Educación política y racionalidad pedagógica

Miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología

El real decreto 2.665/77, de 15 de octubre, que suspendió temporalmente las enseñanzas de formación política, social y económica en los centros de bachillerato y las de formación cívico-social y política en los centros de formación profesional, así como el Seminario de Educación Cívica del COU, se remitía a una futura ley que regularía los estudios relativos al «conocimiento de la Constitución y las bases de la convivencia democrática».Tras una dilatada espera, se han venido a suprimir ahora por ley las citadas asignaturas, estableciéndose «entre las enseñanzas comunes en los planes de estudio de bachillerato y de formación profesional de primer grado el conocimiento del ordenamiento constitucional y su desarrollo estatutario en las nacionalidades y regiones que tengan aprobado estatuto de autonomía». Estas enseñanzas -según establece la citada ley- serán impartidas en el área social y antropológica del bachillerato y en el área formativa común de formación profesional. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del señor ministro, no se convertirán en asignatura independiente, quedando reducidas a una hora semanal en tercero de BUP, que será impartida por el profesorado de otras materias.

Las declaraciones realizadas con este motivo por el ministro de Educación, señor Otero Novas, y el director general de Enseñanzas Medias, señor Vázquez, recogidas por los diarios de Madrid (EL PAIS, Informaciones, Ya, Abc, etcétera) del pasado 28 de julio, si han sido transcritas con fidelidad, necesitan puntualizarse debidamente.

Según el señor ministro, «si la enseñanza de la Constitución se implantara como asignatura, España se encontraría al mismo nivel que los países totalitarios del este de Europa, Grecia, y la etapa franquista». Debería saber que no es así. En los países latino-occidentales existe la asignatura de «educación cívica » explicitada como tal, si bien cada país presenta peculiaridades propias. En Francia, en los cursos tercero y cuarto de la enseñanza secundaria esta disciplina tiene un tratamiento específico con programas independientes. En la República Federal de Alemania y en Inglaterra también tienen tratamiento autónomo. En Estados Unidos existe la asignatura bajo el nombre de «American goverment». ¿Son estos acaso los países totalitarios a que se refiere el señor Otero Novas?

Tampoco deberían ignorarse opiniones como la de la Unesco, que en su informe Aprender a ser, de 1972, refiriéndose al papel de la educación política, precisaba lo siguiente: «... la política no ocupa en la educación el lugar que le corresponde, ni la democracia, la importancia que debería tener en la educación política... Pretender cerrar las puertas de la escuela a la política es contradecirse, puesto que significa rechazar en la práctica lo que generalmente se está dispuesto a admitir de palabra, que la escuela es un elemento constitutivo de la polis de la ciudad y que debe mantener con ella los lazos más estrechos posibles. »

Al Ministerio de Educación y a todos los grupos parlamentarios se les hizo llegar un dossier que demostraba claramente cómo no son los Estados totalitarios los únicos que poseen una asignatura relativa al ordenamiento constitucional en sus planes de enseñanza media. Lo menos que podemos pensar por las declaraciones de las actuales autoridades del Ministerio es que poseen, a pesar de nuestros esfuerzos, un grado preocupante de desinformación respecto al tema.

El enfoque totalitario de las extinguidas asignaturas de formación política, económica y social, salvo valiosas excepciones, se debía, fundamentalmente, al margen de los programas, a que el profesorado que las impartía, en su mayoría sin ninguna titulación universitaria, procedía de las «escuelas de mandos» José Antonio e Isabel la Católica. Que nosotros sepamos, ahora nadie ha planteado que la asignatura sea impartida exclusivamente por militantes de UCD, Coalición Democrática, PSOE o PCE, sino que lo sea por licenciados y doctores, y específicamente por aquellos cuya preparación académica resulte más adecuada (licenciados en ciencias políticas y sociología, en derecho, etcétera), cuya profesionalidad, de la que forma parte inseparable la objetividad en la educación, parece ponerse en duda.

Supresión de asignaturas

La segunda razón aducida contra la existencia de la citada asignatura es que supondría para el presente año unos gastos de mil millones de pesetas, cantidad con la que, según el señor ministro, «se podrían construir treinta o cuarenta centros de bachillerato». Si se continúa utilizando esta asombrosa técnica de supresión de asignaturas, estamos seguros que se podrá atender en breve plazo todos los problemas de escolarización del país. Afortunadamente, hemos visto que no se ha seguido el mismo criterio con la asignatura de religión.

Se olvida, por otra parte, que en los Presupuestos Generales del Estado para 1979 estaba prevista la remuneración de los profesores de la nueva asignatura, ya que existe una partida asignada al Ministerio de Educación (número de aplicación económica, 17 4y clave funciona1,334) para «pago de retribuciones al profesorado que imparte las enseñanzas a que se refiere el artículo. 136.3 de la LGE...» por la cuantía de 1. 3 11. 100.000 y otra de 419.552.000 (clave de aplicación funcional, 133) «para el pago de las cuotas de Seguridad Social» del mismo profesorado. Estas mismas partidas existieron también en los Presupuestos de 1978 por unas cuantías de 1. 191.909.000 pesetas y 344.126.000 pesetas, respectivamente (numeraciones económicas., 171 y 181).

1 En un verdadero derroche de argumentos, el señor ministro y el .señor director general de Enseñanzas Medias afirmaban en la citada rueda de prensa que eran intereses corporativos (los de los licenciados en ciencias políticas y sociología, se entiende) los que estaban detrás de la defensa de la asignatura.

Puesto que la existencia de colegios profesionales está recogida en nuestra Constitución (artículo 36), no creímos que nadie se asombrara ni se ofendiera porque el Colegio a que pertenecemos trasladara a los representantes de la nación las preocupaciones y planteamientos de los profesionales de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, máxime cuando no se pretendía otra cosa que apoyar, y acaso enmendar en algún punto un proyecto de ley enviado a las Cortes por el equipo ministerial del anterior titular del departamento de Educación, señor Cavero, ratificado posteriormente por el nuevo ministro, señor Otero Novas. Mucho nos alegraría, sinceramente, que todos los intereses que se hicieran valer en las Cámaras parlamentarias fueran tan legítimos como los que defiende nuestro modesto Colegio profesional.

Desde luego, numerosos licenciados en ciencias políticas y sociología en paro esperaban como una salida profesional; sin ningún afán de exclusividad, la creación de esta asignatura. La existencia de intereses profesionales no estorba, sin embargo, la de profundos y evidentes intereses educativos y culturales al mismo tiempo, en la necesidad de acercar las ciencias sociales al bachillerato.

Defectos del bachillerato

La propuesta de nuestro Colegio respondía precisamente a que uno de los defectos más visibles del actual bachillerato y formación profesional lo constituye la ausencia casi total en sus programas de las ciencias sociales, que acerquen al alumno al conocimiento básico de la sociedad en que vive, favoreciendo la adquisición de conocimientos, actitudes y comportamientos que desarrollen su capacidad de convivencia, fomenten la integración del individuo en la sociedad y la incorporación de las nuevas generaciones a las tareas colectivas para perfeccionar las propias estructuras democráticas. No olvidemos que el estudiante de BUP y FP será poco tiempo después un ciudadano con plenitud de derechos y deberes, entre ellos el del voto.

Por ello planteábamos la necesidad de incluir dos asignaturas que sustituyeran a las que se suprimieron, ocupando las horas lectivas dejadas vacantes por éstas: una asignatura de introducción a las ciencias políticas y sociales y otra de sistemas políticos y ordenamiento constitucional en segundo y tercero de BU P, respectivamente, y en primero y segundo de formación profesional, así como un seminario optativo en COU. Esta propuesta se hallaba respaldada por la totalidad de profesores numerarios de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología, entre ellos los señores González Seara, Del Campo Urbano, Diez del Corral, Diez Nicolás, Maravall, Casesnoves, Medina Ortega, Truyol y Serra, e incluso el señor Fraga Iribarne, aunque posteriormente, a cambio de que se recogieran los derechos del antiguo profesorado de estas asignaturas, haya olvidado lo que en su día apoyó con su firma.

Con la esperanza de que efectivamente la racionalidad acabe imponiéndose, concluimos recordando al ministro de Educación aquellas palabras que dirigiera el conde de Cabarrús, uno de los más destacados representantes de la Ilustración liberal en España, al príncipe de la Paz, en 1795:

«¿Quiere usted que el pacto social se fortifique y arraigue en los corazones y que todos ellos conspiren a la observancia de las leyes y se indignen de su quebrantamiento? Explíquese su origen y los beneficios que nos produce... Haya, pues, en cada lugar una o más escuelas, según su población, destinadas a enseñar a los niños a leer, escribir, contar los primeros elementos de la geometría práctica y un catecismo político en que se comprendan los elementos de la sociedad en que viven y los beneficios que reciben de ella, la Constitución del Estado, los derechos y obligaciones del ciudadano, la definición de las leyes y la utilidad de su observancia.»