escenario es Carmona, donde el «ciego, sol» manuelmachadiano daba tremendas lanzadas el 14 de agosto, penúltimo día de los trabajos de la ponencia para urdir y entramar un buen anteproyecto de Estatuto andaluz. En la mañana de ese día, los miembros de la ponencia, urgidos por el presidente de la Junta de Andalucía y por sus respectivos. partidos, nos aprestábarnos a intentar una fórmula de avenencia, un artículo consensuado, sobre las señas de identidad que movían al pueblo,andaluz a constituirse en comunidad autónoma. Primero fue el debate ideológico; más tarde, el político; finalmente, el regateo. ¿Por qué llamamos nacionalidad? ¿Qué es una nacionalidad? ¿Cuáles serían las ventajas de la denominación?, ¿cuáles los inconvenientes de,no adoptarla?

Todos los miembros de la ponencia estuvimos de acuerdo en que el articuí lo primero del Estatuto debería contener las siguientes proposiciones: el pueblo andaluz, en el pleno ejercicio de su derecho al autogobierno, se constituye en comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto; éste aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de la igualdad y la solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España; los poderes de la comunidad autónoma andaluza emanan de la Constitución, del pueblo andaluz y del Estatuto. Sin embargo, la fórmula quedaba coja, como «desalmada». ¿En virtud de qué señas de identidad, en nombre de qué realidad colectiva, el pueblo andaluz, como tal, estába legitimado para ejercer plenamente «su» derecho al autogobierno? ¿Cuál era la legitimación extra o metaconstitucional de ese derecho? Un ponente aventuré que la identidad histórica, cultural y social del pueblo andaluz. Dos ponentes insistieron en que tales identidades proyectaban la existencia de una nacionalidad y había que decirlo. Alguien afirmaba que los factores cultural y social quedaban subsumidos en la identidad histórica, igual que otros no citados (geográfico, económico, etcétera). Estrujando las posibilidades -por demás escasas- de avenencia, un ponente propuso la fórmula eidentidad histórica y política», que fue aceptada.

Pero el tema de la nacionalidad seguía tan erguido como al comienzo. ¿Por qué no decir «con las demás nacionalidades y con las regiones de España»? No, era tanto como abrir una puerta falsa al bautismo de Andalucía en cuanto nacionalidad. Además, ¿qué ventajas reales se obtendrían con la denominación? Algún ponente adujo los términos «sospechosos» del artículo 150 de la Constitución, por el que las Cortes pueden atribuir «a todas o a alguna de las comunidades autónomas» la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal. ¿No sería sólo a las nacionalidades? Otros ponentes respondían que no, que la mayor o menor plenitud de la autonomía en nada se relacionaba con el hecho de ser, o declararse, una nacionalidad. Salió a relucir -cómo no- la reciente disputa de los partidos en los medios de comunicación; la ruptura Casares-Ronda en el homenaje a Blas Infante; la necesidad política de que en el borrador de Estatuto no aparecieran fórmulas que aptintaran a la existencia de vencedores o vencidos; la conveniencia de una fórmula de compromiso en la que cupieran todos los criterios sobre el tema, y la oportunidad de no ser, ni parecer, miméticos respecto a Cataluña o el País Vasco.

Nadie argumentó seriamente por qué Andalucía no era una nacionalidad. A los argumentos político-ideológicos en favor de tal consideración, se respondía con con presuntas razones de pragmatismo y oportunidad. Dentro del clima cordial, pero riguroso, de los debates, no surgió razón alguna contundente que explicara por qué Cataluña, el País Vasco y Galicía sí y Andalucía no, por qué se aceptaba por unanimidad que el pueblo andaluz tiene una indudable identidad histórica (cultural, social, económica) y política y, sin embargo, no era, o no se quería poner que era una nacionalidad. Nadie opuso argumentos de carácter étnico (faltaría más) o idiomático (existen naciones, no nacionalidades, con idioma común).

Personalmente, pienso que no tallaba la sensibilidad andaluza y política de los ponentes, sino la de algunos engranajes partidistas, tradicionalmente lentos y cautos para la asimilación de nuevas realidades. Que no se había profundizado lo suficiente en el «plus» de identidad nacional que supone la realidad de un pueblo cada vez más firme en su conciencia de que el expolio, la marginación, la explotación y los agravios padecidos por la permanente traición de sus oligarquias, en connivencia con las instancias centralistas y con las oligarquías de otras comunidades españolas, sólo terminarán mediante el enraizamiento de esa identidad y la autogestión de Andalucía por su pueblo. Que no se había calibrado con rigor la tremenda fuerza movilizadora de un pueblo que se sabe acreedor de tantas cosas sustanciales frente al Estado capitalista, programador sistemático del subdesarrollo andaluz, y frente a las burguesías hegemónicas, inspiradoras y ejecutoras de tal programa. Y que, de desaprovecharse la irrepetible oportunidad histórica del Estatuto, habremos «enterrado» legalmente lo que el pueblo andaluz hará vivo y real en cada momento: su identidad nacional.

Ojalá que la negociación política -todavía abierta- entre las fuerzas políticas andaluzas supere los recelos, las susceptibilidades, la dialéctica vencedores-vencidos, y las irracionalidades, los tópicos y el puerilismo que fatalmente acompañan a todo nacionalismo emergente y se abran paso la lógica y la racionalidad. Confío en que así sea y expreso asimismo mi confianza en la capacidad aglutinadora y arbitral de ese excelente compañero socialista y andalucista que es el presidente de la Junta de Andaucía, Rafael Escuredo. El sabe, como yo, que no se puede apostar a la posibilidad de que, en un futuro no lejano, se produzca a nivel an daluz ese terrible divorcio entre lo oficial y lo real, que ha envenenado siglos enteros de convivencia española. Y que el pueblo andaluz, como en la farsa tenoriesca, no tenga que decir a sus políticos, cuando su nacionalidad vibre y se manifieste con la vida de lo «fieramente real», «Los "muertos" que vos matáis gozan de buena salud.»ç

Diputado socialista por Almería. Miembro de la ponencia redactora del Estatuto andaluz