Venezuela cancela varios proyectos de colaboración económica con España

La luna de miel que España y Venezuela han vivido en el capítulo de las relaciones económicas durante los tres últimos años ha terminado. Lo que prometía ser, y en algunos momentos fue, un modelo de la nueva cooperación entre nuestro país y las naciones de Latinoamérica se ha convertido en una larga retahíla de proyectos en suspenso o en graves dificultades. Venezuela, que tan sólo hace un año era El dorado de la emigración selectiva hacia estas tierras, es hoy un lugar al que pocos inversores o técnicos se aventuran a venir.En la actualidad, ninguno de los tres grandes programas en los que se había comprometido la participación de empresas públicas españolas, y cuyas bases fueron establecidas durante la visita que los reyes realizaron a Venezuela en septiembre de 1977, se desarrolla con normalidad. Tan sólo Pegaso ha logrado poner en marcha su planta ensambladora de camiones, que funciona con languidez y en medio de gravísimos problemas financieros.

La puntilla a nuestra penetración en Venezuela la acaba de dar el poderoso ministro presidente del Fondo de Inversiones, entidad que canaliza la administración de la mayor parte de los recursos que produce este país: su petróleo. El citado funcionario, Leopoldo Díaz Bruzual, ha señalado que Venezuela no necesita un astillero y que, en todo caso, el proyecto presentado por España es lesivo para los intereses nacionales. Bruzual, en una denuncia pública, que motivó incluso su interpelación en el Congreso de Venezuela, aseguró que en el contrato firmado entre Astilleros Españoles, SA, y las autoridades venezolanas existía una cláusula que obligaba a este país a reintegrar a España el 14% de la inversión, hubiera o no ganancias.

Con la frontal oposición de figura tan calificada en el Gabinete venezolano al proyecto español, la conclusión es clara: no se construirá el astillero de Paraguana.

El segundo de los grandes proyectos en los que intervenía España, el ferrocarril entre San Juan de los Morros y Ciudad Guayana, que acercaría las producciones siderúrgicas y los minerales para exportación hacia las costas, se ha volatilizado casi por completo. El consorcio hispano-canadiense que participaba junto a empresas estatales venezolanas en el programa ha pedido que, al menos, se les reintegren los gastos realizados hasta ahora.

En Venezuela se ha venido hablando de la necesidad de contar con una buena red ferroviaria desde hace lustros, pero nadie se había decidido a programarla hasta que el Gobierno de Carlos Andrés Pérez puso decididamente manos a la obra. Las nuevas autoridades venezolanas, surgidas en las elecciones de diciembre del año pasado, no comparten el mismo entusiasmo que sus predecesores por los trenes. Y en esa coyuntura se ha quedado varado el proyecto español.

Los camiones españoles

El último de los tres grandes capítulos de la cooperación hispano-venezolana, el automotriz, atraviesa una época turbulenta. En el proyecto inicial estaba previsto que Pegaso, en colaboración con empresas venezolanas, construiría una fábrica de camiones y otra de motores. La primera está en marcha y funciona, aunque con muchas dificultades: aún no se ha completado la aportación del correspondiente capital por parte de los financieros venezolanos.

Para la planta de motores, la sociedad Hivenica (Hispano-Venezolana de Motores, Compañía Anónima) llegó a un importante acuerdo con la entidad gestora de las industrias militares venezolanas, en virtud del cual ésta aporta el 30% del capital social. La planta iba a producir, en exclusiva, motores Diesel pesados para todo tipo de camiones, con posibilidades de exportación a países del Pacto Andino.

Pero tampoco este proyecto marcha sin dificultades. En estos momentos, una fuerte campaña de oposición, auspiciada en la sombra por la compañía multinacional Mack, que utiliza enormes espacios pagados en los periódicos, bombardea a la opinión pública sobre los inconvenientes de entregar un capítulo tan importante de la industria venezolana a Pegaso. ¿Las razones?: la empresa española está en quiebra.

A todas estas circunstancias debe añadirse la influencia que la actual situación económica venezolana está teniendo sobre la inversión privada. La recesión es evidente, y corresponde, además, a una meditada política del Gobierno de Luis Herrera Campins de desacelerar el ritmo de la actividad económica. Muchos de los proyectos en marcha, iniciados durante la Administración de Carlos Andrés Pérez, se han detenido. Empresas, inversores y técnicos españoles, que habían llegado en aluvión a este país a partir de 1976, están recogiendo sus bártulos, desmontando sus oficinas y buscando otros aires más interesantes. México, Ecuador y Brasil, por este orden, parecen ser los nuevos horizontes.

La mayoría de los empresarios consultados entienden que esta situación exige una clara toma de postura por parte del Gobierno español. Nadie, por supuesto, puede inmiscuirse en los planteamientos económicos de un país, pero sí es cierto que pueden ejercerse presiones para que compromisos previamente adquiridos sean respetados. Este es el caso, con relación a España, de los Astilleros de Paraguana y del ferrocarril Ciudad Guayana-San Juan de los Morros, que, en buena ley, no pueden desaparecer por el capricho o el carpetazo de un ministro.